No hay manera de entender y mucho menos de explicar qué tipo de justicia aplica el TSJ con respecto al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que aplanó los salarios de todos los empleados públicos. Primero dice que ese documento no existe, luego rechaza las demandas en su contra y ahora, como guinda de la torta, multa a los demandantes.

Lo que no parecen entender en Miraflores es que por más que volteen para otro lado, por más que le ordenen a su Tribunal Supremo que tome decisiones a lo loco, este asunto de la Onapre les puede saltar (otra vez) en la cara. Los trabajadores, principalmente los del sector educación y los del sector salud, han estado en la calle protestando desde marzo, y cada vez reúnen más fuerzas y apoyo.

El instructivo se puso en vigencia en ese mes y establece el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas con el que los ministerios y demás oficinas del gobierno han prácticamente desmejorado las condiciones laborales de los trabajadores públicos en lo que tiene que ver con salarios y demás beneficios.

Para mañana se anuncia una concentración que tiene como fin exigir la derogación del documento, el mismo que el TSJ asegura que no existe. Y precisamente sobre esta sentencia, la directora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia se cuestiona: “Si el acto no existe, entonces la pregunta es ¿sobre qué base legal el Ejecutivo Nacional rebajó los ingresos de los empleados públicos?”. El hecho es que de este instructivo que el Tribunal Supremo dice que no existe han salido medidas de recorte salarial que afectan los bolsillos de miles, los mismos que han demostrado que no se quedarán de brazos cruzados.

Las marchas y protestas de los trabajadores de la educación hicieron posible que el gobierno de Maduro tuviera que cancelar el bono vacacional completo. Con esta victoria, los empleados públicos insistirán en las calles. Y aunque han dejado claro que no se trata de una pelea política, partidos como el PCV han anunciado que si la Onapre no deroga el documento, lo que viene es una huelga general. ¿Están preparados en Miraflores para esto? Es su propia gente la que se levanta y exige.

Por lo pronto, los rectores de las principales casas de estudio superior del país han sido multados por “atreverse” a pedirle al TSJ que haga justicia en este caso. Todavía hay dirigentes sindicales presos por organizar las protestas y por alertar a sus compañeros sobre el atropello del que son víctimas. Pero, a pesar de eso, los trabajadores saldrán a la calle con la convicción de que están en lo correcto. Si ellos mismos no defienden el ya paupérrimo salario que les paga el gobierno chavista, nadie lo hará.

Hay que acompañar y apoyar a los empleados de la salud y la educación, pero también a todos los trabajadores públicos, pues sus reivindicaciones son los de todos en el país.

Editorial de El Nacional