El sondeo más ajustado es el de la empresa Odoxa, que otorga un 53 % de los votos a favor de Macron y que fue difundido este jueves. Ese instituto de opinión daba una renta de 9 puntos a favor del actual presidente tras la primera vuelta del pasado día 10, pero desde entonces su tendencia ha sido a la baja.

Todos los sondeos publicados en Francia en el último día antes de la jornada de reflexión auguran la victoria del candidato a la reelección en las presidenciales francesas, Emmanuel Macron.

Lo anterior, con una ventaja que varía entre los seis y los catorce puntos frente a la ultraderechista Marine Le Pen.

La última oleada de encuestas, difundida este viernes, mantiene el pronóstico de las dos últimas semanas, aunque en algunos casos auguran una inversión de la tendencia.

Todo lo contrario de lo que auguran el resto de los institutos de sondeo, que han señalado una creciente caída de Le Pen desde la primera vuelta.

La mayor ventaja la apuntan los sondeos de Ipsos y Opinion Way, que señalan que el actual inquilino del Elíseo obtendrá el 57% de los sufragios el próximo domingo.

Opinion Way otorga un crecimiento de un punto porcentual a Macron con respecto a la víspera. Esto, mientras que Ipsos le rebaja medio punto, la primera caída que registra en ese instituto en una semana.

Elabe, otra empresa demoscópoica, otorga al candidato a la reelección un 55,5 % de los votos, un punto más que ayer, mientras que Ifop sitúa su victoria en el 55 %, medio punto menos, la primera caída que registra desde la segunda vuelta.

Todos los institutos de opinión sitúan el margen de error entre 2 y 3 puntos.

Datos de sondeos en Francia

El presidente liberal puso en duda las intenciones democráticas de su rival, quien a su vez le acusó de traicionar a los franceses, a dos días de la clave jornada electoral que el mandatario saliente afronta con el viento a favor de los sondeos.

Macron se dio un último baño de masas y pronunció su último mitin en una soleada tarde en Figeac, una pequeña localidad de 10.000 habitantes en el sur del país donde se subió al templete de la plaza.

Lo anterior, rodeado de enfervorizados fieles, para desgranar algunas de sus medidas en favor del mundo rural.

“¡Y uno, y dos, y cinco años más!”, gritaron los asistentes a quienes, por momentos, tuvo que frenar y recordar que, pese a las encuestas, “nada está ganado todavía”.

El presidente regresó a un territorio de izquierdas, feudo socialista, en un guiño más al electorado que en la primera vuelta apoyó a Jean-Luc Mélenchon.

Se trata del candidato presidencial que acabó tercero con casi ocho millones de votos que se han convertido en la clave de la victoria.

Octavillas ‘lepenistas’

Macron no citó el nombre de su rival, pero se vio sorprendido por las octavillas lanzadas desde un balcón de la plaza por un grupo de fieles de Le Pen.

Además, los seguidores de la candidata blandieron una pancarta en la que aseguraban que “cuando todo será privado, estaremos privados de todo”.

El candidato a la reelección pidió a los asistentes al mitin que no les abuchearan. Además, les dijo: “Alégrense de vivir en una democracia que les permite discrepar. Con el proyecto de otra candidata sería diferente”.

Acusó a su rival de apadrinar un proyecto basado “en el odio y la división del país” y antepuso el suyo, que consideró “un proyecto de futuro (…) basado en los valores que fundamentan la historia de Francia”.

EFE

 Hernández, de 53 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022 Foto: La Nación
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se encuentra en Nueva York tras ser extraditado de Honduras, comparece este viernes ante el juez, informaron fuentes del tribunal que instruye su caso.

El ex mandatario, que dejó el poder el 27 de enero tras ocho años en la presidencia, comparecerá de manera telemática, debido al Covid, ante el juez Stewart D. Aaron, del tribunal del distrito sur de Manhattan. La hora todavía debe ser confirmada, citó AFP.

Lo más probable es que el juez decrete su prisión provisional, aunque también podría dejarlo en libertad bajo fianza hasta que se siente en el banquillo para responder por los tres cargos que se le imputan: tráfico de cocaína, y uso o porte y conspiración para uso o porte de armas de fuego, que le pueden acarrear cadena perpetua.

«Hernández está acusado de participar en un esquema corrupto y violento de tráfico de drogas para facilitar la importación de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022», dijo el jueves el titular de la cartera de Justicia, Merrick Garland, en una rueda de prensa junto al fiscal del distrito sur de Manhattan, Damian Williams, y la admistradora de la DEA, Anne Milgram.

