Después de casi cuatro años de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta aún lucha por demostrar su inocencia y conseguir la libertad.
Desde su arresto en 2018, acusado por su presunta participación en una rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro para sabotear las elecciones que dieron la reelección al dirigente oficialista, el militar ha estado casi totalmente incomunicado de su familia.
El 21 de marzo de 2021 lo trasladaron a Fuerte Tiuna, donde continúa cautivo.
Molly de la Sotta, hermana del oficial, denunció otra vez las condiciones infrahumanas en las que sobrevive su hermano bajo custodia de la Dgcim.
Recordó que el cuerpo de seguridad lo arrestó cuando “estaba acuartelado, como todas las Fuerzas Armadas, por el Plan República, entre el 17 y el 23 de mayo de 2018”.
Relató que entonces “el gobierno detuvo a unos 200 militares por supuesta conspiración para impedir las elecciones”.
El capitán de navío De la Sotta era el segundo comandante de la Octava Brigada de los Comandos de Mar en la bahía de Turiamo, en el estado Aragua.
“Lo torturaron y encerraron en los sótanos infrahumanos de la Dgcim durante 34 meses”, señaló la hermana.
Añadió que el 21 de marzo del año pasado lo trasladaron a Fuerte Tiuna, donde no saben cuál es su condición.
Defienden la inocencia del capitán De la Sotta
Familiares del capitán De la Sotta sostienen que la justicia “no presenta pruebas ni ha podido demostrar delito alguno». Señalan que tampoco existen evidencias de supuesta conspiración con la dirigente política María Corina Machado.
«Una semana antes de la detención, mi hermano había discutido con su comandante, el contralmirante, ahora vicealmirante, Edward Ojeda Sojo”, precisó la hermana del capitán de navío.
Explicó que la discusión entre los dos militares se dio tras acusaciones contra De la Sotta por “presuntamente robarse la comida de la tropa”.
Denuncian tratos crueles e inhumanos
Durante los años que lleva recluido el capitán, familiares han formulado reiteradas denuncias ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y tribunales militares sobre las torturas que soportó De la Sotta a manos de los custodios.
Sin embargo, no se han iniciado las investigaciones ni se protegen sus derechos humanos, manifestó Molly de la Sotta.
Detalló que al momento de la detención del oficial, cuatro sujetos «lo golpearon con palos, le aplicaron asfixia mecánica con bolsa plástica, electricidad y polvo lacrimógeno en los ojos. Lo mantuvieron en el piso con restricción de alimentos y aseo personal”.
A De la Sotta lo presentaron ante la jueza militar Claudia Pérez de Mogollón.
El capitán de navío, que asistió a la presentación con “ropa sucia y ensangrentada”, “denunció las torturas y se declaró inocente”, indicó la hermana.
Pero la jueza ignoró la denuncia y solo respondió “que las torturas no eran de su incumbencia», dijo Molly de la Sotta.
Posteriormente, la encargada del juicio devolvió al militar a los sótanos de la Dgcim en Caracas.
En ese lugar permaneció durante 14 mesesen “una celda de tortura”, en la cual compartió inodoro con 4 personas.
Instancias internacionales
Molly de la Sotta destacó que el caso de su hermano también fue presentado ante instancias internacionales.
Lo evaluó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en su 92° período de sesiones, del 15 al 19 de noviembre de 2021.
La delegación de la ONU determinó que “la privación de libertad de los señores Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Ruperto Molina Ramírez, Abraham Américo Suarez Ramos, Adrián Leonardo de Gouveia de Sosa, Ricardo Efraín González Torres, Carlos Gustavo Macsotay Rauseo y Elías José Noriega Manrique es arbitraria”.
Consideró que, “teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los señores Luis Humberto de la Sotta Quiroga (y los nombrados) inmediatamente en libertad», además de «concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
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Por su parte, el “relator contra la Tortura y Detención Arbitraria, envió correspondencia a la Cancillería venezolana el 5 de marzo del 2020” y “denunció el caso, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta”.
También la Misión Independiente de las Naciones Unidas sobre los hechos en Venezuela del año 2020, concluyó que se cometió desaparición forzada a corto plazo, detención arbitraria, torturas, entre otros, y solicitó su liberación.
En el informe del secretario general de la ONU de septiembre 2021, se denunció de igual forma el caso del oficial Luis de la Sotta.
Al ser un ciudadano con doble nacionalidad, venezolana y peruana, al cónsul no se le permite ingresar para visitarlo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas en octubre de 2018, pero no se cumplieron.
Condición legal
El capitán de navío tiene 3 años y 10 meses detenido sin juicio: “La segunda audiencia preliminar se efectuó el 10 de agosto 2021”. La decisión se apeló y se declaró con lugar el 15 de diciembre de 2021, razón por la que no habrá juicio en este momento, aunque se ratificó la detención.
Sin embargo, “tres meses después no publican la decisión (el lapso son 10 días) ni se efectúa la audiencia para informar sobre otra audiencia preliminar (la tercera en casi cuatro años) u otras medidas cautelares”.
Además, según la reforma del Código Orgánico Penal venezolano, «en septiembre 2021, después de los tres años sin juicio, debe aplicarse el decaímiento de la medida de privación de libertad”.
Sin embargo, “el 27 de enero de 2022 el juez general de brigada Luis Galavis González declaró sin lugar la solicitud” del abogado.
Sin atención médica
La familia destacó que no hay atención médica al militar, cuya salud es comprometida. Esto, según la hermana, a consecuencia de las “torturas recibidas, sus condiciones de detención insalubres e infrahumanas», así como «el contagio de covid-19 sin que fuera atendido; todo esto comprometió su salud”.
Además, el militar también padece hipertensión, hipertriglicemia, vértigo y mareos, así como pérdida de audición en un oído debido a los golpes recibidos, entre otras dolencias.
“El juez no ha querido firmar el traslado de mi hermano a la clínica», aseguró Molly de la Sotta. Indicó que tiene mucho tiempo tratando de que se atienda su salud.
Solicitud al gobierno venezolano
La familia del oficial Luis Humberto de la Sotta señala que “el régimen de Maduro, a pesar de estar en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de que la CPI investiga a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, no cumple ni con las reformas que le prometió a la señora Bachelet, ni a la Corte Penal Internacional”.
“Mi hermano y otros militares tienen más de tres años sin juicio y están presos», expresó la hermana.
«Tampoco se cumplen los procedimientos internacionales de la ONU, a pesar de que la oficina de la alta comisionado está en Venezuela desde 2019», destacó.
Manifestó que no han visto cambio alguno con respecto a la liberación de los militares.
“Mi solicitud es que se cumplan los procedimientos, que los dejen en libertad, y que la alta comisionada Michelle Bachelet denuncie la situación que vivimos en Venezuela, porque los familiares no tenemos a dónde ir”, enfatizó.
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Fuente: El Nacional
