El pasado 23 de noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de la excandidata presidencial y otros implicados en este caso

El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez afirmó este domingo que a fines de este año puede comenzar el juicio oral contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros personajes por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

«Hay pruebas respecto a los hechos por los cuales se ha acusado a Keiko Fujimori. Consideramos que si el Poder Judicial da los mecanismos y los medios que permitan la descarga procesal que necesitan los jueces… podemos estar entrando a un juzgamiento en el segundo semestre del presente año», declaró Pérez a la cadena estatal TVPerú.

El fiscal precisó que su despacho cree que ya «se podría juzgar a Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama y demás implicados a finales de este año».

Pérez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, recordó que su despacho ya concluyó las investigaciones del caso en marzo de 2021 y ha implicado a unas 40 personas, además de al partido Fuerza Popular.

«Procesalmente, nos encontramos en una etapa intermedia, una etapa que se conoce como de control de la acusación, el juez está revisando la acusación que la Fiscalía ha presentando para ver si de ella podemos ir a un juzgamiento», explicó.

Keiko Fujimori: detalles del caso

El pasado 23 de noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su esposo, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.

En ese sentido, se mantuvo la acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la excandidata, en el marco del proceso penal que afronta por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El fiscal acusa a Fujimori y los demás personajes vinculados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La tesis del Ministerio Público, que incluye más de 15.000 páginas, sostiene que la líder opositora habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, presuntos aportes ilícitos que recibió Fuerza Popular de la compañía brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas de 2011 y 2016.

El fiscal Pérez dio por concluida la investigación de este caso el 11 de marzo de este año, día en que presentó una acusación tras una investigación que se prolongó durante más de dos años.

La actual «etapa intermedia» del proceso puede demorar años, ya que el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional de Crimen Organizado, debe revisar la acusación fiscal y decidir si abre un juicio oral.

Un presunto implicado

El fiscal Pérez confirmó este domingo que el empresario Giancarlo Bertini, también vinculado a este caso, regresó al país y se presentó ante el juez Zúñiga tras haberse fugado en 2018.

«Giancarlo Bertini tiene una participación importante, porque es la persona que se encarga de captar a quienes van a presentarse como falsos aportantes» a las campañas de Fujimori, dijo.

Pérez reiteró que estas personas justificaron la entrega de dinero en pequeños montos, un término que los medios nacionales han denominado «pitufeo» y que, según el fiscal, fue «la modalidad de Fuerza Popular para lavar este dinero».

Jim Lo Scalzo | EFE

Jake Sullivan, asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apuntó que Estados Unidos cree que Rusia podría ivadir «cualquier día» a Ucrania.

Estados Unidos considera que Rusia podría invadir Ucrania “cualquier día”, pero aún trabaja por mantener la vía diplomática para rebajar las tensiones con Moscú, señaló este domingo Jake Sullivan, asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

En una entrevista en la cadena Fox, Sullivan comentó las posibilidades de un ataque militar de Rusia contra Ucrania.

“Cualquier día ahora, Rusia podría tomar acciones militares contra Ucrania o podría tomar un par de semanas o Rusia podría escoger tomar la vía diplomática”, señaló.

Sullivan reconoció que Rusia tiene diferentes alternativas entre las que citó la anexión de la región de Donbás, en el este de Ucrania; una invasión total que incluya llegar a Kiev o ataques informáticos.

En este sentido, advirtió a Rusia de las consecuencias de conflicto bélico.

“Si se desencadena una guerra, será con un enorme costo humano para Ucrania, pero creemos que de acuerdo a nuestras preparaciones y respuesta, también conllevará un coste estratégico para Rusia”, aseveró, al recalcar la unidad entre los aliados de la OTAN al respecto.

No obstante, reiteró que tanto EE.UU. como sus socios europeos prefieren una salida diplomática y apuntó que aún hay margen para el diálogo.

Por ello, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, remarcó en otra entrevista en la cadena CNN también este domingo que “todavía” trabajan para “disuadir a los rusos de tomar la decisión equivocada”.

