Seúl anunció haber acordado “virtualmente” con Washington el borrador de una declaración para dar por finalizada la Guerra de Corea (1950-53), iniciativa a la que Pionyang podría responder al término de un importante pleno que está celebrando esta semana.

“En lo que respecta a la declaración para finalizar la guerra, la República de Corea (nombre oficial del Sur) y EE.UU. ya se han mostrado de acuerdo sobre su importancia y las dos partes virtualmente han acordado un borrador”, dijo el canciller surcoreano Chung Eui-yong este miércoles al ser consultado en una rueda de prensa.

Los analistas dudan sobre la viabilidad de esta iniciativa, recuperada el pasado septiembre por el presidente surcoreano, Moon Jae-in, como un último esfuerzo para traer de vuelta a Pionyang a las conversaciones sobre desnuclearización antes de que concluya su mandato el próximo mayo.

El texto pretende servir para poner fin a la Guerra de Corea, que se cerró solo con un alto el fuego, pero el hecho de que se trate de una declaración y no de un tratado de paz hace que en realidad no sea un acuerdo vinculante.

Corea del Norte pide más que una “declaración interesante”

Chung aseguró también que él y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, subrayaron los progresos en las consultas bilaterales con respecto a esta declaración en el marco de la reunión de Exteriores del G7 que se celebró en Liverpool (Reino Unido) a principios de este mes de diciembre.

Sin embargo, el canciller surcoreano reconoció que Pionyang aún no ha mostrado el entusiasmo que buscan Seúl y Washington.

“Aunque Corea del Norte exhibió una serie de reacciones rápidas y positivas a la declaración del fin de la guerra, esperamos que muestre una respuesta más concreta”, añadió Chung, en declaraciones que recoge la agencia de noticias Yonhap.

La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong consideró en su momento que la declaración era “interesante”, pero instó a Seúl y a Washington a abandonar su “política hostil” hacia el régimen para lograr progresos en el diálogo.

El propio Kim Jong-un dijo después que por el momento no estaba interesado en celebrar ningún encuentro con EE.UU. para tratar de reavivar el estancado diálogo sobre desnuclearización debido a la mencionada “política hostil”.

“Estamos analizando diversas vías para hacer que avancen las conversaciones con Corea del Norte”, añadió Chung sin detallar cuáles serían esas vías. Las palabras de Chung llegan en un momento en el que Corea del Norte está celebrando un importante plenario del partido único en el que trazará sus políticas y diplomacia para 2022.

Se espera que al concluir el pleno, en torno al Año Nuevo, Kim Jong-un pronuncie un discurso de clausura que sirva como mensaje para Seúl y Washington sobre cuáles van a ser las intenciones del régimen el próximo año.

EFE

Al menos 38 personas perdieron la vida tras derrumbarse ocho pozos de una mina de oro en el estado de Kordofan Occidental, en el sur de Sudán.

Esto, mientras que otros 17 mineros resultaron heridos, informaron las autoridades locales.

El gobierno de este estado dijo en un comunicado que “38 mineros murieron y otros 17 resultaron heridos” que fueron rescatados por equipos civiles.

Por otra parte, se informó que hasta el momento han conseguido sacar a la superficie los cuerpos de 29 fallecidos.

Según la nota, el incidente ocurrió en la mina Um Draisai en el área de Foga, en el noroeste del estado. En el lugar se vinieron abajo “ocho pozos de extracción tradicional de oro en la zona, en la que trabajan miles de civiles”.

Las autoridades agregaron que se han desplegado equipos de rescate especializados en el lugar del accidente. Esto, para rescatar al resto de los atrapados, cuyo número es indeterminado, y al resto de cuerpos de las víctimas del colapso.

Mina de oro en Sudán

En Sudán, donde hay grandes reservas de oro, son frecuentes los accidentes y el derrumbe de minas por la precaria infraestructura.

A esto se suman las malas condiciones y la poca preparación de los mineros, que arriesgan sus vidas a diario en busca de este metal precioso.

Según datos oficiales, aproximadamente dos millones de personas trabajan en las minas tradicionales en quince de los dieciocho estados del país.

A través de la minería tradicional se obtiene el 75% de la producción total de oro en Sudán, que supera las 93 toneladas por año.

EFE

Pedro Castillo fue interrogado por la Fiscalía de Perú como testigo en el caso de las presuntas interferencias ejercidas sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas para promocionar irregularmente a militares de su círculo cercano.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue interrogado este martes por la Fiscalía como testigo en el caso de las presuntas interferencias ejercidas sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas para promocionar irregularmente a militares de su círculo cercano.

