Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), advirtió que un porcentaje mayoritario de los establecimientos no han podido ajustarse a la nueva legislación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Dijo que en el primer día de aplicación las máquinas, en su mayoría, no estaban preparadas para la homologación o los comercios no habían podido adquirir nuevas. «Sabíamos que iba a suceder sobretodo porque entendimos desde un comienzo que esta es una estrategia de la defensa de la moneda nacional», explicó en entrevista con Román Lozinski.

Aseguró que estaban trabajando de la mano con el Seniat, y que les dieron mayor flexibilidad para la implementación de la ley.

El presidente de ANSA recordó que al final, esta Ley a las Grandes Transacciones afecta a toda la cadena de valor, introduciendo ruido e incertidumbre.

Reveló que desde ayer ya hay afiliados que están aplicando el 100% de la reforma. «Se lo explicaron al consumidor, este no estuvo de acuerdo, pero al final del día hubo una calma para entender que no queda de otra y hay que aplicar este tributo».

Atencio, por su parte, agregó que lo que resta es seguir adelante y aplicar el IGTF de la mejor manera posible «para impactar lo menos posible al consumidor».

Por otra parte, al ofrecer un balance del sector dijo que hay nuevos actores en el mercado, demostrando que el sector se esta adaptando y en movimiento. «El sector está en movimiento, incluso desde el inicio de la pandemia, siempre estuvimos abiertos. Esto hizo que la alimentación llegara a los consumidores y que el sector comenzara a recuperarse. Han pasado cosas interesantes, hay nuevos actores en el mercado, el sector se está adaptando y movimiento. En la actualidad nuestros establecimientos están mejor surtidos que hace dos años. Nos hace falta mejorar la oferta que eso trae disminución de los precios» acotó.

Destacó que hay productos importados más económicos que nacionales y que esto no es solo por los aranceles sino por la tasa de cambio.

Fuente: El Universal

La Cesta Petare, compuesta por 8 tipo de alimentos, se ubicó en la semana 12 del año en 154,70 bolívares, equivalente a 33,81 dólares, informó el Observatorio Venezolano de Finanzas.

En sus rede sociales detalló que la variación en bolívares fue de 1,31%, mientras que en dólares fue de -1,35%.

Según los datos el costo promedio de 8 alimentos básicos de la canasta alimentaria, supera el salario mínimo recién decretado por el Ejecutivo, el cual asciende a Bs. 130, equivalente a 30 dólares.

Del 20 al 26 de marzo, el cartón de huevos costó 22 bolívares, la harina de maíz, Bs. 6, el kilo de queso blanco Bs. 22 y la carne Bs. 35. En tanto, el aceite de maíz se ubicó en 22 bolívares, el azúcar en 7,50 bolívares, el arroz entero en 5 bolívares y el café molido en 35,20 bolívares.

Inflación sem 12 #CestaPetare

? Cartón de huevos Bs 22
? Harina Bs 6
? Queso blanco Bs 22
? Carne Bs 35
☕️ Café Bs 35,20
? Arroz Bs 5
Aceite Bs 22
Azúcar Bs 7,50

? Bs 154,70 (1,31%)
? US$ 33,85 (1,35%) pic.twitter.com/HNXocCk5Mi

— Observatorio Venezolano ?? de Finanzas (@observafinanzas) March 29, 2022

Fuente: 2001

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este martes un 1,6 % y se situó en 104,24 dólares el barril tras una jornada centrada en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo recortaron 1,72 dólares con respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadounidense moderó su caída tras una primera reacción a lo que Rusia consideró conversaciones «constructivas» y a su anuncio del repliegue de tropas en los alrededores de Kiev y Chérnigov.

No obstante, el jefe negociador de la delegación rusa dijo que eso no significa «un cese al fuego» en todo el país, sino un intento de desescalar el conflicto en parte de Ucrania para centrarse en la conquista del Donbás.

El Texas, pese a todo, siguió la tendencia bajista que comenzó en la víspera por los confinamientos impuestos en Shanghái (China) para controlar un rebrote de covid-19, que podrían afectar a la demanda global de crudo.

Los precios de los combustibles se han disparado desde el comienzo del conflicto bélico en el este de Europa y el barril de referencia en EE.UU., que hoy llegó a bajar de los 100 dólares, llegó a rozar los 130 a principios de marzo.

Esas alzas repercutieron de inmediato sobre los consumidores, tanto en los combustibles de automoción como en los de uso doméstico, llegando a picos históricos de precios.

Previamente, el mercado ya se presentaba muy ajustado debido a la creciente demanda derivada de la reactivación económica tras la crisis del coronavirus y la oferta limitada

Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en abril bajaron 17 centavos hasta 5,34 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes recortaron casi 2 centavos, hasta 3,20 dólares el galón.

