La sentencia se dará a conocer el 6 de diciembre, luego de que la Fiscalía pidiera una pena de 12 años de prisión en su contra.
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este martes la parcialidad del tribunal que la juzga por presunta corrupción al ofrecer su último testimonio del proceso judicial, que ya está en su recta final y en el que se le imputa haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado.
«Este es un verdadero pelotón de fusilamiento», afirmó Fernández, quien aseguró que los alegatos que presentaron en su contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a lo largo del juicio ni siquiera pueden ser considerados como una acusación.
«Se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino cual editorial del diario Clarín o La Nación, realmente merecerían ser periodistas estrellas de estos medios», dijo la vicepresidenta, ya que ambos grupos mediáticos encabezan a la prensa ‘antikirchnerista’ en Argentina.
Fernández de Kirchner criticó el desapego de los fiscales, tanto en los normas como en el fondo de la cuestión, y opinó que, durante los 20 días que expusieron, «inventaron hechos, ocultaron, tergiversaron, mintieron».
También recordó que el pasado 1 de septiembre sufrió un fallido atentado cuando un hombre llamado Fernando Sabag Montiel le disparó a la cabeza. Lo acompañaba su novia, Brenda Uliarte, quien seguía en redes sociales al fiscal Luciani.
«Ustedes dirán que es exagerado decir un pelotón de fusilamiento pero miren, 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa», argumentó.
«La sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal, fueron tres años en los que nada de lo que dijeron pudieron probar (…) La historia los va a condenar«, afirmó.
En cuanto la expresidenta terminó su exposición, el tribunal anunció que la sentencia se dará a conocer el próximo 6 de diciembre.
La causa
La vicepresidenta protagoniza la llamada ‘causa Vialidad’, que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investiga 51 contratos que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78,5 % de los contratos de obras viales. A pesar de que cobró, dejó inconclusas más de la mitad.
De acuerdo con la Fiscalía, los Kirchner y otros 12 exfuncionarios y empresarios participaron en una red para beneficiar a Báez, quien ya ha sido condenado en otras causas por corrupción.
El juicio, que se realiza vía remota, comenzó en mayo de 2019, pero tuvo uno de sus puntos culminantes el 23 de agosto, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación en contra de la expresidenta.
«Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país», acusó en un duro alegato.
También aseguró que las pruebas acreditaban que de 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado «una asociación ilícita de características singulares, se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos».
Las imputaciones de Luciani lo transformaron de inmediato en una estrella de la prensa y políticos opositores que presionan desde hace años para que Fernández de Kirchner sea condenada y que ya dieron por probada la culpabilidad de la vicepresidenta.
Por el contrario, Fernández de Kirchner ha reiterado en varias ocasiones que el juicio y las acusaciones sólo forman parte de un «show» y una persecución judicial (o «lawfare») que busca proscribirla e impedir que siga participando en política.
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