La entrevista fue publicada este viernes en el semanario «Hildebrandt en sus trece», del periodista peruano César Hildebrandt, quien entrevistó al mandatario el miércoles pasado en uno de los ambientes del Palacio de Gobierno de Lima.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ofreció su primera entrevista en nueve meses, en la que señaló que no se siente decepcionado de sí mismo.

Durante la instancia además consideró que su principal error hasta el momento ha sido “no saber a veces conocer a las personas” que le han rodeado.

Antes de esta entrevista, la última vez que Castillo había concedido una entrevista formal a un medio de comunicación se remonta a mediadosde abril de 2021.

Esto, días después de que protagonizó la primera sorpresa de las elecciones peruanas al ser el candidato más votado en primera vuelta.

Desde entonces, eran contadas las ocasiones en las que el gobernante izquierdista había respondido preguntas de las prensa.

Siempre daba breves interacciones durante sus actividades públicas, tanto como candidato como presidente, cargo que asumió el 28 de julio de 2021.

Ante la insistencia de los medios de comunicación y asociaciones de prensa, Castillo prometió en diciembre dar sus primeras entrevistas.

El primer medio elegido para hacerlo fue el independiente semanario de Hildebrandt frente a multitud de solicitudes de la prensa.

En esta entrevista, Castillo aseguró que está aprendiendo de sus errores y admitió que “es fácil ser candidato y llegar a presidente, pero es difícil gobernar”. Lo anterior, mientras que en otro momento reconoció que no lee periódicos ni mira la televisión.

También señaló que su principal preocupación es “la inestabilidad política” porque, según el jefe de Estado, “hay personas dedicadas a crear inestabilidad”.

Entrevista de Pedro Castillo

No obstante, el mandatario afirmó que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza disolver el Parlamento. Lo anterior, incluso cuando en diciembre ya protagonizó un primer intento frustrado de destituirlo.

Sobre las amenazas de “vacancia” (destitución) de la derecha peruana, que controla con mayoría el Congreso, Castillo apuntó que “ese es su sueño, el sueño de algunos…”.

Para Castillo, el mayor logro de su gestión hasta ahora ha sido el proceso de vacunación. Pese a esto, puso a la situación de la pandemia como excusa para no haber cumplido todavía sus principales promesas de campaña.

Sobre la aspiración de formar una Asamblea Constituyente para formular una nueva Constitución, el presidente señaló que llegarán hasta donde le deje el marco vigente de la actual carta magna, surgida en 1993 tras el “autogolpe” de Estado del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Asimismo, Castillo indicó que no hay “nada en concreto” que lo ate a Vladimir Cerrón, el líder del marxista partido Perú Libre, con el que el presidente ganó las elecciones.

Sobre política internacional, el mandatario peruano se abstuvo de calificar como dictadura a Cuba y Nicaragua al señalar que es respetuoso con la soberanía de los países y que no le gustaría que otro país se entrometa en la política de Perú.

EFE | EPA | Ministerio de Rusia

Con respecto a EEUU, Moscú propuso la firma de un nuevo tratado que excluya el emplazamiento de armamento nuclear fuera de las fronteras de ambos países y el retorno a sus silos de las armas ya desplegadas antes de la entrada en vigor del documento vinculante que propone.

Rusia demanda la retirada de las fuerzas extranjeras y de su armamento de Bulgaria y Rumania, punto incluido en las garantías de seguridad que exige Moscú.

Esto, para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras, afirmó hoy el Ministerio de Exteriores de Rusia.

“Se trata de la retirada de las fuerzas extranjeras, equipamiento bélico, armamento. Tienen el objetivo de retornar al estado existente en 1997 en los países que no eran miembros de la OTAN en aquel momento. Entre ellos están Bulgaria y Rumanía”, señaló la entidad diplomática.

Según el Ministerio de Exteriores las propuestas rusas “fueron formuladas de un modo totalmente preciso que no admite ningún tipo de doble interpretación”.

En los últimos años, Rusia acusó a la OTAN de incrementar su presencia militar y el despliegue de armamento cerca de sus fronteras.

