Este fin de semana el nombre de la senadora colombiana Piedad Córdoba, íntima amiga de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, ha sonado mucho, pero no por buenas razones, aunque eso ya es costumbre. A la política la detuvieron en Honduras porque llevaba 68.000 dólares sin declarar.

La señora dio tres versiones sobre el origen de ese dinero, incluyendo que no sabía que esa cantidad estaba en su equipaje, como si fuera un fajito de billetes nada más. Todavía no se conoce el origen ni el propósito, pero algunos analistas colombianos y algunos políticos, como Francisco Santos, aseguran que el destino era la compra de votos.

Sin embargo, lo que llama la atención en este lado de la frontera es que el amigo de Miraflores, Alex Saab, será interrogado por la Corte Suprema de Estados Unidos sobre sus negocios con la senadora, algo que ambos han negado reiteradas veces. Sin embargo, la instancia tiene correos, documentos y conversaciones que prueban que el supuesto testaferro chavista figuraba en las listas de empresarios que se beneficiaron con la Comisión Nacional de Administración de Divisas gracias a las gestiones de Córdoba.

La senadora no hacía este trabajo de gratis, sino que cobraba unas “comisiones por éxito” que Saab pagó porque Cadivi fue su salvación, debido a que para el momento en que comenzó a negociar con Córdoba, sus empresas estaban prácticamente quebradas.

Saab ya no tiene manera de negarlo, porque incluso el asistente de la senadora, Andrés Vásquez, ha declarado y facilitado muchos documentos que prueban los negocios entre ambos. A Saab le aprobaban Cadivi y él le pagaba a Córdoba por los favores recibidos. Todo es un entramado que en Colombia se conoce como “farcpolítica”, de acuerdo con la revista colombiana Semana y que movió más de 1.600 millones de dólares.

Ella sigue fingiendo que es inocente de todo y Saab sigue siendo defendido a capa y espada por Miraflores, pero es imposible que pretendan seguir ocultando el entramado de corrupción tan grande que movieron con ayuda y para beneficio de los chavistas.

Si ese dinero fuera de empresarios privados, sería un delito de estafa que quizás no provocaría tanta indignación. Pero se trata de dinero de los venezolanos que han visto mermada su calidad de vida por las ansias y la falta de ética y moral de unos personajes a ambos lados de la frontera que crearon un sistema para robar el dinero del erario público.

No importa lo que haga el gobierno chavista para que suelten a Saab ni para defender a Córdoba, cada vez se juntan más pruebas en contra de quienes ayudaron a la cúpula roja a embolsillarse recursos que debieron ser invertidos en el desarrollo del país y en beneficio de los verdaderos dueños, todos los venezolanos.

Editorial de El Nacional