El politólogo Luis Salamanca sostiene que el gobierno de Maduro no quiere que se conozca la verdad completa y procede a hacer lo que acostumbra: impedir el trabajo de los medios de comunicación. La periodista Luisa Torrealba, investigadora del Ininco, advierte que no se cumple con el deber de presentar la información de manera oportuna
Por Sofía Nederr
Tras el deslave en las Tejerías, estado Aragua, el gobierno de Nicolás Maduro impuso restricciones a la libertad de expresión y al derecho a la información que inciden no solo sobre medios y periodistas, sino también sobre los ciudadanos.
La periodista Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco), afirma que, con las restricciones a la información, se excluye la posibilidad de que existan alertas tempranas sobre posibles riesgos.
“Cuando los medios y los periodistas tienen acceso a información oportuna, pueden a dar a conocer esta información a la ciudadanía, pueden advertir, sensibilizar sobre posibles riegos, bien sea porque hay un terreno que está inestable o porque aumente la cantidad de lluvia y con esas alertas tempranas se puede contribuir a resguardar las vidas”, expresa.
Torrealba que, por otro lado, en distintas situaciones de tragedia que han ocurrido el país, como la tragedia de Vargas y el terremoto de Cariaco, la labor de los medios fue fundamental para reducir incertidumbre, que se tuviera información adecuada sobre la situación, y a que los familiares de las personas que habitaban en las zonas afectadas pudieran tener información sobre el estado de sus parientes.
El 10 de octubre, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichaso, señaló que hay una zona decretada de desastre y no se permite el acceso de ningún periodista, ni de ninguna empresa privada.
“Previa autorización del Ministerio de Interior, Justicia y Paz pueden entrar (…) se comunican con nosotros o con Protección Civil. Actualmente, hay plena libertad de información. Están los canales del Estado grabando, todos tienen derecho, pero en esta fase les pedimos paciencia y que, por favor, cumplan con las directrices del gobierno bolivariano. No vamos a aceptar el incumplimiento de leyes y normas, tiene que haber orden. Les pedimos, por favor, colaboren, no estorben”, dijo el funcionario.
El politólogo Luis Salamanca enfatiza que las restricciones a la información sobre la situación en Las Tejerías se derivan de la existencia, en Venezuela, de un sistema político diferente al democrático.
“Para mí es un sistema neo-dictatorial, por la manera como se ha ido imponiendo, no a la manera clásica del golpe militar, sino de apropiación de los poderes públicos con los cuales logra imponer este tipo de acciones. Esta medida no tiene control jurídico ni derecho a la defensa en ninguna parte. El gobierno de Maduro tiene sus rutinas autoritarias. Funciona cerrando medios, quitándole los instrumentos de trabajo a los periodistas, deteniéndolos”, asevera.
Gobierno evitar quedar en evidencia
Luisa Torrealba asevera que, históricamente, quienes tienen posiciones de poder han sido los grandes detractores de la libertad de expresión.
“Muchas veces, esto ocurre porque quieren mantener oculta información que pone en evidencia, en el caso de autoridades públicas, inacción para atender un problema, irregularidades en la gestión pública, opacidad”, agrega.
La investigadora del Ininco destaca que, en el caso de Las Tejerías, ha habido falta de información sobre el nivel pluviométrico, así como la falta de rendición de cuentas sobre la limpieza de drenajes, sobre terrenos en riesgos donde se construyen viviendas, sobre embaulamiento de ríos y quebradas.
En esos casos, puntualiza, existe la tendencia a ocultar la información y los medios de comunicación terminan siendo los que padezcan estas restricciones “que pretenden ocultar una mala gestión”.
Recuerda que, cuando ocurrió el derrame de crudo que contaminó el río Guarapiche, en Monagas, el gobierno de Maduro detuvo a periodistas y reporteros gráficos, y negar la situación.
Advierte que no se cumple con el deber de presentar la información de manera oportuna que permita activar mecanismos de prevención. Hasta ahora, la información se ha difundido cuando ya se han perdido vidas humanas y destruido viviendas.
La investigadora del Ininco señala que debería haber un trabajo mancomunado entre las autoridades de seguridad, las que hacen labores de rescate, los grupos organizados de la comunidad y los medios de comunicación para llevar información sobre lo que está ocurriendo y coadyuvar a la labor de grupos de rescate, así como facilitar el traslado de insumos.
Recuerda, además, que el deslave en Las Tejerías ocurre mientras todavía está la pandemia del Covid-19, con lo cual deben tomarse mayores medidas de bioseguridad con las personas que están siendo trasladadas.
Por su parte, el politólogo Luis Salamanca expresa que las restricciones como la que se hace al derecho a la información son costumbre en el país. Indica que forma parte de un esquema en el que, incluso, Maduro nombró una autoridad especial militar en Las Tejerías, el general de División Juan Sulbarán, a la que deben supeditarse las autoridades civiles.
“En este caso, el gobierno no quiere quedar en evidencia porque Las Tejerías no solamente es un problema atmosférico y climático, sino que hay situaciones materiales, infraestructurales, que es están abandonadas, destruidas. Aquí hay muchos pueblos y ciudades del país que están así que están inundados porque falta una canalización de las aguas, no hay drenajes, no hay cloacas suficientes; esto es eterno problema que se ha agravado y que es achacable al gobierno”, señala.
Asimismo, el politólogo destaca que, las afirmaciones del Ministro del Interior, evidencian que el gobierno no quiere que se conozca la verdad completa y procede a hacer lo que acostumbra: impedir el trabajo de los medios de comunicación.
“Con esa teoría de que los medios estorban, el señor Ceballos está creando una doctrina. Así como Andrés Izarra lev puso el nombre de hegemonía comunicacional a todo lo que quería hacer el gobierno y que, en verdad, lo ha logrado, Ceballos agrega un elemento conceptual màs”, acota.
Añade que el gobierno de Maduro quiere ocultar que siempre llega después a los hechos. Luis Salamanca destaca que el gobierno como prevención no existe en el país dado que se ignoran las alertas tempranas que pueden manejarse con base a información científica que permitirían actuar preventivamente.
Gremios defienden labor informativa
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó las restricciones a la información en el caso de Las Tejerías.
“Los periodistas no estorbamos. Informamos y reportamos para que las personas puedan estar enteradas de manera oportuna, lo que está sucediendo. Nosotros también estamos trabajando”, señaló el CNP.
El Colegio recordó que el artículo 337 de la Constitución sobre estados de excepción, señala “que uno de los derechos que no se suspende es el derecho a la información”.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recordó que el derecho a la información está protegido en la Constitución, aún y en casos de emergencia.
“Frente a desastres como el que afecta y enluta a Las Tejerías, son más necesarias las garantías para acceder a la información y para que los afectados, que buscan a sus familiares o se quedaron sin nada, puedan expresarse y convocar la actuación de autoridades y voluntarios”, señaló el SNTP.
El 14 de octubre, el SNTP denunció que a las periodistas Gregoria Díaz, Carmen Elisa Pecorelli y Laudelyn Sequera les fue negado el acceso a Las Tejerías en una alcabala ubicada en el sector Brisas de Aragua en la carretera Panamericana.
