Guaidó responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de la muerte de Trujillo así como de los padecimientos de las comunidades indígenas por causa de la minería ilegal

 
 
El líder opositor Juan Guaidó condenó este sábado el presunto asesinato del líder indígena y defensor del ambiente Virgilio Trujillo, que tuvo lugar este 30 de junio en el estado fronterizo de Amazonas, según denunciaron diversas organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos humanos.

La muerte de Trujillo, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y parte de una guardia territorial contra la minería ilegal, fue dada a conocer ayer por la ONG Orpia que, a través de Twitter, indicó que el ambientalista «fue asesinado, el jueves 30 de junio 2022, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas», sin ofrecer mayores detalles.

Guaidó responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de la muerte de Trujillo así como de los padecimientos de las comunidades indígenas por causa de la minería ilegal y los grupos irregulares instalados en sus territorios.

«El asesinato de Virgilio Trujillo, así como de todos los indígenas que han padecido las consecuencias de la minería ilegal y los grupos irregulares amparados por la dictadura, no puede ni va a quedar impune. ¡El régimen es la principal amenaza a nuestros pueblos ancestrales!», escribió el antichavista en Twitter.

Las ONG Provea, Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), Fundación Pares de Colombia y CooperAcción de Perú condenaron también, mediante un comunicado, el asesinato de Trujillo, a quien identificaron como un luchador «por mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona».

«Odevida ha registrado que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales líderes fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», detalló el escrito.

Ante los hechos, instaron al Estado venezolano a garantizar una «pronta y eficaz» investigación en torno a la muerte del ambientalista y a cumplir con la prohibición establecida sobre toda actividad minera en el estado Amazonas, de acuerdo al decreto 269 de 1989.