El presidente francés, Emmanuel Macron, se lanza a la reforma más ardua desde que llegó al Elíseo, con la que pretende retrasar la edad mínima de jubilación para garantizar el equilibrio del sistema de pensiones, y lo hace contra todos los sindicatos, contra la mayoría de la opinión pública y de casi toda la oposición.

Su primera ministra, Elisabeth Borne, dará a conocer el martes los detalles de la que ya en su primer mandato (2017-2022) describía como «la madre de todas las reformas», pero que tuvo que dejar en la cuneta al irrumpir la crisis del coronavirus en 2020, y que ha sufrido sucesivos aplazamientos, el último hace apenas un mes.

Las últimas consultas de Borne con sindicatos y patronal el martes y el miércoles de esta semana, que pretendían transmitir la imagen de un Gobierno abierto a las discusiones hasta el último momento, sólo han servido para evidenciar que el choque de trenes es inevitable y que el pulso en la calle va a comenzar este mismo mes.

Laurent Berger, el líder de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), sindicato conocido por su talante negociador y por haberse comprometido con algunas de las grandes reformas sociales de los últimos años, dejó patente la falta de entendimiento total con la primera ministra y su voluntad de bloquear los planes de Macron con acciones conjuntas con todas las demás centrales.

«Es una reforma que hará el sistema más injusto», que perjudicará sobre todo a los trabajadores «más modestos» y «la más dura» de los 30 últimos años, señaló Berger, que recordó que la CFDT desde al principio ha advertido que no aceptaría el retraso de la edad mínima de jubilación.

Pasar de los 62 años actuales a los 64 o 65 que baraja el Ejecutivo es el principal punto de la reforma y con diferencia el más polémico. El mismo Macron cuando en 2016 preparaba su campaña para el Elíseo pensaba en otros cambios y reconocía que subir esa edad mínima no sería justo porque perjudicaría a los que habían empezado a trabajar muy jóvenes.

Hervé Boulhol, responsable del informe sobre las pensiones públicas de la OCDE, explica a EFE que esos 62 años para la edad mínima de jubilación están «un poco por debajo de la media» de la organización, que es de 62,4 años (63 en España, por ejemplo).

EFE

Japón incrementó este domingo sus controles fronterizos para los viajeros procedentes de China, requiriendo una PCR negativa en las 72 horas anteriores al viaje, ante el aumento de casos en el gigante asiático.

A esta exigencia se une la obligación de que los viajeros procedentes de China se sometan a otra prueba PCR adicional al aterrizar, medida de control que se instauró el pasado 30 de diciembre, después de que Pekín anunciara que ponía fin al estricto sistema de cuarentenas que ha mantenido desde 2020 y que abre la puerta a que los residentes en China vuelvan a viajar al exterior.

Todo aquel que dé positivo en el test al aterrizar deberá guardar una cuarentena obligatoria de siete días.

«Hemos decidido incrementar estas medidas temporales teniendo en consideración los resultados de las pruebas PCR de quienes entraron en Japón desde China continental durante las vacaciones de fin de año y año nuevo», dijo esta semana el primer ministro nipón, Fumio Kishida.

Kishida añadió además que el Gobierno continuará solicitando a las aerolíneas que no aumenten el número de vuelos directos entre Japón y China.

Muchos países y regiones han activado restricciones a los viajeros procedentes de China en los últimos días ante la explosión de casos que ha supuesto el fin de la llamada estrategia de «covid cero» en el gigante asiático.

La Cancillería china advirtió también esta semana de que adoptará «medidas correspondientes de acuerdo al principio de reciprocidad» con los países que activen restricciones a la entrada de sus ciudadanos, las cuales, según Pekín, «carecen de base científica».

EFE

La Agencia Nacional de Redes (Bundesnetzagentur) alemana considera que se ha superado el peligro de que se presente una escasez de gas en este invierno aunque advierte que no se debe cesar en los esfuerzos de ahorro.

