El parlamentario admite avances en la aplicación de la resolución gubernamental
A pocos días, desde el 7 de septiembre cuando el Gobierno admitió la posibilidad de “grabar” a funcionarios incursos en procedimientos corruptos en alcabalas del país, el fiscal general de la nación, Tareb Williams Saab, anunció las primeras imputaciones a uniformados presuntamente involucrados en la irregular práctica. Tanto la medida presidencial como los hechos acaecidos desde entonces, merecen el reconocimiento del diputado a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa, quien pese a ello, formula algunas advertencias sobre la aplicación de la resolución gubernamental.
Como autor formal de la denuncia ante el presidente Nicolás Maduro en su despacho de Miraflores, en relación a las quejas que han venido planteando conductores de los distintos tipos de unidades que transportan especialmente alimentos desde los diversos centros de producción agrícola hacia las distintas poblaciones del país, el parlamentario Correa fue consultado para El Universal sobre aspectos relacionados con el tema.
“Creo que todo lo que se haga en materia de seguridad, de preservación de la integridad del ciudadano es bienvenido. Esta fórmula novedosa que ha implantado el Gobierno de acuerdo a la modernidad de estos tiempos, de permitir grabar a los funcionarios que incurran en hechos irregulares, es una prueba bien interesante, ya que hemos visto que ha dado resultado, y que lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo es verdad. Tuve la oportunidad de plantearle al presidente Maduro, personalmente en Miraflores, esta denuncia que lo sorprendió y lo tomó para bien e hizo lo que hace cualquier mandatario: hablar con sus funcionarios auxiliares para que le pusieran interés al asunto”.
Advirtió, no obstante, su deseo de que la correspondiente resolución conjunta de los ministerios para la Defensa y de Relaciones Interiores no sea tomada como objeto de “revancha o de amedrentamiento contra funcionarios, como tampoco para que el funcionario agreda al ciudadano”
—¿Considera suficiente la medida para proteger a la ciudadanía de abusos por parte de uniformados?
—No es suficiente, porque nada lo será en un combate contra la corrupción, las irregularidades, el abuso del poder, el peculado de uso. Contra todas estas cosas nada es suficiente; porque siempre el funcionario buscará las formas de adecuarse a nuevas realidades. Pero es un adelante que puede ser considerado importante.
—¿Qué falta entonces?
—Pues que se cree una legislación la cual permita que el funcionario sienta que al incurrir en este tipo de irregularidades y delinquir de esta manera, se expone a ser sancionado. Cuando tengamos sanciones más severas, más fuertes, más contundentes contra el funcionario involucrado en estas prácticas, se podría lograr que la persona lo piense mejor antes de involucrarse en hechos de la naturaleza que se denuncian; porque como funciona actualmente, algunos sienten que tienen la protección de la impunidad y esta no puede ser la reina en este tipo de delitos.
—Según sus propias observaciones ¿dónde detecta que venezolanos sean objeto de lo que comúnmente se le conoce en el país como “matraca”?
—Las observamos también en oficinas públicas como las notarías y registros, e incluso en algunos tribunales, para facilitar cualquier tipo de trámites.
Mi frase con la que me dirigí Nicolás Maduro fue: “Presidente métale el ojo a las alcabalas”, debido a las irregularidades que se están cometiendo en ellas, por lo que ahora le diré: Además de las alcabalas también hay que meterle el ojo a oficinas públicas.
EU
