La justicia británica comenzó a examinar el miércoles si acepta decisiones del Tribunal Supremo venezolano en el marco de un largo litigio en Londres entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, en un juicio en torno a la «independencia» del sistema judicial venezolano.
«No se trata de un juicio sobre todo el sistema judicial venezolano (…) sino solo sobre cinco decisiones», defendió en su alegato inicial Richard Lissack, representante legal del gobierno bolivariano.
Sin embargo, ya en el primero de los cuatro días previstos, el abogado británico de Guaidó, Andrew Fulton, se esforzó por demostrar la «sistémica falta de independencia» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
El poder de Caracas y la oposición se enfrentan desde 2019 por el control de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
En julio de ese año, Guaidó, reconocido como «presidente encargado» de Venezuela por medio centenar de países, incluido el Reino Unido, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta oficialista, presidida por Calixto Ortega. Pero los nombramientos hechos por Guaidó fueron invalidados por el TSJ.
Tras establecer definitivamente en diciembre, al cabo de dos años de batalla judicial, que reconocía a Guaidó como único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó no obstante analizar si la justicia británica acepta como legítima la decisión judicial venezolana que invalidó sus nombramientos.
Le corresponderá hacerlo a la jueza Sara Cockerill, del tribunal comercial, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes pero no se pronunciará de inmediato.
– Calixto Ortega viajó a Londres –
Ortega viajó a Londres para presenciar el juicio, tras obtener una «visa diplomática», lo que según Lissack refuerza su legitimidad como representante oficial del BCV.
Pero no debía ser interrogado, por decisión de la jueza, que en junio limitó su participación a una declaración escrita previa.
La parte oficialista llamó el miércoles como primer testigo a Francisco Carrasquero López, de 79 años, exvicepresidente de la sala constitucional del TSJ, jubilado en 2015, que intervino por videoconferencia desde Venezuela.
Respondió con evasivas a las preguntas de Fulton sobre cuestiones como la detención en 2009 de la jueza María Afiuni y las acusaciones de defensores de los derechos humanos sobre un supuesto «clima de terror» creado por el difunto presidente Hugo Chávez para amenazar la independencia judicial.
«Lissack afirma que este juicio no es sobre el régimen venezolano pero de algún modo sí lo es», aseguró Fulton.
Recordó que, como presidente de la comisión electoral, Carrasquero dirigió el referéndum revocatorio de 2004 sobre la permanencia en el poder de Chávez, que este ganó. Y sugirió que fue nombrado juez en el TSJ un año después en gratitud.
«Siempre he concursado por mis credenciales científicas, morales y éticas, aquí no se trata de ningún agradecimiento», respondió indignado Carrasquero, que también negó haber sido «presionado» para jubilarse y para testificar en este proceso.
A preguntas de la jueza Cockerill, subrayó asimismo que «está prohibido por la Constitución» que los jueces venezolanos tengan afiliación política.
– «Fantasiosa» –
También debe testificar durante la semana Enrique Parody Gallardo, actual secretario de la cámara plenaria del TSJ.
Fulton calificó de «fantasiosa» la «sugerencia de que testigos» como Carrasquero y Parody «se sentirían libres de dar un testimonio sincero ante un tribunal inglés».
Los abogados de Guaidó denuncian por otra parte que el proceso que anuló los nombramientos no fue «justo» porque la oposición no tuvo posibilidad de defenderse.
Durante los cuatro días de vistas, deben llamar a testificar a Enrique Sánchez Falcón, procurador especial nombrado por Guaidó, Ricardo Villasmil, expresidente de la junta opositora del BCV, y a su sucesor Manuel Rodríguez Armesto.
Se apoyan también en informes de varios organismos de Naciones Unidas y diversas oenegés sobre las acciones del gobierno de Maduro, entre las que Fulton denunció amenazas y «presiones, incluidas sanciones y hostigamiento, contra jueces y fiscales».
Según declaración de un testigo citado en uno de los informes de la ONU aportados por la oposición, 29 de los 32 jueces del TSJ fueron seleccionados en círculos próximos a Chávez. Una afirmación que, preguntado por la magistrada inglesa, Carrasquero dijo desconocer.
2001
