En atención a la importancia vital de la energía eléctrica, agua potable y transporte público para los ciudadanos, así como a su poca presencia en el debate público nacional,  el IEPFT realizó el Foro “Servicios Públicos, crisis y soluciones”. Destacados panelistas expusieron sus evaluaciones y plantearon la reinstitucionalización del país para mejorar la calidad de vida en el país. 

 
El problema de los  servicios públicos se ha convertido en una de las principales dificultades de la gente en Venezuela.  No solo afecta su vida cotidiana, sino que también impacta negativamente en las actividades de la producción, el trabajo, la educación, la salud y la recreación.
“Si pensamos en serio en la recuperación de la economía venezolana, la reactivación de la agricultura y la ganadería;  la industria; la sostenibilidad del comercio y el desarrollo de los servicios; la recuperación de la educación a niveles contemporáneos; con sus repercusiones en las oportunidades de trabajo y la calidad de vida, no podemos ignorar los servicios públicos. Ignorar  lo mucho que hay que hacer en estos campos sería mantenernos en el nebuloso plano de la fantasía”, expresó el profesor Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT).  Y destacó que a pesar de lo esenciales que son la luz eléctrica, el agua potable y la movilidad para los ciudadanos, “apenas aparecen en la agenda del debate público”.

Con esta consideración, Aveledo presentó el Foro “Servicios Públicos, crisis y soluciones”, promovido por el Instituto, con el interés de abordar el tema y de “asomar” soluciones. Participaron  los destacados ingenieros: Manuel Guevara, en el área del sistema eléctrico; José María de Viana, en el servicio de agua potable; e Isandra Villegas, en transporte público y movilidad urbana. También, el arquitecto  Richard Casanova intervino en el tema de los servicios y la ciudadanía. Los especialistas analizaron la situación en los últimos años, aportaron posibles soluciones y coincidieron en que un cambio político y la reinstitucionalización del país son indispensables para ofrecer mejores servicios a los venezolanos.     

  
El foro fue realizado, vía online, con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), en alianza con la UCAB y con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación.  La moderación estuvo a cargo de Daribel Ávila, directiva del CIV.

Sector privado, una luz contra la precariedad eléctrica
Manuel Guevara,  consultor independiente en empresas públicas y privadas y coordinador-fundador del ciclo de foros del IEPFT, señaló que el sistema eléctrico, en crisis desde los apagones de 2008,  hoy se encuentra “estancado en la precariedad”. Todas sus fases de generación, transmisión, distribución y comercialización permanecen afectadas por falta de inversión y corrupción.

 Mientras,  ha permanecido en una “crisis sistémica”, en la que se conjugan varios factores: la caída de la producción petrolera, la falta de suministro de combustibles fundamentales para las plantas de generación térmica, el desplome brutal del PIB y la incapacidad del Estado para financiar el servicio eléctrico que “nunca ha sido autosustentable”.
La precariedad comienza, dijo, a partir de 2013, tres años después de la emergencia eléctrica que apagó a 23 estados del país en plena sequía. Recordó que el gobierno de Hugo Chávez había realizado inversiones gigantescas que no se concretaron en plantas ni equipos ni líneas, sino en corrupción. 

“A partir de año hay una caída abrupta de la demanda máxima y por otro lado de la energía generada, lo que retrata la magnitud de la crisis eléctrica en esa fecha, lo cual lleva a que hemos retrocedido 20 años.  Pero vemos que se ha detenido la caída y hay cierta estabilidad en el bajo nivel similar al del año 2009”, apuntó basado en datos que han surgido, en medio de la opacidad informativa oficial.  

Argumentó la falta de atención al sistema eléctrico. Por ejemplo, desde 2015  no se ha instalado ninguna unidad de generación nueva,  y solo se han hecho gastos complementarios para recuperar algunas unidades instaladas. Después del  gran apagón nacional de 2019, Corpoelec realizó algunas inversiones puntuales sobre todo en el área de transmisión, “en un intento de corregir el problema  en la línea de transmisión en Guri que ocasionó la destrucción de algunas unidades y la interrupción eléctrica”.

“Entre 2020 y 2021 las pocas inversiones fueron para muy pocas líneas de transmisión, muchas de estas complementarias para tramos inconclusos. También subestaciones de distribución, transformadores,  para suplir la gran cantidad que estalla por sobrecarga o por ser equipos muy viejos y sin mantenimiento; así como en pocas unidades de generación, para parapetear el sistema”, indicó Guevara.  “Y el sistema de comercialización sigue colapsado y rezagado”, completó.

En la actualidad persisten los frecuentes apagones, bajones, racionamientos y averías. “Hay  certeza de que todo el sistema eléctrico venezolano está deteriorado, de que la capacidad de generación disponible para atender la demanda actual y cualquier aumento de esta no es suficiente para mantener un servicio confiable,  sin racionamiento. También, de que el grueso de las averías ocurre en el  sistema de distribución que está ligada directamente al usuario. Y de que Corpoelec carece de suficiente personal profesional, técnico y obrero calificado, porque  buena parte se ha ido de la empresa por los sueldos”.

