El pasado 22 de diciembre la Asamblea Nacional electa en el año 2015, que funge como único parlamento legal en Venezuela, aprobó en primera discusión una reforma de la Ley del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella se elimina la presidencia encargada y la sustituye por una supuesta Comisión de Administración y Protección de Activos, dirigida ahora por la Asamblea Nacional, sin que este parlamento tenga las potestades atribuidas al órgano ejecutivo, ad hoc, que se había creado, violando lo previsto en los artículos 233 y 333 de la carta magna, que son el basamento del gobierno interino y su justificación legal.
Esta reforma ha sido criticada por los juristas más destacados de Venezuela, a saber, entre otros, los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia Dra. Cecilia Sosa Gómez, Dr. Román Duque Corredor, Dr. Aníbal Rueda, Dr. Pedro Rondón Haaz, Dr. Jorge Rossel, además de académicos y otros magistrados como Humberto Romero Muci; Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Rafael Chavero Gazdik, Gustavo Tarre Briceño, Gerardo Fernández, Víctor Rodríguez Cedeño, Juan Manuel Raffali, Fernando M. Fernández, Oscar Arnal y Jesús María Casal.
Así mismo, han fijado posición: la junta directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles (presidente), Norma Delgado Aceituno, Clara Inés Valecillo y Jesús Vergara Peña; los presidentes de todas las seccionales de los Colegios de Abogados de Venezuela: Olnar Ortiz (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldán Torres (Apure), Lucía Quintero Ramírez (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira A. (Falcón), Mary Hurtado de Muguesa (Guárico), Vanessa Contreras (Mérida, Delegación Tovar), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón Oraá (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Henry Flores (Táchira) y Mario Torres (Zulia); y hasta el Bloque Constitucional, Capítulo España, cuyo coordinador es el Dr. Carlos Sarmiento Sosa.
También se han pronunciado contra esta reforma el exprocurador de la República Dr. José Ignacio Hernández y el actual procurador, Dr. Enrique Sánchez Falcón, ambos designados por la Asamblea Nacional. En fin, casi todos los más eminentes juristas se han manifestado en contra y no se ha visto a ningún abogado destacado hablando a favor.
Ahora bien, las tres fracciones parlamentarias que han sumado sus votos para este exabrupto jurídico son las que integran los diputados pertenecientes a los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Esa decisión ha sido dada a conocer, en rueda de prensa, por el diputado de Primero Justicia Alfonso Marquina, quien al hacer el anuncio de la eliminación del gobierno interino no solo propuso la figura de la pretensa Comisión de Administración y Protección de Activos, sino que, además, constituirían el “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano”, con el propósito de crear un fondo fiduciario para la atención comunitaria, a los fines de la gestión de dichos activos, sin que se diga cómo se pueden ejercer actos de administración y disposición de parte de un ente parlamentario sin atribuciones para ello y, así mismo, ejercer las funciones de control al mismo tiempo. Lo que llamaría nuestro pueblo, coloquialmente, despacharse y darse el vuelto.
Aunque lo peor es que afirma que esos recursos, ahora manejados directamente por la Asamblea Nacional, van a mantener el gasto colosal de la partida que denominan “Héroes de la democracia”, que es la que han venido utilizando para pagarle a más de 16.200 activistas de los partidos que integran dicho acuerdo parlamentario y que alcanza la cifra de más de 26 millones de dólares anuales, contados a partir del año 2020.
En el colmo del cinismo, se ha oído decir a los más importantes dirigentes de los tres partidos políticos (PJ, AD y UNT), quienes aprobaron el exabrupto en primera discusión, que este no es un problema jurídico sino político. Queremos advertirle, a los ignaros que han afirmado esta insensatez, que lo que no es jurídico tampoco es político, sino ilegal o, lo que es más grave, delincuencial, porque eso de seguir manteniendo un enorme gasto burocrático millonario para pagar activistas sin ningún soporte legal constituye los tipos penales conocidos como usurpación de funciones, apropiación indebida calificada o peculado con los dineros de todos los venezolanos. ¡Ah, y la consecuencia política no es solo defenestrar al gobierno interino sino reconocer, con todas las letras, al gobierno de Nicolás Maduro Moros!
En consecuencia, los activos externos de la República quedarán en manos del régimen, porque han anunciado una nueva junta directiva para Pdvsa y ratificar la actual directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, pero la Ley de la Reserva Federal de Estados Unidos establece que los activos que se encuentran en la Reserva Federal solo pueden ser manejados por un representante de un gobierno extranjero que haya sido certificado por el secretario de Estado norteamericano y este funcionario reconoció al gobierno interino y la presidencia encargada; nadie garantiza que van a otorgarle tal representación a un órgano legislativo que anunció eliminar al gobierno interino y no sustituirlo, por lo cual es difícil que sea reconocido como gobierno de Venezuela. Lo mismo va a acontecer con el oro en el Banco de Inglaterra, porque las Cortes británicas solo han reconocido al gobierno interino, pero no a ninguna Asamblea Nacional.
Ya se verán, en las urnas de la supuesta elección primaria que están convocando, las consecuencias electorales de esta canallada contra el pueblo venezolano. Aunque ya vemos la primera consecuencia: entre las firmas, contra este exabrupto, está la del jurista que preside la Comisión Nacional de Primaria, Dr. Jesús María Casal. Los esperan en la bajadita.
Editorial de El Nacional
