En Venezuela no hay derecho que el gobierno chavista no viole con la mayor desfachatez. Sencillamente se creen los dueños de la vida y el destino de los ciudadanos, y prueba de ello es el informe de transparencia de la empresa española Telefónica, que admite que tuvo que intervenir 1.584.547 líneas de sus abonados por petición de algún órgano de seguridad. ¿Y dónde dejan el bloqueo de las páginas web? También atenta contra el derecho de todos a estar informados.
Cuando los chavistas arman sus leyes, lo hacen bajo el escrutinio, la experticia y la recomendación de la dictadura cubana, que tiene más de 60 años oprimiendo a la gente, que no tiene derecho ni de hablar. La empresa Movistar (que pertenece a Telefónica) por eso está obligada a cumplir las órdenes de organismos de seguridad chavista y hasta de personeros de Miraflores directamente. En el caso del bloqueo de las páginas web, es obvio que Conatel monitorea y apunta al cierre de aquellos medios digitales que representan para ellos una amenaza, porque dicen la verdad de la crisis venezolana.
Y aunque Telefónica asegura que en 2021 tuvo que cerrar el acceso a 30 dominios en Internet, la ONG Venezuela sin Filtro documentó 68, de los cuales 45 pertenecen a medios digitales, entre ellos El Nacional. El derecho de estar informado es un derecho humano que bien han sabido violar desde el principio de esta era chavista. Recientemente se cumplieron 15 años sin RCTV, desde 2018 no circula El Nacional, lo que queda se sostiene por muy poco y cumple mucho menos su función con la sociedad.
Pero el colmo ya es saber, tener la comprobación de que nos escuchan, averiguan con quién hablamos, por cuánto tiempo y sobre qué, además de dónde estamos. Son más de millón y medio de líneas y datos intervenidos. No hay derecho a la privacidad. Y que no vengan a decir que se trata de asuntos de seguridad o de casos para sustanciar procesos judiciales porque el mismo informe de la empresa española lo aclara. Muchas de las “solicitudes”, que para ellos son órdenes, vienen sin ningún respaldo legal; esto quiere decir que no hay juez ni tribunal que firme la orden de intervención. El Cicpc, el Sebin, la Dgcim, policías, ministerios, cualquier funcionario de alto rango puede decidir un buen día pincharle el teléfono a cualquiera.
Es aproximadamente 20% de la lista de abonados de Movistar. Si además se suma una cantidad similar que podría intervenirse en la empresa de telefonía celular que maneja el gobierno, Movilnet, el número por lo menos se duplica. Es decir, el gobierno chavista no solo impide que el venezolano esté informado de lo que pasa a su alrededor, sino que además escucha lo que dice.
Más de millón y medio de líneas intervenidas. Se dice fácil pero es algo insólito. Por mucho menos se han armado escándalos en otros países. Y hay que estar claros, el gobierno hace cosas peores, como mantener presos políticos, no garantizar el derecho a la salud ni a la alimentación. Pero no hay que dejar pasar algo como esto, porque todo forma parte de la violación sistemática de derechos humanos que se ha denunciado en reiteradas ocasiones.
Por casos específicos se sigue un proceso ante la Corte Penal Internacional. Pero está bueno que el mundo sepa que los sucesores de Chávez son capaces de muchísimas cosas más y que los venezolanos son sus víctimas.
Editorial de El Nacional
