La campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas entra hoy en su semana decisiva, con la votación el próximo domingo y el debate protagonizado en buena parte por la guerra de Ucrania.

Con las duras imágenes sobre las denuncias de matanzas de civiles por parte de soldados rusos en Bucha dominando el ciclo informativo, el conflicto acaparó este lunes, de nuevo, la jornada electoral.

Emmanuel Macron, presidente saliente y gran favorito para lograr un nuevo mandato, se apresuró a pedir nuevas sanciones internacionales contra Rusia, especialmente un embargo europeo al carbón y al petróleo de ese país.

“Hay indicios muy claros de crímenes de guerra”, afirmó durante una entrevista con la emisora de Radio Francia Internacional, en la que exigió que haya una concertación europea con nuevas sanciones “en los próximos días”.

Preguntado expresamente acerca de si el presidente ruso, Vladímir Putin, debería rendir cuentas personalmente por esas matanzas, eludió dar nombres, pero sí subrayó que “quienes han estado en el origen de estos crímenes tendrán que responder”, porque “no habrá paz sin justicia”.

Macron ha sido hasta ahora el interlocutor privilegiado de Putin y desde el Elíseo se dio a entender que, pese a los sucesos de Bucha, ese rol va a continuar porque para Francia “es importante” que conozca sus exigencias “y el coste de no atenderlas”.

Y la ultraderechista Marine Le Pen, que en su folleto de campaña tenía una foto estrechando la mano del líder ruso, afirmó que lo ocurrido en esa ciudad ucraniana “es claramente un crimen de guerra”.

En unas declaraciones televisivas con el canal informativo BFMTV, Le Pen también esquivó culpar directamente a Putin y señaló que eso es algo que deberá decidir una investigación internacional a cargo de Naciones Unidas.

Todos los demás candidatos de entidad se apresuraron a emitir declaraciones de condena.

Últimas cartas para jugar

Con muy pocos días ya para pescar votos, los aspirantes a llegar al Palacio del Elíseo comienzan a jugar las que ya son sus últimas cartas para mejorar sus posiciones.

La campaña de Macron anunció que su candidato viajará este martes a Spézet, una pequeña población de poco más de 1.700 habitantes, dentro de su estrategia de realizar unos pocos desplazamientos cortos a zonas poco pobladas.

El ultraderechista Éric Zemmour, que supera a Le Pen en su extremismo, aseguró en la emisora France Info que si llega a la Presidencia expulsará del país a un millón de extranjeros sin papeles o que hayan cometido delitos.

Y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon recibió el apoyo de más de cuarenta artistas, firmantes de un manifiesto a favor de que en la segunda vuelta, el 24 de abril, haya un aspirante de izquierda.

La conservadora Valérie Pécresse insistió, en la radio RTL, en defender la opción de una “derecha republicana fuerte” frente a la ultraderecha por un lado y a Macron por el otro.

El último sondeo del instituto demoscópico Ifop para varios medios franceses, divulgado este lunes, señala a Macron como el favorito en la votación del domingo, con un 27,5% de las preferencias de los ciudadanos, seguido de Le Pen (22%) y de Mélenchon (15,5%).

Zemmour obtendría un 10%. Las candidatas de los dos grandes partidos tradicionales quedan más atrás: la conservadora Valérie Pécresse tendría un 10% y la socialista Anne Hidalgo un 2%.

La abstención se situaría en un 28,5%, similar a la de 2017, y muy inferior a la cifra récord de las regionales del año pasado, del 65,7%.

Si estos datos se confirman el domingo, Macron se jugaría su continuidad en el Elíseo en la segunda vuelta en un nuevo duelo con Le Pen, a la que ya venció en 2017.

Sin embargo, los sondeos apuntan a que el actual mandatario solo vencería a Le Pen por unos seis puntos de diferencia (53-47%), lo que ha generado alarma en su campaña. Los politólogos advierten de que, estadísticamente, hay margen para la sorpresa.

La provincia de Lima amaneció este martes entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional.

 
Aunque la medida afectó a unas diez millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer de este martes numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad.

Efe constató la sorpresa de muchos de ellos, que no se habían enterado de la decisión del Gobierno, anunciada poco antes de la la medianoche por Castillo, mientras otros indicaron que, de todas maneras, debían llegar a sus trabajos.

