Hay un dicho que reza que el que no la debe no la teme. Pero resulta que los que viven actualmente en Miraflores las deben todas y por eso ven enemigos por doquier. El resultado es el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet. El documento recoge sucesos acaecidos entre mayo de 2021 y abril de 2022, casi un año, que corroboran que el gobierno chavista ha continuado con su práctica de persecución, tortura, encarcelamiento y eliminación.

¿Acaso cree la gente, los lectores que logran acceder a esta página en cualquier parte del mundo, que el gobierno chavista se limita a pinchar los teléfonos, averiguarle la vida a los opositores o restringirles la información? No, es mucho peor que eso. Esa práctica que se conoció a partir de un informe de una empresa privada es solo uno de los instrumentos que tiene para perseguir, detener, torturar y hasta liquidar a los que se les interpongan en su objetivo de perpetuarse en el poder.

Los casos documentados por la oficina que dirige Bachelet son elocuentes. Hay ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos y torturas. Y lo que seguramente menos quieren Maduro y sus cómplices que se sepa es que la mayoría de las víctimas son ciudadanos de bajos recursos, habitantes de barrios y pueblos. Hay que destacar que los estados fronterizos de Apure y Táchira registran varios de estos sucesos, y eso seguramente tiene relación directa con la pelea que hay entre los disidentes de las FARC, el ELN y los militares venezolanos.

No solo privan de libertad sin el debido proceso a quienes ellos les da la gana, sino que además los someten a tratos humillantes y torturas. Y eso sin contar los casos que no pudieron documentarse porque el gobierno chavista no respondió a las solicitudes de información. ¿Cuántos venezolanos más están sufriendo por la crueldad de esta gente? Con lo que denuncia Bachelet en su informe no cabe duda de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que hacer su trabajo en Venezuela para que por lo menos los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares consigan algo de justicia.

Hay que agradecerle a Michelle Bachelet su trabajo objetivo en defensa de los derechos humanos de los venezolanos, ahora que ha anunciado que no se presentará para un nuevo período en la oficina de la ONU. A ella el país le debe que el mundo conozca la verdadera naturaleza del gobierno que Hugo Chávez ocultó tan bien mientras estuvo vivo.

Los autores materiales de estos crímenes, que pertenecen a organismos como el Sebin y la Dgcim, entre otros, deben responder por lo que han hecho, pero también los autores intelectuales, los que dan las órdenes. El país lleva más de 20 años de historias de detenciones arbitrarias, ejecuciones y torturas que muy difícilmente pueden ser olvidados. Cuando el 29 de junio se presente el informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se seguirán juntando los casos, aunque hace tiempo que no caben dudas.

Editorial de El Nacional