«Pese a que siempre queda un margen de riesgo no cuento con que algo pueda salir mal en este invierno», dijo el director de la Bundesnetzagentur, Klaus Müller, en unas declaraciones al dominical «Bild am Sonntag».

Müller considera que al final del invierno los depósitos estarán todavía llenos en un 50 %.

«Ahora hay que concentrarse en el próximo invierno», dijo.

La Agencia Nacional de Redes se ha mostrado optimista desde navidades. Actualmente, los depósitos están llenos en un 90 %, un nivel notable que rara vez se había alcanzado en enero.

El Gobierno alemán se había propuesto como meta que en febrero los depósitos estuvieran llenos en un 40 %.

«Nunca hay que descartar algo por completo pero la posibilidad de que no alcancemos esa meta ha dejado de ser realista», dijo Müller.

Müller dijo, sin embargo, que cesar en el ahorro de gas no solo sería muy caro sino también insolidario.

«Un aumento del consumo de gas llevaría a un aumento de los precios para las industrias intensivas en energía que, tras la explosión de los costos en verano, ahora pueden recuperar terreno», explicó.

Según el director de la Agencia Nacional de Redes, todo apunta a que se ha llegado a un nivel de precios que podrá mantenerse en los próximos dos años aunque hay tres factores de riesgo, que son la posibilidad de que el próximo invierno sea extremo, un aumento del consumo de gas en China y posibles amenazas a la infraestructura de gas.

Alemania se vio forzada a diseñar una estrategia para reemplazar el gas ruso, que representaba un 60 % del consumo, tras el estallido de la guerra de Ucrania.

Esa estrategia incluyó un llamamiento al ahorro, la creación de una infraestructura para gas licuado y el reemplazo de la energía generada por centrales a gas por otras fuentes de energía.

Esto último llevó a que se prolongara tres meses la vida de dos centrales nucleares.

La estrategia se ha visto favorecida por temperaturas benignas en invierno que han ayudado al ahorro.

La cara negativa es que se ha aumentado el uso del carbón, con lo que Alemania no ha podido reducir sus emisiones.

EFE

La Audiencia Nacional española estudiará el próximo miércoles la extradición a Uruguay de un exmédico del Ejército acusado de un delito de torturas durante los años de la dictadura en ese país (1973-1985), un proceso que la Fiscalía apoya por la «gravedad» de los hechos.

El Ministerio Público basa su petición en los delitos de lesiones y detención ilegal, que ya han prescrito en España, pero que todavía no lo han hecho en el país sudamericano, ya que el de torturas no estaba tipificado en la legislación española en las fechas en las que presuntamente se cometieron.

El reclamado por Uruguay era el médico del Regimiento de Caballería Mecanizado n.6 del Ejército uruguayo cuando sucedieron los hechos, enmarcados en la operación contra el Partido Comunista Revolucionario (PCR) desarrollada entre 1972 y 1975.

La Justicia uruguaya le acusa de participar «en el asesoramiento a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) «para con coerción física obtener testimonios de los detenidos», según el relato de la solicitud de extradición.

«Como consecuencia de las confesiones obtenidas mediante el uso de la violencia se obtuvieron condenas de los interrogados y de terceras personas», sostienen las autoridades uruguayas.

En la documentación extradicional remitida se adjunta el testimonio de una decena de personas, algunas de ellas mujeres que en esas fechas estaban embarazadas, a las que se considera víctimas de las torturas de las que se responsabiliza al reclamado.

Los hechos constituyen, según la legislación de Uruguay, un delito de lesa humanidad, delito de abuso de autoridad contra los detenidos, delito de lesiones graves y delito de privación de libertad.

En la legislación española vigente los hechos constituirían un delito de lesa humanidad, delito de torturas, delito de lesiones y de detención ilegal.

Sin embargo, en el momento de comisión de los hechos en España estaba vigente el Código Penal de 1973, que sancionaba los hechos como delito de lesiones y de detención ilegal, al no estar entonces tipificado el delito de lesa humanidad, que fue introducido recientemente.

EFE