El presidente peruano nombró a Betssy Chávez, hasta ahora ministra de Cultura e investigada por la Fiscalía
La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el viernes que decidió dejar el gabinete de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, horas después de que este tomara juramento a la nueva jefa de gabinete, Betssy Chávez, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres.
«El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica», anunció Boluarte, que no dejará de ser vicepresidenta, en su cuenta de Twitter.
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Boluarte, quien ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el 29 de julio de 2021, un día después de que Castillo asumiera la Presidencia, agradeció «la confianza brindada» a su trabajo y dijo que como vicepresidenta continuará «en el esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos».
Añadió que esto se debe dar «especialmente de los más pobres y de los que no tienen voz; respetando la institucionalidad democrática dentro de los principios éticos y morales con los que siempre me he conducido».
Investigada por la Fiscalía
El pasado 24 de octubre, Boluarte fue incluida en una investigación fiscal abierta por la supuesta financiación ilícita del partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, para costear las campañas electorales de varios de sus integrantes.
El fiscal del caso, Richard Rojas, señaló que la vicepresidenta abrió a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado tras un proceso por corrupción.
Rojas indicó, en ese sentido, que Boluarte presuntamente incurrió en «actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política».
En respuesta, la vicepresidenta expresó su confianza en que «conforme vaya avanzando la investigación», la Fiscalía tendrá que retirarla del expediente, porque aseguró que su inclusión «no tiene ni pies ni cabeza».
Denuncia en el Congreso
El pasado 10 de octubre, la vicepresidenta también pidió al Congreso que archive una denuncia constitucional presentada en su contra por haber realizado trámites como presidenta de un club departamental de forma simultánea y por la contratación de uno de sus cuñados por una institución estatal.
Boluarte sostuvo que esas denuncias «tienen que ser archivadas», porque han sido «mal orientadas por la Contraloría», ya que los trámites que hizo como presidenta del Club Apurímac fueron para dar por finalizada su gestión al haber asumido como vicepresidenta.
Aseguró, además, que «no conocía» que uno de sus cuñados ingresó a trabajar a la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) y que, por ese motivo, no consignó los trabajos de sus parientes en su declaración jurada de intereses.
La vicepresidenta enfatizó que hay «sectores políticos» que buscan inhabilitarla del cargo «para luego intentar nuevamente» la destitución o inhabilitación y suspensión del presidente Castillo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el pasado 14 de junio un informe que declara procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta, que aún está pendiente de ser enviada para su debate y votación en el pleno del Congreso.
Si esto sucede, Boluarte puede enfrentar una acusación de la Fiscalía de la Nación y ser apartada de los cargos que ocupe, incluida la Vicepresidencia de la República.
EFE
