Militares desmantelaron «campamentos de minería ilegal» dentro del Parque Nacional Canaima, un patrimonio de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), informó este sábado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En un mensaje en su cuenta en Twitter, el funcionario aseguró que la FANB se encuentra desplegada en este espacio natural, ubicado en el sur del país, donde han localizado «campamentos de minería ilegal de grupos ilegales armados destructores y depredadores del medioambiente».

«En misiones de seguridad y defensa y protección del ambiente, FANB desplegada en el Parque Nacional Canaima del estado Bolívar, desmantelando campamentos de minería ilegal operados por grupos delincuenciales armados al margen de la ley», apuntó.

Si bien no especificó el número de estructuras halladas, Hernández Lárez acompañó la información de varias fotografías en las que se aprecian los campamentos quemados por los militares, así como embarcaciones, equipos de buceo y armamento incautado.

El pasado febrero, la ONG SOSOrinoco alertó que, desde 2015, se han intensificado los daños ambientales por la minería en Canaima.

En un boletín, la ONG advirtió entonces que, desde el año 2000, se han perdido un promedio de 1.483 hectáreas por año, pero que a partir de 2015 esta tasa alcanzó las 3.600 hectáreas anuales.

CNN

El ministro para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, informó este sábado que la aerolínea estatal realizó el lanzamiento de la ruta Maiquetía- Doha.

«Hoy nos acompañó el embajador del estado de Qatar, Rashid Mohsin Fetais en el lanzamiento de la ruta Maiquetía- Doha de nuestra aerolínea bandera Conviasa, estamos orgullosos de ofertar esta conexión para que Latinoamérica pueda viajar al mundial de Fútbol 2022. El embajador del estado de Qatar, Rashid Mohsin Fetais, asistió al acto protocolar», publicó en Twitter el funcionario.

En la página oficial, Conviasa informó que el vuelo con tarifa económica tendrá un costo de $1.990, mientras que la tarifa ejecutiva tendrá un valor de $2.599.

Globovision

A tan solo 13 días que se venza el período para discutir el presupuesto de la nación, el experto en derecho laboral y director nacional de organización del partido Soluciones Para Venezuela (SPV), Christian Chirinos, exigió al Ejecutivo Nacional hacer público el proyecto de Ley, tal como lo manda la Constitución.

Chirinos aseguró que “nuestra preocupación es que ya, a partir del 2 de diciembre de 2022 y conforme a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Publico, quedan apenas 13 días para discutir el presupuesto de la nación que deberá ejecutarse en 2023. Un presupuesto que además de la inversión social, debe contener lo concerniente a la Seguridad Social, Salarios, estimación de ingresos, inflación y lógicamente la estimación de gastos”.

En ese sentido, enfatizó que “exigimos la publicación del proyecto de ley de presupuesto para el 2023, tal y como lo exige el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), así como los artículos 38 y 39 de la Ley de Administración Financiera del sector público, porque la discusión debe ser pública e incorporar a todos los sectores”.

El jurista experto en derecho laboral detalló que el año pasado, el presupuesto del 2022 se aprobó en dos discusiones cuya duración fue tan solo de 3 días “vale decir entre el 12 y el 14 se Diciembre de 2021, la AN aprobó un presupuesto de más 13.500 millones de dólares sin que los Venezolanos supieran qué se estaba aprobando.  Hoy se desconoce que fue lo aprobado aunque los créditos adicionales aprobados este año dejaron corto el presupuesto, aprobado a la sombra”.

En el mismo orden de idea, cuestionó que “a 13 días que venza el plazo para la discusión pública y aprobacion del presupuesto nacional, nos preguntamos: ¿Qué pasará con la seguridad social de los venezolanos en el 2023? ¿Cuánto del presupuesto se ha calculado para el urgente aumento de las pensiones y calidad de vida de más de 3 millones de ciudadanos en la tercera edad? Los mismos que hoy mueren con la desesperante suma de menos de 12  dólares mensuales”.

Rechazó que “seguirá entonces el presupuesto plurianual y anual desestimando los pasivos laborales contraídos con más 5 millones de empleados públicos, seguirán desdibujándose en la deuda interna y ‘eterna’ las devaluadas prestaciones sociales de los trabajadores de la administración pública”.

Asimismo, el dirigente nacional de SPV alertó que “del presupuesto nacional del 2022 y sus numerosos créditos adicionales, sólo se destinó menos de 21 % a la inversión.  ¿Se contemplará en el nuevo presupuesto una inversión dedicada y dirigida especialmente al impulso e incorporación de emprendedores y pequeños empresarios a sectores claves de la economía:  petroleo, turismo, agroalimentario, tecnología y telecomunicaciones?”.

