A cuenta del crecimiento económico que, según el gobierno fue de doble dígito en el primer trimestre del año, se han tomado polémicas decisiones en el ámbito tributario que agravan los problemas de fondo que acumula el sistema impositivo venezolano.
La crisis económica puso en jaque la capacidad de generar ingresos petroleros, una situación agravada por las sanciones internacionales, por lo que la tributación interna aparece como lógica tabla de salvación para unas finanzas públicas históricamente menguadas.
José Javier García es socio de PwC Venezuela, y asesor tributario. Banca y Negocios consultó al experto para conocer más en profundidad el panorama impositivo de Venezuela.
Consultado sobre los principales vicios de nuestro sistema tributario, el vocero declara que “a raíz de la reciente recesión económica una de las formas más fáciles, para el Estado, de recaudar fue a través de la imposición de tributos o impuestos. Estamos viendo una gran voracidad fiscal en todos los niveles”, va directo al grano, de entrada.
García expone que se están reformando las leyes, sin que se cumpla un requisito fundamental y que está previsto en la Carta Magna, como lo es la incorporación o la discusión con todos los sectores afectados en ese proceso de reforma legal.
La Constitución –indica- señala que cada vez que haya una reforma o propuesta de ley, tiene que invitarse a la sociedad civil a participar en esos procesos. Incluso tiene derecho de voz a los fines de exponer los argumentos que considere necesarios en torno a las modificaciones o reforma de ley.
– No se consulta a los afectados –
Esos procesos obligatorios de consulta no se están cumpliendo, asevera el entrevistado. “Y tenemos dos ejemplos muy recientes. Uno es la reforma del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual no fue consultada con nadie, y con fecha de abril, pero tuvimos acceso la semana pasada, se reformó la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (Locti)”, indica José Javier García, socio de PwC Venezuela.
Todas estas reformas vienen orientadas a aumentar el pago de impuestos de las compañías o los contribuyentes. Hay dos cosas: o es un incremento de la tasa –es el caso del IGTF-, o se aumenta la frecuencia del pago, que es el caso de la Locti.
En cuanto a la Locti el impuesto se pagaba anual, y ahora es mensual. Eso –opina García- comienza a generar una carga tributaria muy relevante a los contribuyentes, porque no es lo mismo que tenga que cancelar el impuesto dentro de un año, a que lo tenga que cancelar cada mes, cuando la obligación puede obligarme a usar dinero del flujo de caja de corto plazo que estoy necesitando para mi operatividad.
“Esos son los principales vicios del sistema impositivo venezolano actualmente: una gran voracidad fiscal y el establecimiento de tributos que apenas se ajustan a la capacidad contributiva del contribuyente”, expresa.
-¿Por qué se puede considerar injusto o confiscatorio el sistema impositivo?
-Hay un principio según el cual toda empresa, todo contribuyente, debería generar un rendimiento tal que le permita cubrir su operatividad, y dentro de esos costos está el tema tributario. Lo que estamos viendo con la carga tributaria actual es que las empresas se ven obligadas a desprenderse de parte de sus activos, cuando debería formar parte normal de su funcionamiento.
-Históricamente se ha dicho que el venezolano no paga impuestos. ¿Eso es verdad hoy?
-No. Yo creo que este es uno de los países donde hay una alta tasa impositiva. En el caso de empresas pequeñas y medianas, la dolarización generó una informalización. En virtud de toda la trama tributaria, que impone sanciones muy onerosas, esas empresas prefieren la informalidad.
– Las grandes empresas –
Pero cuando se mira el escenario para las empresas grandes, la situación es completamente diferente. Las facturas deben tener unas características específicas, las sanciones son tan onerosas que obligan claramente a los contribuyentes a tratar de cumplir con sus obligaciones tributarias.
Entonces, si hay un sector informal que no paga impuestos, hay un sector formal que termina pagando tasas muy altas.
El vocero ofrece un ejemplo que da cuenta de la proporcionalidad del pago de impuestos en Venezuela: una señora de la tercera edad, jubilada, a la cual su hijo le manda una remesa mensual de 100 dólares. Cuando ella va al mercado tiene que pagar un 3% del IGTF. Pero si una persona X o Y va al mismo supermercado a comprar un whisky 18 años, esa persona también tiene que pagar ese 3%, “pero cuando uno lo ve en la dimensión del contribuyente, se ven las grandes distorsiones que tiene nuestro sistema financiero”.