Fuente: Banca y Negocios

De acuerdo con el reciente informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2021), publicado por Transparencia Internacional, Venezuela se encuentra entre los países más corruptos del mundo.

El patrón de Gran Corrupción, instaurado en el país durante las dos últimas décadas, ha empujado a cerca de 7 millones de connacionales a buscar mejores condiciones de vida fuera de nuestras fronteras, y se ha convertido en el principal obstáculo para el crecimiento económico, político y social de la nación, señala un informe del think tank liberal venezolano Cedice-Libertad.

Los efectos perniciosos de este fenómeno se sienten de forma particular en el sector privado. Para ayudar a comprender la dimensión del entramado de actos ilícitos, los actores que participan y su alcance en las actividades económicas, Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, a través de se Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento, preparó el documento Impacto de la corrupción en las empresas privadas.

El informe permite conocer la posible corrupción y sus secuelas en sectores esenciales de la economía nacional, que se traducen en mayores penurias para los ciudadanos como consumidores y usuarios de los productos, obras y servicios que generan las empresas.

Además, las actividades productivas y comerciales no están exentas de ser afectadas por prácticas corruptas, que exponen a las organizaciones a riesgos de reputación y eventuales daños a su valor en el mercado.

Ante esta realidad, instancias internacionales y organizaciones civiles han advertido sobre la necesidad de promover la transparencia y la lucha anticorrupción en las empresas, y de actualizar el marco legal que regula los principales ilícitos que ocurren en el ámbito privado.

En el caso de Venezuela, el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizado en junio de 2021, dictaminó que la legislación sobre el soborno y la extorsión en el país se encuentra retrasada.

A su vez, instaron al Estado, a las empresas y a la sociedad civil a desarrollar iniciativas para prevenir y erradicar las irregularidades e ilícitos en que pudieran incurrir los distintos actores que forman parte de este sector: personal, directivos, socios o agentes que operan en su nombre.

Por ello, en concordancia con los preceptos del artículo 12 de dicha Convención, el Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento de la Coalición Anticorrupción, también elaboró una propuesta de 25 Buenas Prácticas para una gestión empresarial transparente, a ser implementada por el sector, tanto productivo como el de comercio y servicios, con el objeto de promover la transparencia y el correcto ejercicio de sus actividades comerciales.

El Grupo Sectorial de Producción y Abastecimiento es una iniciativa estratégica de la Coalición Anticorrupción, movimiento ciudadano promovido por Transparencia Venezuela, que suma 923 organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Su objetivo es hacer seguimiento al impacto de la corrupción en el área de su competencia, así como impulsar el desarrollo de acciones para erradicar este flagelo y visibilizar su impacto en la sociedad.

Fuente: El Nacional

El domingo 27 de marzo entró en vigencia la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, la cual que consiste en el pago de 3 % sobre cualquier compra que se haga con divisas en efectivo o criptomonedas distintas al petro.

Camilo London, licenciado en administración comercial con especialización en finanzas y gestión de tributos internos, señaló que el IGTF «tiene un nombre engañoso, porque no hay un piso ni un techo, sino que aplica a cualquier pago en divisas en efectivo a un sujeto pasivo especial».

«Para tener la designación de sujeto pasivo especial, hace falta tener ingresos brutos igual o mayor a 600 bolívares en un año»; razón por la cual casi todos los comercios forman parte de la categoría y deben facturar el tributo.

En tal sentido, «se estaría esperando que la ciudadanía, al percatarse que al realizar una compra con divisas en efectivo tendrá que pagar el impuesto, comience a no tener tanto aprecio hacia el dólar y preferir el bolívar».

Una opción que plantea el especialista, es manejar una cuenta en dólares en la banca nacional y pagar en bolívares a través de la tarjeta de débito, porque dicha operación no será pechada.

También destacó en una entrevista para Unión Radio que, este impuesto se aplica al pago y no se hace la exclusión del IVA, razón por la cual ambos impuestos se suman al importe de la compra.

Por su parte, el abogado y especialista en derecho tributario, Daniel Betancourt, coincidió en que el impuesto no es a las «Grandes Transacciones», sino a cualquier operación y que, lamentablemente la reforma tiene mayor incidencia en los venezolanos que no están bancarizados en divisas; porque si obtiene un pago por cualquier trabajo con dólares en efectivo, entonces al usar ese billete será pechado.

Fuente: Globovision

Una compañía petrolera rusa, utilizada para proporcionar una solución a las sanciones de Estados Unidos sobre el comercio de petróleo en Venezuela, está luchando para evitar otra serie de sanciones, esta vez de Europa y Estados Unidos, como consecuencia de la invasión de Rusia de Ucrania.

Rusia es uno de los pocos aliados de Venezuela en la escena internacional. Sus empresas han ayudado a la petrolera estatal PDVSA a mantener la producción en los últimos años, a pesar de las sanciones de Estados Unidos que pretenden privar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de su principal fuente de ingresos por exportaciones.