Agregó que la empresa estatal tampoco tiene los recursos financieros y técnicos para operar.  “El presupuesto de Corpoelec depende casi enteramente del presupuesto público y no dispone de recursos propios. Lo que recibe por tarifas es realmente muy bajo. Aproximadamente 30% de los usuarios no tienen medidor, muchos no pagan, o no saben ni cuánto consumen”.

Guevara apoyó su opinión sobre el “estancamiento” en los resultados de la reciente encuesta de percepción del servicio, que realizó el OVSP en 12 ciudades. El malestar por la falta de calidad del suministro en las comunidades se mantiene, aunque disminuyó. Mientras en 2021, más de 50% de usuarios consultados decía que el servicio era malo, en enero- febrero de 2022 la percepción negativa bajó a 47%, aunque sigue siendo alta”.  A pesar de la impresión positiva en Caracas que llegó a 76,6%,  en Táchira y en otros estados como Mérida, Zulia y Falcón,  descendió a 26%, indicó Guevara al hacer referencia el estudio.     

A pesar de la complejidad, la crisis eléctrica tiene solución si se aborda de una manera integral, precisó Guevara. Esa integralidad implica cambios estructurales, políticos, macroeconómicos, en la industria de los hidrocarburos, en el marco legal que rige el servicio y que no sea socialistas; cambios en la estructura del sector. “Sin estos cambios no es posible una solución permanente, durable, sostenible de la crisis eléctrica”. Mencionó además la necesidad de grandes inversiones y la participación del sector privado en los planes de recuperación. “Esto es indispensable”.
Servicio de agua: Más talento que inversiones

José María de Viana, ex presidente de Hidrocapital (1992-1999)  y ex director Acueducto Metropolitano de Caracas (1983), expuso el drama que ha signado el servicio de agua potable en Venezuela, “a pesar de que el país fue pionero en el desarrollo del sistema sanitario”, y que se ha agravado en el tiempo.

En la actualidad, los grandes acueductos que surten a las ciudades están recibiendo el 50% de agua potable de la capacidad de su sistema carente de rehabilitación. En estas condiciones solamente 17% de las familias reportan servicio continuo  y las interrupciones del suministro por tubería significan meses sin servicio para una parte de los ciudadanos, señaló. A esto añadió los “severos problemas de calidad de agua”, al no funcionar correctamente los sistemas de tratamiento que permitirían el consumo de “agua tratada”. “Pero,  además hay un severo problema de contaminación de agua en fuente que construyó el propio gobierno, especialmente obras asociadas con los trasvase hacia Camatagua (Aragua)  o Cachinche (Carabobo) que resultaron muy mal hechas, mal concebidas técnicamente, y que generaron  una contaminación producida por el propio gobierno, debido a que no había discusión técnica”. Y enfatizó especialmente que las empresas “son incompetentes, porque no cuentan con recursos técnicos ni operativos; pero sobretodo no cuentan con talento”.

“Las empresas tuvieron una perdida grave  de talento, porque el problema no es solo de recursos;  es más de talento, y está demostrado que Venezuela tuvo  dinero pero el talento que había no era el correcto técnicamente.  Y tuvimos una perdida en 50 años”.

El estado de deterioro del servicio de agua lo contrastó con la época en que en Venezuela “hicimos muchas cosas muy bien hechas y se asoció la infraestructura con la salud, en un avance asombroso. “Tan es así que Venezuela fue uno de los primeros países del mundo que logra erradicar la Malaria, antes inclusive que países industrializados”.

Efectivamente, lo que hizo que el sistema de agua potable fuese bien desarrollado fue el plan sanitario que luego se extendió por todo el país, con importante infraestructura, apuntó.  El INOS, escuela de formación de recurso humano, puso énfasis en el sistema sanitario. “La construcción de acueductos y del sistema de saneamiento estuvo asociado con el combate de las grandes enfermedades tropicales y es una de las inversiones sanitarias de mayor alcance que se realiza en ese entonces”.

Consideró que al final del siglo XX ese programa  llevó al desarrollo de servicios de altísima calidad. “Eran la manera de cómo la democracia  generaba el pacto social, la forma como los venezolanos recibían una acción del gobierno era a través de los servicios públicos y en consecuencia se desarrollaron empresas en el sector privado, como la EDC, y en el sector público, como Edelca y el Metro, de alta calidad”.

La llegada del nuevo gobierno de 1999 modificó ese proceso y el proyecto político autoritario diseñó un proceso de colonización, de control de las empresas de servicio, refirió de Viana. Después de la tradición de meritocracia y de carga profesional en grandes empresas como Hidrocapital, “estas dejaron de estar destinadas al servicio de la gente para convertirse en herramientas al servicio de la revolución”. 