A las paradas en grandes avenidas en la ciudad solo llegaron algunos autobuses de la Policía Nacional para recoger a personas que buscaban un transporte, como en el distrito de Santa Anita, en el este de la capital peruana.

La Carretera Central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país que, fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de algún medio de transporte.

A pesar de ello, la emisora RPP reportó que el Mercado Mayorista de Santa Anita, el más grande de Lima, inició sus actividades con normalidad y que decenas de vehículos ingresaban para comprar productos para sus puestos y tiendas.

Inconstitucionalidad

En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de “inconstitucional por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó en la “ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.

El toque de queda fue adoptado por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.

Castillo detalló que la inmovilidad ciudadana (toque de queda) se mantendrá desde las 2:00 de la madrugada hasta las 23:59 de este martes “para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”.

Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.

Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.

“Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, concluyó.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo aseguró que esta medida no toma en cuenta los “severos impactos” que causará a las trabajadoras y los trabajadores de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de forma inmediata.

La orden también generó el rechazo de otros autoridades, como la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución y anunció que el Legislativo “continuará con su agenda prevista”.

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, también manifestó su desconcierto ante la decisión y rechazó que el Ejecutivo tome “estas decisiones tan insensatas, que da claras muestras de incapacidad”.

Incluso legisladores de izquierda, como Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, señalaron que la medida es “inacatable”, mientras Susel Paredes, del Partido Morado (liberal), afirmó que Castillo puede ser acusado constitucionalmente.

La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.

Durante estas protestas han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que al menos otras veinte han sido detenidas

EFE

El alcalde de la ciudad ucraniana de Bucha, Anatoli Fedoruk, afirmó que las matanzas de civiles fueron «la venganza de los rusos por la resistencia ucraniana», después de que Kiev acusara a Moscú de estar detrás de la muerte de cientos de personas durante el periodo en el que ocupó la ciudad, situada en los alrededores de la capital.

“Mi pueblo fue tiroteado por diversión o por enfado”, aseguró Anatoli Fedoruk, en una entrevista concedida al diario italiano ‘Il Corriere della Sera’.

“Los rusos dispararon contra todo lo que se movía: peatones, gente en bicicleta, autos que llevaban una marca para indicar que llevaban niños”, ha denunciado.

Asimismo, indicó que partes de la ciudad “fueron convertidas en un campo de concentración” sin alimentos ni agua y ha agregado que “cualquiera que se atreviera a salir a mirar era tiroteado”.

El propio Fedoruk afirmó el lunes en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN que “la mitad de la ciudad está destruida” y afirmó que los civiles “fueron asesinados de forma indiscriminada por los ocupantes rusos”.

Alcalde de Bucha: “No perdonaremos al pueblo ruso”
“No perdonaremos al pueblo ruso por las atrocidades que tuvieron lugar aquí”, agregó.

“Tenemos la impresión de que los ocupantes rusos tuvieron ‘luz verde’ de (el presidente ruso, Vladimir) Putin y (el ministro de Defensa de Rusia, Sergei) Shoigu para realizar un safari en Ucrania”, manifestó.

“Como no fueron capaces de tomar Kiev, airearon su frustración contra Bucha y las zonas de los alrededores”, arguyó.

De esta forma, el alcalde de Bucha incidió en que la población “fue testigo de sucesos horribles” y reiteró que pese a que “no eran una amenaza”, fueron objetivo de matanzas.

“Era imposible no ver que eran niños, no ver que era una madre que llevaba a su hijo”.

Presidente de Ucrania asegura que hay “amplias evidencias”
Por último, Fedoruk destacó que la comunidad internacional debe prepararse para ver las mismas atrocidades en aquellos lugares tomados por las fuerzas rusas en el país.

En ese sentido, señaló que lo que Putin describe como la “desnazificación” de Ucrania implica en realidad “la deshumanización de los ucranianos”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de “distorsionar los hechos” en el marco de la masacre y ha asegurado que “no podrán engañar al mundo entero”, ya que hay “amplias evidencias” de que las tropas rusas destruyen ciudades y secuestran, torturan y matan a civiles.

No obstante, Moscú ha rechazado las acusaciones y habla de “provocación escenificada” por parte de Kiev.

La información es de EuropaPress