Roszarubezhneft se constituyó en 2020 y poco después adquirió las participaciones venezolanas del gigante petrolero estatal ruso Rosneft, cuando Washington impuso sanciones a dos de las unidades de esta corporación por comercializar petróleo venezolano.

Las cinco empresas conjuntas que Roszarubezhneft adquirió producen unos 125.000 barriles diarios (bpd) de crudo en Venezuela y emplean a unos 200 trabajadores rusos y locales, según fuentes y analistas. Esto equivale a cerca del 16% de los 788.000 bpd que produjo Venezuela el mes pasado.

Roszarubezhneft está tratando de transferir la propiedad de sus activos venezolanos de sus unidades europeas a otra empresa en Rusia para evitar «el bloqueo de las actividades o la confiscación de los activos de las empresas del grupo», dijo uno de varios documentos de la empresa revisados por Reuters.

La transferencia de la propiedad de los activos era necesaria para «preservar el control y la gestión de los activos y el funcionamiento estable de sus unidades de negocio», según una carta del 16 de marzo enviada por un ejecutivo de Roszarubezhneft a sus filiales venezolanas.

La carta no decía cuándo podrían producirse las transferencias, ni en qué lugar de Europa estaban registradas las empresas. Los ejecutivos de Roszarubezhneft culpaban de su situación a «las acciones inamistosas de Estados Unidos y sus estados extranjeros aliados y organizaciones internacionales».

Las sanciones existentes ya han afectado a los negocios de Roszarubezhneft en Venezuela al privarle de divisas, según los documentos, lo que le obliga a pagar a sus trabajadores y proveedores en el país sudamericano en rublos y bolívares.

Los rublos no son ampliamente aceptados en la economía venezolana, cada vez más basada en el dólar, y no hay empresas de cambio de divisas autorizadas. Los trabajadores rusos que cobran en rublos tendrían que encontrar a alguien dispuesto a cambiarlos por dólares o euros.

Estas dificultades ponen de manifiesto el gran alcance de las sanciones sobre las empresas rusas y sus operaciones internacionales. La falta de divisas llevó a los directivos de Roszarubezhneft en Venezuela a escribir a sus jefes lamentando la imposibilidad de pagar la vivienda, los seguros y las necesidades cotidianas, según muestran los documentos.

Estados Unidos sancionó al sector petrolero de Venezuela en 2019 con la esperanza de forzar la salida de Maduro y, con el tiempo, incluyó en la lista negra a las empresas que comercian con el crudo venezolano. Las sanciones recortaron fuertemente las exportaciones de petróleo de Venezuela, pero no lograron derrocar al líder socialista, cuya reelección Washington calificó de farsa.

La mayoría de los empleados de Rosneft se quedaron en el país después de la transferencia de activos, según dos fuentes enteradas. El antiguo jefe de Rosneft en Venezuela es ahora el representante legal de Petrolera  Roszarubezhneft (Cyprus, L.t.d.), según un documento visto por Reuters y registros en línea.

Roszarubezhneft es propiedad de la Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad Gubernamental de Rusia, una unidad del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, según la agencia de noticias estatal rusa Tass, que describió la empresa en su formación con un patrimonio de 4.060 millones de dólares.

La carta del 16 de marzo del ejecutivo de Roszarubezhneft pedía a los gestores en Venezuela que completaran rápidamente las transferencias de capital y notificaran el cambio a PDVSA.

De sus activos en Venezuela, las participaciones en las empresas conjuntas Petroperijá, Boquerón y Petromonagas están en manos de unidades con sede en Europa y se transferirían a Petromost, con sede en Moscú, que según los registros corporativos en línea también es propiedad de Roszarubezhneft.

La petrolera estatal venezolana aún no ha sido notificada formalmente, dijo el lunes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto. Los ejecutivos de PDVSA y Roszarubezhneft se reunieron en Caracas la semana pasada para discutir planes para aumentar la producción, agregó.

PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Roszarubezhneft no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de su sitio web. Los intentos de comunicarse con Roszarubezhneft en Caracas en los números de teléfono utilizados anteriormente por Rosneft fueron infructuosos.

– Salarios en rublos –

Las unidades venezolanas de Roszarubezhneft se han visto obligadas a cambiar los salarios denominados en dólares por rublos y bolívares tras las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que prohíben las transacciones con algunas empresas rusas, según dos fuentes familiarizadas con el asunto y uno de los documentos vistos por Reuters.

Los gastos de transporte, seguros y alojamiento del personal en Venezuela se han visto obstaculizados por la falta de divisas. La suspensión de las operaciones de Visa y Mastercard en Rusia significa que los empleados de Roszarubezhneft, en su mayoría ciudadanos rusos, «ya no pueden realizar pagos para asegurar su vida diaria», escribió un directivo de Venezuela.