Christian Chirinos concluyó resaltando que “coincidimos con lo dicho por economistas y el mismo gobierno nacional en cuanto al crecimiento económico que en 2022 seguramente estará sobre el 8%, pero creemos que el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2023 es una oportunidad de reflejar tal crecimiento y sostenerlo,  pero esto no se hace en una discusión entre élites, ni en grupos políticos”.

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El Gobierno de Venezuela anunció que prepara un documento en el que establecerán los acuerdos a los que han llegado con los distintos sectores de la oposición en materia social, económica, política y electoral, y que será presentado dentro de 30 días.

El anuncio fue hecho, en nombre del Gobierno, por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, luego de una reunión con la oposición agrupada en la fracción parlamentaria Alianza Democrática, que estuvo encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

«Nos hemos dado 30 días para poder definir, a través de distintas mesas de trabajo e instancias de trabajo, los más importantes temas en el área económica, social, política, electoral (…) Que salga un documento donde podamos presentarle al país en qué estamos de acuerdo con los sectores de la oposición», dijo Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV y citadas por EFE.

Explicó que en el encuentro se habló, también, del reciente acuerdo firmado en Ciudad de México, entre el Ejecutivo y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, que busca desbloquear recursos que Venezuela tiene congelados en el extranjero para aumentar la inversión social y así ayudar a las poblaciones más vulnerables.

Venezuela acaba de firmar un acuerdo muy importante para recuperar 3.000 millones de dólares que estaban secuestrados en el extranjero y ese es un elemento a discutir también con estos factores de la vida política de Venezuela que tienen un caudal importante en la votación electoral», aseveró Rodríguez.

«Nacionalizar» la negociación
Por su parte, el diputado opositor Luis Parra, del partido Primero Venezuela, quien participó en el encuentro, aseguró a EFE que se trató de una reunión que busca «nacionalizar» la negociación en México del pasado 26 de noviembre y que, a su juicio, no involucra una representación de todos los sectores del país.

Nosotros, las resultas de ese diálogo que pueden traer beneficios para el país, las apoyamos», dijo Parra, tras subrayar las diferencias existentes entre la fracción opositora a la que él pertenece y los antichavistas presentes en México, dos partes contrarias al Gobierno que se acusan entre sí de malas prácticas y delitos.

Sobre el documento que presentarán, el parlamentario aseguró que se trata de un «nuevo pacto democrático» que se construirá en paralelo con convocatorias a distintos grupos de la sociedad civil y política.

CNN

trabajadora petrolera de mantener sus capacidades productivas y seguir avanzando en los planes de desarrollo previstos para cada una de ellas«.

La licencia especifica que la estatal venezolana no reciba ingresos directamente por las ventas de la compañía estadounidense.

La producción de Venezuela, que hace dos décadas era de 3,2 millones de barriles diarios, permanece estancada en unos 700.000 bd este año, según la OPEP.

El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, celebró la firma de los «importantes contratos», de los que no ofreció mayores detalles, los cuales fueron suscritos por varios funcionarios, entre ellos el presidente de la estatal venezolana Pdvsa, Asdrúbal Chávez, y el presidente de Chevron en el país, Javier La Rosa.

Dentro de las leyes venezolanas

El Aissami explicó que estos contratos tienen el objetivo de «continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético», y «están enmarcados» dentro de la Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera.

Sin embargo, el ministro aseguró que, pese a ser «un paso importante en la dirección correcta», sigue siendo «insuficiente», debido a que siguen vigentes sanciones económicas que -afirmó- han afectado a la «poderosa industria» petrolera venezolana y han «cercenado su derecho legítimo a la exploración, explotación, refinación y comercialización de crudo y sus derivados».

«Como lo declaró el presidente Nicolás Maduro, desde Venezuela exigimos el cese y el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales que han atentado contra nuestra poderosa industria Pdvsa, (…) que han causado graves daños tanto para la economía nacional» como a los «socios estratégicos», sostuvo el funcionario, indica la nota de EFE
Los proyectos producen actualmente unos 100.000 barriles diarios de crudo (bpd), lo que deja margen para un rápido aumento, indicó Reuters.

Chevron no hizo comentarios sobre la reunión, pero dijo en un comunicado que cumple con las sanciones de Estados Unidos y sigue «comprometida con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, la integridad de los activos de nuestras empresas conjuntas y los programas sociales y humanitarios de la compañía».

Chevron tampoco ha hecho público el contenido de un preacuerdo con PDVSA que utilizó para solicitar la licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. La autorización era necesaria debido a las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y al sector petrolero de Venezuela.

A principios de este año, la OFAC autorizó a Chevron a mantener reuniones con funcionarios venezolanos, incluyendo personas específicamente sancionadas por Washington, como El Aissami.

El director ejecutivo de Chevron, Michael Wirth, dijo que es poco probable que la empresa añada inversiones en los próximos seis meses, ya que Washington está esperando que se produzcan más acontecimientos políticos antes de aceptar medidas para aumentar la producción y ampliar las operaciones.

El Universal