Un tribunal del régimen ―afirmación redundante puesto que no hay en Venezuela tribunales que no estén bajo el férreo control del poder que somete al país― se ha pronunciado en contra de la ciudadana Laidy Gómez Florez, abogada, política y exgobernadora del estado Táchira.
La sentencia (si es que puede llamarse de ese modo una decisión cuyo fundamento es político y fundado en el incesante odio personal de un sujeto) constituye un capítulo más del acoso al que Freddy Bernal ha sometido a Gómez, desde el momento mismo en que Maduro lo designó “protector del estado Táchira” en 2018, violando las leyes, manipulando a su favor la distribución de los recursos presupuestarios y creando un poder paralelo que, por años, se dedicó a sabotear la gestión de la gobernadora.
El hostigamiento a Gómez no solo ha ocurrido en el plano institucional y de su gestión. También se ha expresado en la forma de intimidación y amenazas de muerte. Hay que recordar que en abril de 2021 funcionarios del grupo criminal de la FAES interceptaron el vehículo en el que viajaba Gómez ―se dirigía a La Fría a una actividad de prevención del covid-19― acompañada de la directora de Política y de la directora del Instituto de la Mujer. Las apuntaron con armas largas y profirieron amenazas. Uno de los funcionarios, increpado entonces por la gobernadora, reconoció en ese tenso momento que el procedimiento no se había realizado por iniciativa del grupo, sino que era la consecuencia de órdenes recibidas.
La decisión del tribunal es simplemente grotesca: ordena a la funcionaria pagar 12 millones de dólares al que ha sido su acosador, Freddy Bernal, por supuesto “daño moral”. El castigo incluye despojar a Gómez de su vivienda, lo que es revelador de la saña y el descaro con que el poder se ha abalanzado sobre la existencia de Gómez y de su familia. Hay que entender la dimensión de lo ordenado. El objetivo de fondo es la destrucción de las bases de vida de la funcionaria y de su familia. Empujarlos a la miseria, a la impotencia, a la precariedad.
La decisión en contra de Gómez tiene su obvio antecedente en la medida que Diosdado Cabello ordenó en contra de El Nacional, también condenado a pagar lo impagable: una cifra circense, fuera de toda proporción, superior a los 13 millones de dólares, con mismo el objetivo de despojarnos de nuestra sede y de otros activos.
Tras el señalamiento de “daño moral” se esconde otro propósito: el de establecer un amenazante mecanismo de censura, que impida a los ciudadanos denunciar los delitos cometidos por los saqueadores y opresores de Venezuela. No se conforman con disfrutar de total impunidad. También quieren revestirse de silencio. Es decir, convertir la denuncia en un arma que se vuelca en contra de quien señala a los responsables del contrabando, del narcotráfico o de delitos de corrupción.
Vano sería negar que sentencias como la emitida en contra de Laidy Gómez Florez tienen efectos devastadores, entre otras cosas, porque son impagables y porque no hay modo de evadirlas o resistirlas, en tanto que las instituciones están bajo el control pleno del régimen. Pero, a pesar de lo descabellado del método, hay verdades que no es posible silenciar o blanquear, hagan lo que hagan los tribunales y sus multas multimillonarias.
Editorial de El Nacional