La tensión se ha disparado en las últimas semanas por el despliegue de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, algo que EE.UU. considera la antesala de una invasión, si bien Rusia lo ha negado.

A su vez, Estados Unidos anunció el pasado miércoles el envío de 3.000 soldados a países aliados en el este de Europa, fronterizos con Ucrania.

Rusia, por su parte, instó a Estados Unidos a no agravar las tensiones y subrayó que adoptará medidas ante los planes de Washington de enviar un contingente militar adicional a Europa del este.

EFE

 
 
Los centros de votación en Costa Rica abrieron este domingo para recibir a las 3,5 millones de personas convocadas para elegir al presidente y los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el período 2022-2026.

Las mesas de votación en este país estarán abiertas 12 horas entre las 6:00 y las 18:00 horas locales (de 12:00 a 00:00 GMT) y se espera que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publique los primeros resultados a las 20:45 (02:45 GMT).

Son 3,5 millones de votantes los convocados a acudir a las 6.767 juntas receptoras de votos situadas en centros educativos de todo el país y hasta en centros penitenciarios, así como en consulados en 42 países.

Este proceso electoral tiene la particularidad de llevarse a cabo en el marco de la pandemia de COVID-19 y en la cúspide de la cuarta ola de contagios, por lo que las autoridades han pedido a la población respetar los protocolos sanitarios establecidos y aplicar medidas preventivas.

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Daniel Ortega ordena cierre de 14 universidades privadas en Nicaragua
Argumentan haber  «incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro», o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala»

Al menos 14 mil estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.

De súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia, quedaron en el «aire», tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.

«Es un golpe muy fuerte, porque no sabemos dónde vamos a ir a estudiar; y nuestros padres, que se han sacrificado (por nuestros estudios), el golpe es más fuerte para ellos», dijo a Efe la estudiante Neyma Hernández, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales de 2018.

Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro», o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala».

El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.

Cierre de universidades es ilegal

El abogado nicaragüense Yader Morazán explicó que la cancelación es ilegal, ya que las universidades «tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros, es decir, hasta el 28 de febrero» próximo.

Incluso con fallas, la ley manda a corregir, pero no al cierre, apuntó.

El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector de la educación superior, buscó dar tranquilidad al informar que garantizará la «continuidad de la educación», pero sólo encontró eco en los sindicatos de estudiantes afines al Gobierno.

Morazán recordó que, de acuerdo con la legislación nicaragüense, el CNU no está facultado para administrar universidades.

«Nuestra Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación», explicó, por su lado, la experta constitucionalista María Asunción Moreno, para quien el Estado está prácticamente confiscando las universidades privadas ilegalizadas.

Quiere controlar las universidades

Para algunos estudiantes el trasfondo del cierre de universidades está relacionado a un supuesto temor del presidente Ortega por perder el poder, que ostenta desde 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990.

«La verdad es que el régimen quiere oprimir los espacios de pensamiento crítico. Ortega le teme a la juventud pensante», dijo a Efe una estudiante de la Upoli, que pidió anonimato por temor a represalias.

La universitaria aseguró que desde la cancelación de las universidades ningún estudiante, docente, ni empleado, ha podido pasar de los portones, y que los guardas de seguridad amenazan a los visitantes con llamar a la Policía, cuyos agentes, uniformados y civiles, según ha podido constatar Efe, rondan los campus y detienen a quienes estiman conveniente.

Los universitarios han optado por la prudencia por temor a ser arrestados, expulsados de sus centros de estudios, se les elimine su historial académico, o se les prohíba retirar sus certificados, a como ocurrió con cientos de estudiantes que participaron en las protestas contra Ortega en 2018.

Asimismo, los alumnos entrevistados por Efe observaron que las autoridades ordenaron el cierre de las universidades justo antes de que iniciara el curso lectivo, con el fin de evitar levantamientos.

Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

LV