500 toneladas de cocaína

Hernández, de 53 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022.

La fiscalía de Estados Unidos acusa a JOH, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir «millones de dólares» de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín «Chapo» Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un «narcoestado» en los ocho años que fue presidente de Honduras (2014-2022).

Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse -a principios de mes las autoridades hondureñas incautaron al ex mandatario su casa y decenas de propiedades, productos financieros y otros bienes- sino que sirvió para «financiar su campaña política y cometer fraude electoral» en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.

Ello, a cambio de proteger a traficantes de droga, asegura la fiscalía.

«Soy inocente y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta», dijo Hernández en un video divulgado en Tegugigalpa horas antes de abordar el avión de la DEA que el jueves lo trasladó a Estados Unidos.

Grupos opositores hondureños tenían previsto «dar una calurosa bienvenida al narcotraficante» este viernes a las 14H00 locales en una manifestación frente al tribunal de Manhattan.

¿Castigo ejemplar?

Se desconoce si el exgobernante, que incluso llegó jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y la lucha contra el crimen organizado, podría llegar a algún acuerdo con la fiscalía para ver reducida su pena.

Pero la justicia estadounidense parece querer enviar un mensaje claro, como ya lo hizo con su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, que cumple cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos.

Garland advirtió que su departamento «está decidido a desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadounidenses», independientemente de dónde estén y quién esté detrás.

La extradición de Hernández debería «enviar un claro mensaje» a los líderes extranjeros que «abusan corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga», dijo por su parte la jefa de la DEA.

«Si creen que pueden esconderse detrás de su cargo, están equivocados», advirtió Milgram.

Hernández culpa de su situación a las acusaciones «en base a mentiras» de los capos de la droga que su gobierno ayudó a extraditar y que buscarían acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas.

Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a JOH que iban a «meter la droga a los gringos en sus propias narices» sin que se dieran cuenta.

Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína.

El exjefe de la Policía Nacional hondureña Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, acusado de «supervisar» las supuestas operaciones de narcotráfico de JOH, aguarda también su extradición a Estados Unidos.

AFP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acabó este viernes con el autogobierno que Walt Disney World tiene en Orlando y que le permitió a esta ciudad crecer durante casi medio siglo hasta convertirse en la capital mundial de los parques temáticos.

El republicano está enfrentado desde hace semanas con el gigante del entretenimiento por la polémica generada a raíz de la conocida coloquialmente como «Don’t Say Gay» («No digas gay»), una normativa que, entre otras cosas, prohíbe a los maestros hablar a los alumnos más pequeños sobre orientación sexual e identidad de género, y que los demócratas ven como una venganza política de DeSantis.

El gobernador firmó vía exprés este proyecto de ley, presentado el martes y aprobado el jueves en la Legislatura, que elimina este privilegio de gozar de autogobierno y que impedirá a Disney gozar de la misma libertad para seguir construyendo en el área que rodea a los parques temáticos.

«El lugar más feliz de la Tierra» contaba desde 1967 con la categoría de distrito especial, un autogobierno que le permitió crecer hasta tener media docena de parques temáticos, un centro deportivo, un enorme centro comercial, 25 hoteles, su propia policía y cuerpo de bomberos y cerca de 80.000 empleados.

Todo en un área de 27.000 acres (casi 11.000 hectáreas) situados en los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado, una especie de «reino mágico» y prácticamente independiente dentro del estado de Florida.

Pero ese sueño se perdió este viernes después de que DeSantis, que suena como posible candidato a la Casa Blanca en 2024, firmara la ley y criticara a Disney por «mentir» sobre la normativa «No digas gay».

Calificó el gobernador de «provocación» que una empresa californiana use su «poder económico para atacar a los padres» de familia del estado y aseguró que se defenderá en los tribunales ante cualquier intento de revocar la medida por parte de Disney.

¿VENGANZA POLÍTICA?

Todo empezó cuando el mes pasado la comunidad LGBTQ, incluidos empleados de la compañía, protestaron por la supuesta falta de oposición del grupo Disney en contra de esta ley, considerada ultraconservadora por grupos progresistas.

Eso llevó a la dirección de la firma a intentar persuadir a DeSantis, al que le pidieron incluso una reunión formal para hablar del tema. Pero el gobernador les dio un portazo y la empresa anunció que dejaría de realizar jugosas contribuciones a las campañas políticas en Florida, incluida la del gobernador.

Y desde entonces la batalla ha ido escalando sin cesar.