Esto, desde los tres países bálticos -Lituania, Letonia y Estonia- hasta Polonia, Rumanía y Bulgaria. Se trata de elementos estratégicos que Moscú considera una amenaza directa para su seguridad.

En particular Rusia condenó el emplazamiento de elementos estratégicos del escudo antimisiles de la OTAN en Rumanía. Lo anterior, ya que estos pueden ser remodelados fácilmente para ser usados como lanzaderas de misiles.

Fronteras de Bulgaria y Rumania

Moscú divulgó en diciembre pasado los borradores del tratado y el acuerdo que propone a EEUU y la OTAN, respectivamente.

Esto, para abrir una nueva era de seguridad que ponga fin a la inestabilidad que trajo. Según el Kremlin, el fin de la Guerra Fría y la hegemonía en solitario de Washington sobre el globo.

En una propuesta sin precedentes, ambas partes también se comprometerían a la destrucción de la infraestructura ya existente para ello en el extranjero, además de dejar de efectuar ensayos nucleares e instruir a especialistas civiles y militares de otros países.

Rusia propuso a su vez a la OTAN un acuerdo de nueve puntos en el que destacan las demandas de que el bloque desista de “toda actividad militar” en territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central.

El tratado con Washington también le obligaría a descartar una futura expansión de la OTAN hacia el este renunciando a aceptar en el seno de la Alianza a todas las antiguas repúblicas soviéticas.

Las propuestas rusas fueron calificadas de ultimátum por Occidente, que sin embargo, ha defendido la posibilidad del diálogo diplomático para rebajar las tensiones en la frontera con Ucrania ante la amenaza de una invasión rusa.

EFE

 



Al menos 42 personas fallecieron y 132 están heridas por un bombardeo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención ubicado en Saada, bastión de los rebeldes hutíes en el norte del Yemen, informaron a Efe fuentes de la Dirección provincial de Salud.

Los cuerpos de las víctimas han sido contados en las morgues de tres hospitales de la ciudad de Saada, capital de la provincia homónima, mientras que las operaciones de rescate y búsqueda prosiguen en el lugar del ataque que tuvo lugar en la noche del jueves.

El blanco del bombardeo fue un edificio de dos plantas ubicado en la urbe que servía como centro de detención de acusados a la espera de juicio, muchos de ellos migrantes africanos que llegan al Yemen y tratan de acceder ilegalmente a Arabia Saudí, país fronterizo con Saada.

La provincia de Saada es fronteriza con Arabia Saudí y es uno de los principales bastiones de los rebeldes chiíes, que desde allí lanzan ataques con misiles y drones contra el reino, que a su vez actúa en territorio yemení con cazabombarderos.

Los aviones de la coalición árabe han lanzado una campaña de bombardeos en el Yemen esta semana, en respuesta a dos ataques hutíes con drones contra Emiratos Árabes Unidos (también miembro de la alianza militar), y han causado decenas de víctimas, según cifras ofrecidas por los insurgentes. EFE

Senadores estadounidenses dieron un golpe mortal el miércoles al proyecto de reforma electoral impulsado por el presidente Joe Biden para defender el derecho al sufragio de las minorías.

Los senadores se negaron a iniciar el único procedimiento que podría haber permitido a los demócratas someter a votación este proyecto sin los votos de los republicanos, que se oponen enérgicamente a este texto.

“Estoy profundamente decepcionado de que el Senado no haya defendido nuestra democracia. Estoy decepcionado, pero no disuadido”, dijo Biden en Twitter, después de una votación en la cámara alta.

“Seguiremos avanzando hacia la legislación necesaria y presionando para que se realicen cambios en los procedimientos del Senado que protegerán el derecho fundamental al voto”, añadió.

Los demócratas y los activistas por el derecho al sufragio defendieron el proyecto como una respuesta necesaria a los esfuerzos republicanos por restringir el voto, especialmente entre los negros y latinoamericanos.

“Sé que esto no es 1965. Eso es lo que me indigna tanto. Es 2022 y están eliminando descaradamente más lugares de votación de los condados donde los negros y los latinos están sobrerrepresentados”, reclamó el demócrata de Nueva Jersey Cory Booker en el Senado.