«La empresa ha perdido la oportunidad de cumplir con sus obligaciones en moneda fuerte para pagar los salarios a los contratistas, los trabajadores locales y el personal», decía una carta enviada el 7 de marzo desde una de las unidades de Venezuela al director general de Roszarubezhneft, Nikolay Rybchuk.

Pagar la vivienda de los trabajadores rusos en moneda local aumentaría los costos hasta un 30%, informó la unidad a sus jefes. Pagar los salarios en bolívares también expondría a los trabajadores venezolanos a la hiperinflación, que según las autoridades fue del 686% el año pasado. Parte del personal aceptaría un retraso en el pago hasta que estuviera disponible en moneda fuerte, decía la carta.

La unidad pidió permiso a la empresa matriz para permitir a los trabajadores realizar transacciones individuales en divisas en Venezuela, que tendrían que hacerse en el mercado informal.

Fuente: El Universal

Productos como pinturas y esmaltes, lubricantes, y productos de higiene del hogar e industrial, que desde hace años se elaboran en el país con calidad y precios competitivos, están siendo desplazados por sus pares provenientes de otras latitudes que entran libremente a nuestro mercado sin pagar aranceles ni Impuesto al Valor Agregado (IVA) debido al decreto que está vigente desde agosto de 2018 y cuya renovación estaría por darse en los próximos días.

En ese sentido, aunque se observa una mejoría en la situación del sector, según la Encuesta de Coyuntura del IV trimestre de 2021 realizada por la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), 74% de las empresas están operando por debajo del 40% de su capacidad.

Esto quiere decir que 3 de cada 4 empresas tienen ociosa más del 60% de su capacidad de producción.  

Lo ideal es que las empresas trabajen a 70 u 80% de su capacidad para poder producir eficientemente optimizando costos y generando más empleos.

Guillermo Wallis, presidente de ASOQUIM, explicó en ese sentido que si las empresas tienen que producir menos y, por lo tanto, vender menos, eso significa que los ingresos no son suficientes para contratar más trabajadores y mucho menos para mejorar los salarios y beneficios. Por el contrario, cuando aumenta la producción y las ventas estas empresas tienen incentivos para generar más empleos, subir las remuneraciones y dar más beneficios a su personal.

Actualmente, tanto industriales como comerciantes del sector coinciden en que los principales factores limitantes para su actividad económica son la baja demanda nacional, la competencia de productos importados, la falta de financiamiento y los excesivos tributos fiscales y parafiscales.

Al analizar las ventas del cuarto trimestre de 2021 con las del mismo lapso de 2020 –cuando la actividad comercial cayó por la pandemia- se observa que 53,5% de los encuestados afirmó que hubo un incremento, mientras que para 23,7% se mantuvo igual y el restante 21,1% sufrió una caída.

Por otra parte, 60,7% de la muestra logró incrementar su producción, mientras que casi 30% reportó una disminución.

En este punto es imprescindible destacar que, si bien la actividad del sector químico y petroquímico logró cierta recuperación al cierre de 2021, no es menos cierto que dicha comparación se hace con respecto a un año 2020 donde la producción y las ventas bajaron significativamente como consecuencia del cierre de la economía debido a la pandemia.

Wallis hizo énfasis en que la recuperación real, no sólo del sector que representa sino también de la industria en general, pasa por la derogación del decreto que abrió la importación de bienes terminados con privilegios arancelarios, cuando deberían cobrarse los mismos impuestos que sí debe pagar el empresario nacional.

“Si el gobierno espera que la economía venezolana presente mejores indicadores en el corto plazo, que es también nuestra aspiración, es imprescindible que las autoridades tomen en cuenta los planteamientos y solicitudes del empresariado que se mantiene firme produciendo, trabajando y generando bienestar para sus trabajadores y el consumidor en general”, recalcó el dirigente gremial del sector químico.

Fuente: 2001

Este domingo 27 de marzo entró en vigencia la reforma al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que, incluye un cobro de 3% a las transacciones en divisas en efectivo. Al respecto, el economista Victor Álvarez opina que, se trata de un «aumento encubierto del IVA» que, ahora sería de 19%.

Para Álvarez, «se están gravando las transacciones comerciales, no solo las financieras».

De acuerdo a la firma Ecoanalítica, «el 60 % de los pagos en comercios se hace en divisas. De esta proporción, cerca del 65 % son en efectivo».

Por otro lado, el circulante de efectivo en dólares en Venezuela, lo estiman en US$ 2.600 millones.

Debido a la confusión y desconocimiento sobre la aplicabilidad del nuevo gravamen, algunos comercios comenzaron a negarse este lunes a recibir el pago en dólares en efectivo. Otros, advertían a sus clientes sobre el nuevo impuesto.

Fuente: Banca y Negocios