El presidente del Congreso peruano, José Williams, invitó al mandatario Pedro Castillo a asistir el próximo miércoles al Parlamento para ejercer su defensa del informe que pide su inhabilitación por cinco años y que se le acuse por traición a la patria, según un oficio enviado este viernes al jefe de Estado.

«Me dirijo a usted para invitarlo a asistir a la sesión que la Comisión Permanente del Congreso celebrará el miércoles 16 de noviembre, oportunidad en la que se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», expresó Williams en la carta.

El referido informe concluye que se debe acusar a Castillo por la infracción de varios artículos de la Constitución en su calidad de presidente de la República y propone se le imponga la inhabilitación por cinco años para ejercer cargo público.

También acusarlo por antejuicio político como presunto autor del delito de traición a la patria, en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado peruano, indicó Williams en el oficio.

De acuerdo a la legislación vigente, «se concederá el uso de la palabra a usted y, si así lo solicita, a su abogado defensor para que haga uso de su derecho de defensa, de manera presencial», precisó en la comunicación.

Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe final, con 11 votos a favor y 10 en contra, y su presidenta, la opositora Lady Camones, estimó que todo el proceso puede durar unas tres semanas.

«La Subcomisión lo elevará a la Comisión Permanente donde, a su vez, entrará en un debate y votación. De aprobarse también, la Comisión designará a la Subcomisión de Acusaciones para que sustente en el pleno del Congreso, donde también se someterá a votación», explicó Camones en el Canal N de televisión.

Durante la sustentación del informe, el congresista Diego Bazán, del partido opositor Avanza País, sostuvo que Castillo declaró en enero pasado a la cadena internacional CNN que «es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» peruana sobre esta posible medida.

Bazán dijo que esto «pone en grave riesgo la integridad de la nación» y que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche» y afectaron la soberanía nacional, ya que la Constitución establece que el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales.

El legislador aseguró, además, que «no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal (Castillo) ha transgredido la carta magna».

Castillo reconoció en enero pasado a CNN que reclamó el «mar para Bolivia» durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera», anotó.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

El presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.

Conocida la aprobación del informe, Castillo declaró este viernes que convocaba a «los golpistas» a debatir en cualquier punto el país si ha cometido el delito que le atribuye este grupo parlamentario.

«A los golpistas, los convoco abiertamente para debatir si el presidente ha cometido una traición a la patria en la plaza, en cualquier parte del Perú, para debatirla en cualquier parte del país, no a puerta cerrada”, apostilló.

Agregó que «lo que pasa es que este mes de noviembre se van a revisar unos contratos con grandes empresas y quieren sacar a este Gobierno».

Los abogados de Castillo como sus ministros portavoces y los congresistas oficialistas afirman que el gobernante no tomó ninguna acción para implementar su opinión, por lo que consideran que la acusación debe ser desestimada por el Congreso.

EFE