“No lo estoy inventando. Es un hecho”, remarcó.

Estados gobernados por conservadores pasaron el último año aprovechando las infundadas afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020 para introducir una serie de regulaciones que complican el ejercicio del sufragio.

El proyecto impulsado por Biden habría garantizado el derecho a la votación por correo, las urnas y al menos dos semanas de votación anticipada, además de convertir el día de las elecciones en feriado nacional.

También procuraba impedir la práctica de rediseñar los distritos en favor del partido gobernante y habría requerido que los estados con historial de discriminación obtuvieran autorización federal para cambiar normas electorales.

Pero los 50 senadores republicanos votaron en contra de las reformas, argumentando que restricciones como limitar la votación por correo e insistir en la identificación de los votantes eran simplemente cosas de sentido común.

“La preocupación está fuera de lugar. Si miran las estadísticas, los votantes afroamericanos están votando en un porcentaje tan alto como el de Estados Unidos”, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, a periodistas antes de la votación.

“En una encuesta reciente, el 94% de los estadounidenses consideró que es fácil votar. Esto no es un problema. La participación ha aumentado. Es la mayor participación desde 1900″, dijo.

El Senado está dividido en partes iguales con 50 republicanos y 50 demócratas y en caso de empate decide la vicepreseidenta Kamala Harris.

Sin que senadores republicanos rompieran filas, los demócratas no pudieron superar el umbral de 60 votos requerido para someter el proyecto a votación.

La información es de Radio France Internationale

La Fiscalía General de Costa Rica informó este jueves que abrió una investigación sobre un presunto plan de golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado durante las protestas de 2020, el cual fue revelado por el diputado Eduardo Cruickshank en un libro de su autoría.
La Fiscalía informó que el caso se tramita por el presunto delito de rebelión y que de momento no hay alguna persona individualizada como sospechosa.

“Las indagaciones se centrarán en establecer si los hechos constituyen o no delito, y de acreditarse, individualizar a la persona o personas responsables”, explicó la Fiscalía a los medios.

El código penal de Costa Rica tipifica el delito de rebelión como “alzarse en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los organismos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales”.

Este delito se castiga con una pena de cárcel de entre 2 y 10 años de prisión.

El miércoles, el diputado y candidato presidencial del evangélico Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruicksank, reveló que en 2020, cuando ejercía la presidencial del Congreso, fue contactado por “manifestantes” que no identificó para que se preparara a asumir la presidencia del país.

“La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente Carlos Alvarado y, por completo, a su equipo de Gobierno para que la conducción del país recayera, de acuerdo con la Constitución Política, en el Presidente de la Asamblea Legislativa”, relata Cruickshank en el libro de su autoría “Historia de una presidencia”, que cuenta su experiencia como presidente del Legislativo entre 2020 y 2021.

Preguntado por los periodistas acerca de esta afirmación, Cruickshank dijo que los mensajes le llegaron de “manifestantes” que no puede identificar porque no los conoce y que no denunció la situación a la Fiscalía ya que no sabía qué nivel de seriedad tenía la propuesta.

Sin embargo, el diputado asegura en su libro que su respuesta a estas insinuaciones de golpe de Estado siempre fue “un rotundo no”. “Nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país”, agregó.

Al ser entonces presidente del Congreso, Cruickshank era el siguiente en la línea de sucesión en caso de una salida del cargo del mandatario y sus dos vicepresidentes.

Entre septiembre y octubre de 2020 Costa Rica vivió un periodo de protestas con episodios violentos en el marco de una negociación de un acuerdo entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento por 1.750 millones de dólares que incluía un fuerte ajuste fiscal.

El grupo autodenominado Rescate Nacional, dirigido por los exdiputados Célimo Guido y José Miguel Corrales, era el que lideraba las protestas.

En medio de los enfrentamientos violentos, Corrales salió de Rescate Nacional al denunciar que el grupo había sido infiltrado por el narcotráfico.

En estas protestas resultaron heridos más de 120 policías y un número no cuantificado de manifestantes y hubo más de 100 detenidos.

EFE