-¿Qué tasas de elusión y evasión de impuestos hay en Venezuela?
-No conozco la cifra. Pero en Venezuela hay una figura de contribuyentes que son altamente revisados por el Seniat, y son aquellos que reciben (o recibieron en el pasado) la denominación de “sujetos pasivos especiales”.
Estos contribuyentes tienen un régimen especial para cumplir con sus obligaciones tributarias que los coloca en desventaja con respecto a otros contribuyentes que no tengan esa calificación, que tiene que emitirla el Seniat de acuerdo con el volumen de ingreso que genere la persona jurídica.
Una persona que tenga un ingreso bruto de 48.000 bolívares digitales, que equivalen a 800 dólares al mes, y puede ser calificado como “sujeto pasivo especial”.
El “sujeto pasivo especial” tiene que cumplir con más obligaciones. La economía venezolana es inflacionaria, de manera que la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) incluye un ajuste por inflación que no se le permite al “sujeto pasivo especial”, que además está obligado a pagar un impuesto a los grandes patrimonios, está sujeto a pagar declaraciones de IVA de modo quincenal, entre otros aspectos.
«Ser sujeto pasivo especial termina siendo una pesadilla. Repito: empresas que tengan un ingreso mensual de 800 dólares pueden entrar en esta categoría, pero tiene que haber una calificación por el Seniat», recalca García ante el ilógico parámetro de ingresos.
Luego hay un impuestos derivados de la Locti, Ley de Deporte, impuestos municipales, y otras contribuciones parafiscales. Entonces, las empresas tienen que posiblemente vender parte de sus activos para cumplir con esas obligaciones.
– En comparación –
Consultado sobre cómo se equipara Venezuela con el resto de América Latina en estos aspectos, dice que en todos los países hay una alta presión tributaria, a raíz de la pandemia. No obstante, existe una gran diferencia: en otros países, cuando hay procesos de reforma de una ley, sí se producen consultas con los diferentes actores involucrados.
En esos casos se consideran los criterios de la sociedad civil, la academia, etcétera.
“En otros países, pese a la pandemia, se dieron beneficios tributarios a algunas empresas. Por ejemplo, en Colombia –a raíz del Covid19- se le aplicaron beneficios al sector salud. Hay mecanismos muy claros de rebajas de impuestos, o dispensas, reducción de las tasas, etcétera”, se remite a un ejemplo concreto y muy cercano.
Por otro lado –avanza en su declaración- sí hay un incremento de la presión tributaria, y es lógico, “porque es lo que todos los Estados hacen cuando hay una disminución de su fuente de ingresos, como en el caso de la pandemia”.
“Un 60% de los ingresos de una empresa en Venezuela se puede ir fácilmente en impuestos. La constitución de un emprendimiento no es costosa, pueden ser unos 600 dólares, pero una vez que está operativa, fácil se puede ir 60% de los ingresos en obligaciones tributaria”.
– Los cambios que urgen –
Opina que hay que buscar una armonización entre los diferentes impuestos, tasas y contribuciones que hay en Venezuela. No es el ISLR; es el IVA, los impuestos municipales -que cada vez son más altos- las contribuciones parafiscales de diverso tipo más las sanciones desproporcionadas, entre un largo etcétera.
“Tiene que haber una armonización tributaria, tiene que haber incentivos, cosa que era frecuente en el pasado. Hay que otorgar seguridad jurídica. Colombia es un ejemplo: hubo un momento en que se les garantizaba que el régimen tributario no cambiaría en 10 años, salvo que beneficiara a las empresas”, indica cuando se le pregunta sobre las reformas necesarias para apuntalar el raquítico crecimiento de nuestra economía.
Y remata: “Como parte del incentivo que se puede dar a los contribuyentes es revisar el sistema sancionatorio, que está fijado en divisas, que excede, son exageradas con respecto a los incumplimientos, para que haya una justa imposición de sanciones, y no el exabrupto que tenemos actualmente”.
Fuente: 2001