Comenzó entonces el proceso de remoción de toda la estructura de gobierno corporativo y personal capacitado de esas empresas, indicó de Viana.  “En el caso de agua, en el mayor acueducto de Caracas construido se gastaron 500 millones de dólares del Fondo Chino y se conectó a un embalse que estaba totalmente colmatado desde los años 90”.

Afirmó que en el periodo de mayores ingresos petroleros de Venezuela,  entre 2004 y 2014, el gasto de servicios de agua y energía fue mayor que el hecho durante todo el siglo XX.  “Eso quiere decir que de todo el valor de reposición de los activos de agua y saneamiento que eran 18 mil millones de dólares,  durante todo ese periodo se invirtieron cerca de 9 mil millones y realmente la inmensa mayoría de las obras es un inmenso problema”.
Para de Viana, en la reconstrucción de las soluciones se debe requerir de ayuda internacional, lo cual supone resolver el problema político interno para que la comunidad internacional vuelva a tener confianza. Pero sobretodo se requiere de reconstrucción institucional, lo que supone la aparición de empresas y escuelas de formación. Un objetivo planteado en el proyecto  Ruta del Agua que ha desarrollado junto con el grupo Orinoco y el Plan País.

 “Lo que hizo que se pudieran construir en el pasado las grandes empresas fueron organizaciones de capacidad técnica y compromiso ciudadano  que funcionaban con normas técnicas y administrativas de enorme transparencia”.  

Transporte y movilidad con más capacidad
Correspondió a Isandra Villegas exponer su visión acerca del transporte público y la movilidad urbana, uno de los servicios públicos clave duramente afectados en los últimos siete años. Esto, a pesar de que Venezuela ratificó en 2020 la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 relacionada con planificación urbana y políticas públicas transformadoras en beneficio de la sociedad.  

En general, mientras las conexiones regionales de pasajeros se han incrementado, las recargas han disminuido considerablemente afectadas por el deterior de la red vial,  la falta de medios de transporte alternativo, la inseguridad y la caída del nivel de producción, entre otros.
De acuerdo con variables establecidas, indicó que la cantidad de unidades de transporte público superficial que utilizan cotidianamente los venezolanos   ha disminuido drásticamente en las ciudades del país, lo que afecta la movilidad de los ciudadanos. Esto debido a la inflación, a la imposibilidad de renovar el parque automotor envejecido, la falta de combustible y de repuesto, así como la escasez de dinero en efectivo y tarifas inasequibles a los usuarios que representan entre 30 y 40 dólares por mes. A esto se le suma la pandemia.

“El impacto sobre miles de hogares donde los ingresos provenían del transporte público ha ocasionado pérdidas enormes y problemas sociales a los usuarios”, agregó la experta.

Al referirse a los planes de sistemas masivos urbanos, como el metro, metro cable y trolebús, entre otros, señaló que buena parte está en estado de retraso o paralizados. Mientras, los sistemas ferroviarios en seis regiones del país están paralizados, a pesar de la inversión que en casos supera los 10 mil millones de dólares.

Comentó que también en vialidad,  un indicador de desarrollo, Venezuela de ser uno de los países más avanzados en Latinoamérica pasó a ser en el siglo XXI uno de los más atrasados, con el deterioro de sus vías y carreteras. 
“Los planes de infraestructura tienen más de 50 años”. Destacó que de acuerdo con diagnósticos, las instituciones han sido dirigidas por personas ajenas a la materia, donde el tema vial no ha sido representado.  

Servicios públicos claves en el desarrollo nacional

Por su parte, Casanova, quien es especialista en temas municipales y diputado regional en Anzoátegui, analizó la relación entre el ejercicio de la ciudadanía y los servicios públicos. Como jefe de la Fundación Construyen País que ha desarrollado iniciativas locales en servicios públicos para los líderes comunitarios, consideró que “no se le está dando al problema  la importancia que tiene en un momento político tan particular como el que vive el país”.

El asunto, dijo, trasciende la actuación de los organismos competentes y requiere la responsabilidad de actores políticos, sociales y económicos.
“El problema de los servicios públicos es un asunto de Estado. No es solo competencia del gobierno que tiene la visión centralista, sino que hay además una corresponsabilidad del poder municipal, regional y nacional, pero además es competencia de las distintas instancias de los poderes públicos”.

Afirmó que a pesar de que oposición y gobierno tienen objetivos contrapuestos, atender la problemática debería ser un interés común.  
Es para el gobierno una obligación de carácter constitucional, por lo que debería atenderla por una razón de gobernabilidad. “Hoy todas los estudios de opinión revelan que buena parte de la conflictividad social está asociada a  la prestación de los servicios, pero lamentablemente no está preocupado por eso, sino que está enfocado en una agenda política que nada tiene que ver con la calamidad que sufre hoy la población”.

Y también debe ser un tema fundamental en la agenda de la oposición, destacó. “Sobre todo cuando el tema de los servicios públicos se ha convertido en un componente esencial vinculado al aspecto económico, sino también a la calidad de vida del venezolano”.

Convocó a los sectores a comprometerse con la solución del problema, en beneficio de los venezolanos.