TONO DESAFIANTE

«Si Disney quiere pelear, eligieron al tipo equivocado», escribió DeSantis en un mensaje remitido esta semana a sus seguidores. «No permitiré que una corporación ‘woke’ (que se siente moralmente superior al resto) con sede en California dirija nuestro estado».

El republicano mostró su lado más duro con los de Mickey Mouse y consideró que Disney se ha beneficiado de «acuerdos especiales durante demasiado tiempo» en Florida.

Disney es uno de los principales empleadores del estado y genera para las arcas públicas unos 5.000 millones de dólares en impuestos locales y estatales, según medios locales.

Falta por conocer con detalle las implicaciones económicas de la eliminación, a partir del 1 de junio de 2023, del distrito especial de Reedy Creek Improvement District, donde Disney opera sus hoteles y parques temáticos.

Pero esta disolución podría obligar a los residentes de los condados de Orange y Osceola a asumir una deuda de unos 1.000 millones de dólares y afrontar el gasto de los servicios que hasta ahora pagaba Disney, tanto policía como bomberos y el mantenimiento de carreteras, sistema eléctrico, recogida de basura y de tratamiento de aguas.

El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, dijo en declaraciones recogidas por medios locales que hacerse cargo de los gastos diarios de Reedy Creek sería «catastrófico» para sus cuentas.

Aunque DeSantis aseguró este viernes que lo tienen «todo pensado» y que Disney «pagará más impuestos».

Falta saber qué hará Disney, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta ley, pero ya se anticipa que la batalla proseguirá en los tribunales. Mientras tanto, la ley deja la puerta abierta a una futura negociación para que se restablezca este distrito especial bajo control de gigante del entretenimiento.

 Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 en Ecuador como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica

 
 
Lo otorgó el comisariado general de refugiados y apátridas del país europeo. El abogado del ex mandatario, Christophe Marchand, lo había solicitado en 2018.

Bélgica concedió asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó a la agencia de noticias Efe el abogado del ex mandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado “caso Balda”.

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carrera política”, dijo el abogado belga.

Marchand se declaró “feliz” con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe “lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político”.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso “Sobornos 2012-2016″.

El pedido de Ecuador

El presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Iván Saquicela, había pedido antes la extradición de Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana pues fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, porque el Tribunal determinó que existió una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Correa.

Saquicela informó en una entrevista televisada que pedirá a la Cancillería que notifique a Bélgica sobre el pedido.

No es la primera vez que la justicia ecuatoriana intenta que Correa retorne y pague su sentencia. Hasta el momento, Ecuador ha solicitado tres alertas de difusión de la Interpol para capturarlo, pero estas han sido negadas. Sin embargo, en mayo de 2021, un tribunal de jueces del país señaló que para la extradición no es necesaria la alerta de la Interpol, pues se sabe que Correa vive en Bélgica. Saquicela confirmó a Infobae que es la primera vez que se pide la extradición, antes solo se había solicitado la alerta de difusión roja.

Una investigación del portal Periodismo de Investigación, del ahora legislador Fernando Villavicencio, que también ha investigado sobre los casos de Alex Saab y Petrochina en Ecuador, dio la alerta a las autoridades que iniciaron con el proceso judicial que terminó con la sentencia de 20 personas, incluidos el ex presidente Correa y su vicepresidente Jorge Glas. El Tribunal de Casación que los condenó argumentó que las ex autoridades “son autores bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”.

Desde que terminó su mandato, en 2017, Rafael Correa vive en Bélgica. Saquicela indicó que, dentro de sus competencias como presidente de la Corte Nacional de Justicia, inició con los trámites para solicitar la extradición de Correa y recalcó que diez jueces ratificaron la sentencia en contra del ex presidente, en distintas instancias.

Rafael Correa ha reaccionado ante el anuncio de Saquicela en Twitter. El ex presidente calificó al presidente de la Corte Nacional como “payaso” y escribió que este es “otro papelón” de la Justicia ecuatoriana.
 

 
  
  
  
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Bélgica concedió asilo político a Rafael Correa y bloquea la extradición a Ecuador
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 en Ecuador como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica

 
 
 
 
 

Diario El Universal
22/04/2022 01:54 pm

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Caracas.- Lo otorgó el comisariado general de refugiados y apátridas del país europeo. El abogado del ex mandatario, Christophe Marchand, lo había solicitado en 2018.

Bélgica concedió asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó a la agencia de noticias Efe el abogado del ex mandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado “caso Balda”.

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carrera política”, dijo el abogado belga.

