La diatriba entre los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) por el manejo de los activos en el exterior no se vislumbra con pronta solución. Desde el 24 de julio, PJ reiteró la necesidad de la rendición de cuentas y transparencia y anunció que el martes 26 de julio, en la sesión de la Comisión Delegada de la AN, volverían sobre el tema. Ese día no se convocó a sesión, pero si a rueda de prensa virtual en la que el Procurador Especial hizo una suerte de rendición de cuentas ante los medios de comunicación. Desde entonces, se ha acentuado la batería de acusaciones mutuas. Voluntad Popular (VP) lamentó el ataque a la Procuraduría, “sin importar las consecuencias para Venezuela”
Sofía Nederr
En la última semana de julio, se acentuaron los enfrentamientos entre tres de los partidos del G4-Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT)-con la Procuraduría del Interinato de Juan Guaidó por el manejo de los activos en el exterior. Pero las diferencias con el gobierno encargado de Venezuela, reconocido así por un grupo de países, especialmente en el caso de PJ, comenzaron a ser evidentes desde 2020.
La diatriba de PJ, AD y un UNT con el gobierno interino no se vislumbra con pronta solución. Desde el 24 de julio, PJ reiteró la necesidad de la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los activos y anunció que, el martes 26 de julio, en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, volverían sobre el tema. Ese día no se convocó a sesión, pero si a rueda de prensa virtual en la que el Procurador Especial, Enrique Sánchez Falcón, hizo una suerte de rendición de cuentas ante los medios de comunicación. Desde entonces, los dimes y diretes no han parado.
En mayo de 2020, a PJ le tocó salir a desmentir las versiones de medios digitales según las cuales diputados y líderes nacionales de esta organización habrían solicitado a Estados Unidos el reemplazo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
“Nadie vinculado a Primero Justicia ha hablado con personas o instituciones internacionales para exigir nada que tenga que ver con el curso de la política nacional”, argumentó PJ.
El partido esgrimió, en ese momento, que las críticas hechas al interinato han sido “de manera constructiva y transparente y siempre con ánimo de rectificación y relanzamiento desde una perspectiva unitaria”.
Un punto de fricción entre PJ y Guaidó fue evidente, en agosto de 2020, quien tras el fracaso del mantra cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, propuso un pacto unitario.
En septiembre de 2020, el exgobernador Henrique Capriles, dirigente nacional de PJ, puntualizó: “Creo que a partir del 30 de abril de 2019 nos vinimos en un tobogán; después vino la Operación Gedeón. “Si Maduro sigue teniendo el control interno, no podemos seguir con la misma estrategia”, fustigó Capriles.
Las tensiones aumentaron, en septiembre 2021, cuando Julio Borges, insistió en que los activos de la república deberían ser transferidos a un fideicomiso para protegerlos tanto de los acreedores como de la administración de Nicolás Maduro. Esta propuesta incluye Monómeros, filial de Pequiven con sede en Colombia, y Citgo.
“Desde hace más de un año hemos hecho una propuesta de lograr una protección de esos activos contra Maduro y los acreedores y es creando una especie de fideicomiso. Queremos que los activos sean manejados por los gerentes más profesionales y tengan una vigilancia de un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y sacar lo que está pasando ahora que es la conducción por parte de la oposición venezolana de esas empresas y esos activos. Eso es perder el foco, los partidos políticos no están para manejar esas empresas, ni Monómeros, ni Citgo. Hay que sacar la política de allí, y proteger los activos de Maduro y los acreedores”, dijo el dirigente de PJ.
En diciembre de 2021, Borges renunció a su cargo como comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. El dirigente de PJ, y expresidente de la Asamblea Nacional, pidió salir de esa figura. “Hay que reformar a todo lo que se ha llamado el gobierno interino, instrumento para salir de la dictadura, que se deformó y se convirtió en una especie de fin en sí mismo, donde se ha burocratizado lo que tiene que ver con un espacio que no cumple con su manera de ser”, señaló.
Además, Borges rechazó los escándalos de corrupción que empañan el manejo de los activos e insistió en que no ha habido voluntad de Guaidó para blindar la transparencia.
AD y UNT en la diatriba
El 26 de julio pasado, el procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, quien lleva meses acusando a PJ de sabotear la aprobación de recursos para la defensa de los activos, a través de los litigios internacionales pendientes, volvió a apuntar hacia el partido.
“Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay un actor político que claramente ha mantenido una actitud de obstrucción de la labor de la Procuraduría, e incluso se han negado en algunos casos en que hemos pedido colaboración para cosas concreta y hablo de Primero Justicia”, puntualizó.
