Casi medio millón de fallas eléctricas se han registrado desde que la administración de Nicolás Maduro prometiera recuperar el sistema eléctrico, luego del gran apagón del 7 de marzo de 2019, que se extendió casi una semana.
Desde marzo de ese año hasta febrero de 2022, se documentaron, al menos, 436.285 fallas, de acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones, una instancia que lleva la cuenta de las interrupciones del suministro eléctrico y sus efectos, ante la falta de cifras oficiales.
La data registrada por el comité evidencia que las fallas se han incrementado desde entonces, algo de lo que Maduro culpa a ataques externos, planificados por EEUU y Colombia, a las centrales hidroeléctricas venezolanas.
Asimismo, responsabiliza al bloqueo por sanciones internacionales de no contar con la capacidad material de resolver el problema y mejorar el suministro eléctrico para los venezolanos.
En 2020 se reportaron por lo menos 157.719 interrupciones del servicio, cifra que representa un aumento del 86% respecto a 2019; y en 2021 se documentaron 190.006, un incremento del 20,4% respecto al año anterior.
Durante el año 2021, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.066 protestas por servicios básicos, de las cuales 587 fueron en rechazo a los constantes y prolongados cortes de electricidad.
En lo que va de 2022, 47,1% de los venezolanos ha valorado el servicio eléctrico negativamente, y el 76,4% asegura haber sufrido pérdida o desperfecto en algún electrodoméstico, según el Observatorio de los Servicios Públicos (OVSP).
«Han pasado tres años y no ha habido mejoría. Ya ves con frecuencia bajones en el Área Metropolitana de Caracas que no se veían con frecuencia, y en el interior estas fallas son a diario. Sigue el sistema colapsado, eso no ha bajado, más bien, se ha incrementado», dijo a Efe Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por Apagones.
Nueve años después de que el fallecido presidente Hugo Chávez decretara una emergencia eléctrica, Venezuela vivió, según el comité, ocho apagones que dejaron una profunda cicatriz en la población y que, a su vez, colapsaron otros servicios como el agua y las telecomunicaciones.
Solo durante el primer gran apagón del 2019, del 7 al 11 de marzo, murieron 21 pacientes, según la ONG Médicos por la Salud.
Fue un antes y un después. Se volvió imprescindible tener una planta eléctrica como requisito no oficial para operar en el país.
Y mientras los venezolanos buscaban la manera de adquirir productos básicos en medio de las fallas y los empresarios aguantaban para no bajar las santamarías, Maduro culpaba de las interrupciones a los sabotajes y ataques, una vez más, e incluso a daños en los cables por mordeduras de una iguana.
Las instalaciones, sin embargo, están bajo la custodia y control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde que así lo ordenó el Gobierno venezolano en 2013.
Un informe de Transparencia Venezuela, publicado en marzo de 2020, indica que a partir del año 2010, cuando ya el Estado había expropiado y nacionalizado 19 empresas eléctricas, se agudizó la crisis en el suministro, con «perversos efectos en la vida cotidiana, afectando el derecho a la educación, a servicios públicos de calidad, al trabajo, al comercio y hasta el derecho a la vida».
Según el documento, las administraciones de Chávez y Maduro «asignaron 40 contratos a dedo por un total de 37.691 millones de dólares». Sin embargo, «solo se implementaron 23 de ellos y se estima un sobreprecio de 23.033 millones de dólares».
Entretanto, los cortes continúan incrementándose. En enero de 2022, se registraron, al menos, 2.390 fallas; y en febrero pasado, 4.178, de acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones.
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