Marchand se declaró “feliz” con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe “lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político”.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso “Sobornos 2012-2016″.

El pedido de Ecuador

El presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Iván Saquicela, había pedido antes la extradición de Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana pues fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, porque el Tribunal determinó que existió una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Correa.

Saquicela informó en una entrevista televisada que pedirá a la Cancillería que notifique a Bélgica sobre el pedido.

No es la primera vez que la justicia ecuatoriana intenta que Correa retorne y pague su sentencia. Hasta el momento, Ecuador ha solicitado tres alertas de difusión de la Interpol para capturarlo, pero estas han sido negadas. Sin embargo, en mayo de 2021, un tribunal de jueces del país señaló que para la extradición no es necesaria la alerta de la Interpol, pues se sabe que Correa vive en Bélgica. Saquicela confirmó a Infobae que es la primera vez que se pide la extradición, antes solo se había solicitado la alerta de difusión roja.

Una investigación del portal Periodismo de Investigación, del ahora legislador Fernando Villavicencio, que también ha investigado sobre los casos de Alex Saab y Petrochina en Ecuador, dio la alerta a las autoridades que iniciaron con el proceso judicial que terminó con la sentencia de 20 personas, incluidos el ex presidente Correa y su vicepresidente Jorge Glas. El Tribunal de Casación que los condenó argumentó que las ex autoridades “son autores bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”.

Desde que terminó su mandato, en 2017, Rafael Correa vive en Bélgica. Saquicela indicó que, dentro de sus competencias como presidente de la Corte Nacional de Justicia, inició con los trámites para solicitar la extradición de Correa y recalcó que diez jueces ratificaron la sentencia en contra del ex presidente, en distintas instancias.

Rafael Correa ha reaccionado ante el anuncio de Saquicela en Twitter. El ex presidente calificó al presidente de la Corte Nacional como “payaso” y escribió que este es “otro papelón” de la Justicia ecuatoriana.
 

 
  
  
  
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Bélgica concedió asilo político a Rafael Correa y bloquea la extradición a Ecuador
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 en Ecuador como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica

 
 
 
 
 

Diario El Universal
22/04/2022 01:54 pm

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Caracas.- Lo otorgó el comisariado general de refugiados y apátridas del país europeo. El abogado del ex mandatario, Christophe Marchand, lo había solicitado en 2018.

Bélgica concedió asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó a la agencia de noticias Efe el abogado del ex mandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado “caso Balda”.

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carrera política”, dijo el abogado belga.

Marchand se declaró “feliz” con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe “lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político”.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso “Sobornos 2012-2016″.

El pedido de Ecuador

El presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Iván Saquicela, había pedido antes la extradición de Correa, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana pues fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, porque el Tribunal determinó que existió una trama de sobornos cuya finalidad era financiar a Alianza PAIS, el extinto partido de Correa.

Saquicela informó en una entrevista televisada que pedirá a la Cancillería que notifique a Bélgica sobre el pedido.

No es la primera vez que la justicia ecuatoriana intenta que Correa retorne y pague su sentencia. Hasta el momento, Ecuador ha solicitado tres alertas de difusión de la Interpol para capturarlo, pero estas han sido negadas. Sin embargo, en mayo de 2021, un tribunal de jueces del país señaló que para la extradición no es necesaria la alerta de la Interpol, pues se sabe que Correa vive en Bélgica. Saquicela confirmó a Infobae que es la primera vez que se pide la extradición, antes solo se había solicitado la alerta de difusión roja.

Una investigación del portal Periodismo de Investigación, del ahora legislador Fernando Villavicencio, que también ha investigado sobre los casos de Alex Saab y Petrochina en Ecuador, dio la alerta a las autoridades que iniciaron con el proceso judicial que terminó con la sentencia de 20 personas, incluidos el ex presidente Correa y su vicepresidente Jorge Glas. El Tribunal de Casación que los condenó argumentó que las ex autoridades “son autores bajo la modalidad de instigación, por medio de su influencia cognitiva”.

Desde que terminó su mandato, en 2017, Rafael Correa vive en Bélgica. Saquicela indicó que, dentro de sus competencias como presidente de la Corte Nacional de Justicia, inició con los trámites para solicitar la extradición de Correa y recalcó que diez jueces ratificaron la sentencia en contra del ex presidente, en distintas instancias.

Rafael Correa ha reaccionado ante el anuncio de Saquicela en Twitter. El ex presidente calificó al presidente de la Corte Nacional como “payaso” y escribió que este es “otro papelón” de la Justicia ecuatoriana.