Santa Cruz propuso este martes una lucha en toda Bolivia por la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los «presos políticos», en medio de varias manifestaciones a las que se sumaron otras regiones como La Paz, donde hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas ciudadanas.
Esta jornada las plataformas cívicas de varias de las nueve regiones del país convocaron a manifestarse contra la reciente detención del gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con críticas al sistema judicial al que se acusa de ser un «instrumento de persecución» del Gobierno del presidente Luis Arce.
La movilización principal aglutinó a miles de manifestantes en la oriental Santa Cruz, la mayor región boliviana, con una marcha que llegó hasta la plaza principal de esa ciudad bajo la consigna de «libertad» para el país y la «liberación» para Camacho.
En un discurso el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que con la detención de Camacho «la democracia y el Estado de Derecho están heridos de muerte» en Bolivia y manifestó que «se ha formalizado» la instauración de una «dictadura».
El líder cívico anunció un «estado de emergencia permanente» y exigió la libertad de más de 180 «presos políticos» por lo que adelantó que se tomarán acciones «que se ampliarán con contundencia» contra el «autoritarismo» del Gobierno.
Marchas y «contramarchas»
En La Paz se produjeron algunas tensiones entre los grupos cívicos que se sumaron al pedido de la libertad del gobernador cruceño y los grupos oficialistas, conformados principalmente por funcionarios públicos y militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
Una marcha que se realizó en el sur de la ciudad fue interrumpida por la acción de un grupo de oficialistas que salieron a ese encuentro para después activar petardos y bengalas directamente hacia los que cuestionaron al Gobierno.
El grupo afín al Gobierno aseveró que se agruparon espontáneamente para evitar un nuevo intento de «golpe de Estado», como consideran que se produjo en la crisis política de 2019, y demandaron 30 años de cárcel para el gobernador Camacho, a quien señalan como autor intelectual de esos hechos.
En el centro de la ciudad hubo grescas entre bandos opositores y oficialistas y agresiones a la prensa.
En Oruro también hubo manifestaciones en contra y a favor del gobernador de Santa Cruz, aunque no se reportaron enfrentamientos.
En Potosí, al suroeste del país, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) comandó una marcha de varias organizaciones que terminó con una concentración en la plaza principal de la ciudad, donde se criticó la acción de los operadores de justicia que se dijo responden únicamente a los intereses del Gobierno.
Del mismo modo, cientos de personas se manifestaron marchando y concentrándose en la central Cochabamba y la sureña Tarija bajo la consigna de exigir «libertad», «democracia» y la «restitución del Estado de Derecho» en el país.
Hace dos semanas, la Policía ejecutó un polémico operativo para detener al gobernador Camacho y trasladarlo de Santa Cruz a La Paz, en donde un juez dictó cuatro meses de detención preventiva por una acusación por terrorismo, relacionada al llamado «caso Golpe de Estado I».
La denuncia del caso fue hecha por una exdiputada del MAS, a fines de 2020, por las protestas sociales que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces expresidente Evo Morales.
Para le oficialismo esos hechos fueron un «golpe de Estado» mientras que para la oposición las protestas que se produjeron fueron producto de un fraude en los frustrados comicios de ese año.
El arresto y encarcelamiento de Camacho en un penal de máxima seguridad, a 35 kilómetros de La Paz, ha generado constantes protestas principalmente en Santa Cruz, mientras que sus partidarios han insistido en que él seguirá ejerciendo su cargo desde la cárcel.
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