De esta manera, Sánchez Falcón aseguró que, de forma deliberada, Primero Justicia ha tenido actuaciones para negarse a la aprobación del presupuesto. Aseguró que Julio Borges, cuando era funcionario del interinato, se negó a hacer gestiones diplomáticas solicitadas por la Procuraduría Especial.
Insistió en la transparencia de su gestión y volvió a atribuir a la AN de 2015 los obstáculos para la rendición de cuentas.
“Ya rendir cuentas ha sido una constante de la Procuraduría. Rendimos cuentas en julio de 2021, rendimos cuenta ante la AN y ante el Consejo de Contraloría. En marzo de este año, se le solicitó a la Comisión Delegada una rendición de cuentas, pedimos que se establecieran los protocolos y no se hizo lo quería la Procuraduría Especial que era una rendición de cuentas mensual”, argumentó Sánchez Falcón en rueda de prensa virtual.
La cosa no quedó allí porque el funcionario también señaló a AD y UNT. “Tengo que reconocer que hay otros factores políticos como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo los han acompañado en algunas de las posiciones de PJ. Nunca hemos visto una posición negadora o que rechacen las posiciones de Primero Justicia. Las decisiones se han tomado con la opinión y el voto de esas dos organizaciones”, dijo.
Dentro de la discusión pública sobre la situación de los activos, Voluntad Popular (VP), el partido de Juan Guaidó, señaló, el 27 de julio, se mostró de acuerdo con que la Procuraduría pueda presentar cuentas ante la Asamblea Nacional. “Lamentamos que sectores políticos ataquen a la Procuraduría, sin importar las consecuencias para Venezuela, con la intención oculta de perjudicar al Gobierno Interino de Juan Guaidó”, aseveró la organización.
El 28 de julio, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia reiteraron la exigencia de una gestión eficiente, transparente e íntegra en el manejo de los activos en el exterior. Además, puntualizaron que el Procurador Especial insiste en evadir varias interrogantes, dentro de las que se encuentran: “¿Por qué se ha gastado 50 millones de dólares en la defensa de activos y estamos ahora en una situación peor que la de hacer tres años? A punto de perder los activos y con menos dinero que antes”.
Los tres partidos del G4 piden precisar ¿cuáles eran los activos cuyo control fue cedido en 2019? ¿Cuántos juicios y procedimientos arbitrales había en 2019? ¿Por qué no se discriminaron los juicios en la estrategia judicial? ¿La gestión del anterior procurador de la república comprometió recursos de la república sin haber contado con disponibilidad presupuestaria?
En respuesta a las exigencias partidistas, el procurador Enrique Sánchez Falcón dijo a los jefes que “se dignen a leer los informes antes de emitir juicios y opiniones falsas e infundadas”. Subrayó que, en varias oportunidades, ha solicitado audiencias con los diputados de la AN que presidente Guaidó para explicar las acciones de su despacho en la defensa de activos en el exterior, la cual que incluye el oro de Inglaterra y la empresa Citgo.
Sobre la situación del oro, el viernes 29 de julio, la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela ad hoc (BCV) designada por Guaidó, quien es reconocido por Reino Unido como presidente interino de Venezuela. Luego del juicio de cuatro días, acabó el 18 de julio, determinó que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta.
En medio de la pugna pública, el 15 de julio, el Procurador Especial, en un comunicado, respondió a los señalamientos públicos de Julio Borges.
“Se ha pagado por honorarios a firmas de abogados 31,5 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 19 millones de dólares corresponden a compromisos adquiridos antes de su gestión (hasta octubre de 2020 y que fueron aprobados por la Asamblea Nacional en enero de 2021), y se adeudan 19 millones de dólares (por servicios en los años 2021 y 2022), lo que suma, aproximadamente, 50 millones de dólares, cantidad invertida para enfrentar a acreedores y al régimen de Maduro, en juicios y arbitrajes internacionales que superan montos de 40 mil millones de dólares, vale decir, se ha causado en honorarios por litigios el 0.13% de lo defendido. Ello, además, con logros notables, por el uso de firmas internacionales reconocidas (sometidas a rigurosos mecanismos de control), todo lo cual se ha informado a la Asamblea Nacional”, puntualizó.
Antes de eso, en septiembre de 2021, el abogado Enrique Sánchez Falcón también ripostó a Julio Borges que la AN nunca ha aprobado un presupuesto integral para sufragar los litigios, porque solo ha dado visto bueno a montos menores y de forma tardía pese a que las deudas crecen mientras más se dilata el proceso. Refirió tres montos aprobados por la AN, los cuales, dijo, son muy inferiores a los requeridos para afrontar los juicios: $24 millones durante 2019, otros $18,7 millones en enero de 2021 y otros $3,7 millones en abril de 2021.
