Los venezolanos saludan la noticia de que la Corte Penal Internacional abra una oficina en Caracas, anuncio que hizo el propio fiscal de esa instancia, Karim Khan, después de reunirse con Nicolás Maduro. Es garantía de que sus funcionarios verán y escucharán de primera mano lo que ocurre en Venezuela con respecto a la aplicación de la justicia.

La visita de Khan no fue notificada, pero fue en respuesta a una invitación de Miraflores. Los anuncios los hizo a través de las pantallas del canal Venezolana de Televisión, que dirigen los mismos chavistas. Lo primordial de estas reuniones con Maduro es al parecer la disposición que tiene el gobierno de “colaborar” con la investigación que hace la Fiscalía de la CPI de ciertos casos ocurridos entre 2017 y 2019 en los que pudieron cometerse crímenes de lesa humanidad.

Aquí están familiares de las víctimas y varios de los que pudieron salir con vida de las mazmorras en las que fueron recluidos, la mayoría de las veces, solo por ser críticos del gobierno. Sus declaraciones son primordiales para determinar que el Estado venezolano no ha hecho justicia en esos casos, por lo que tendrá que ser la CPI la que imponga penas a los culpables, sean del nivel que sean.

Ya ha señalado la oficina de Khan en sus informes pasados que la administración de justicia en el país está manipulada. Maduro se llena la boca con eso de la “revolución judicial” que está en manos de Diosdado Cabello, pero ya por allí salen voces de sus propias filas que advierten que no se trata de ninguna rectificación sino de un pañito caliente para despistar a la CPI y a los venezolanos ingenuos. Sigue habiendo una corrupción tremenda, dice el dirigente y diputado chavista Pedro Carreño, pero desde Miraflores lo que hacen es disimular.

Lo cierto es que ahora, si quieren convencer a la Fiscalía de la CPI, van a tener que montar el teatro completo, porque los expertos estarán en el terreno observando cada movimiento. Si el objetivo de Miraflores es salvarse de una posible sentencia condenatoria en este proceso, tendrán que demostrar con hechos que son capaces de castigar a toda la cadena de mando involucrada en casos como el del concejal Fernando Albán o el del capitán Rafael Acosta Arévalo, por nombrar dos nada más. Pero son muchos los que esperan justicia y no precisamente que pongan presos a los autores materiales, que suelen ser los que hicieron el terrible mandado.

No hay paz sin justicia se ha dicho en otras oportunidades y no nos cansaremos de repetirlo. Los venezolanos han denunciado lo que aquí sucede desde hace años: el TSJ se convirtió en un brazo ejecutor de las órdenes de Miraflores. Lo que más necesita el país, además del castigo de los culpables de crímenes de lesa humanidad, es que realmente se instaure un sistema que haga valer la Constitución y las leyes en igualdad para todos.

Editorial de El Nacional