El interrogatorio se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, en una diligencia que tomó alrededor de cinco horas y que transcurrió de forma privada.

A la conclusión del interrogatorio, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó a los periodistas que el gobernante respondió a más de 40 preguntas, entre ellas dos del procurador general del Estado (Abogacía General del Estado), Daniel Soria, quien también estuvo presente.

Soria, que recientemente denunció a Castillo ante la Fiscalía por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por otro caso distinto, relativo a la licitación para la construcción de un puente, se limitó a indicar por su parte que Castillo respondió él mismo a las preguntas y que la diligencia se desarrolló sin trabas.

Los representantes del ministerio público no brindaron declaraciones, y la institución solo informó que la declaración fue tomada por el fiscal adjunto supremo Ramiro González en lugar de la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, quien no pudo acudir tras haber sido internada en una clínica de Lima por una urgencia médica.

Primer cara a cara

Es la primera vez que Castillo declara como presidente ante un fiscal, quien lo interrogó con el objetivo de averiguar el grado de participación que tuvo en las presuntas presiones sobre los ascensos militares que ejercieron el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Las supuestas presiones fueron denunciadas por los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, quienes fueron destituidos sin explicaciones por Castillo apenas tres meses después de haber sido nombrados.

Según los militares, la destitución se debió a que no acataron los pedidos del Ministerio de Defensa y de la secretaría presidencial.

Para sustentar su versión, Vizcarra difundió un chat de mensajería instantánea en el que Castillo le pedía tratar “temas urgentes” con Pacheco y luego él mismo le daba el nombre de Víctor Torres para que ascendiera de comandante a coronel.

Sobre ese chat, Castillo reconoció durante el interrogatorio su autoría y explicó al fiscal “el contexto en el que se dio”, donde negó cualquier intención de hacer nombramientos irregulares o de concretar favores, según detalló su abogado.

Pachas reiteró que “el despacho presidencial está dispuesto a dar todas las facilidades a la Fiscalía” y recordó que Castillo ya pidió a la Fiscalía que solicitara el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, cuentas bancarias y tributos.

EFE

Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó su sorpresa ante el fallo de la Corte Suprema, el cual “viola preceptos sobre censura previa y se entromete en los contenidos y los procesos editoriales» contemplados en la constitución estadounidense

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó una decisión judicial reciente que prohíbe al diario The New York Times publicar información en su poder.

Además, la misma también pide al medio eliminar un artículo ya publicado y abstenerse de buscar información de interés periodístico sobre el Proyecto Veritas.

Charles Wood, magistrado de la Corte Suprema de Nueva York, ratificó que el New York Times debe evitar publicar contenidos de conversaciones del grupo Proyecto Veritas y sus abogados.

Proyecto Veritas contra medios

Asimismo, ordenó al periódico retornar esos archivos a la organización y destruir las copias electrónicas en su poder.

Proyecto Veritas, grupo activista que practica la vigilancia electrónica contra medios de comunicación de tendencia liberal, demandó por difamación al diario en 2020.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, señaló que la orden “viola preceptos sobre censura previa y se entromete en los contenidos y los procesos editoriales».

Dichos aspectos están protegidos por la primera enmienda de la constitución estadounidense.

The New York Times apelará el fallo

Por su parte, A. G. Sulzberger, director de The New York Times, afirmó que apelará el fallo, pues considera que contradice una decisión que la Corte Suprema de Justicia dictó 1971.

En ese entonces se le permitió al diario publicar los Papeles del Pentágono por considerarlos de interés público cuando el gobierno afirmaba que eran de carácter confidencial.

Sulzberger afirmó que el fallo también pone en riesgo las fuentes de información.

En la orden judicial, el magistrado Woods señaló que más allá de la libertad de prensa, el periódico no puede pasar por encima la relación de confidencialidad entre abogados y clientes durante un litigio.

Restricciones informativas

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que la SIP se sumará a un grupo de organizaciones que prevé presentar un amicus curiae ante la Corte Suprema.

Con el mismo, para pedirán que el magistrado Wood deje de lado las restricciones informativas.

Anteriormente, organizaciones de libertad de prensa, como el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, señalaron que el fallo es un «peligro para la libertad de prensa”.

Esto debido a que incentiva “a los litigantes a presentar demandas frívolas y vejatorias que no buscan reivindicar un derecho del agraviado, sino amordazar los reportajes futuros de la prensa demandada durante la tramitación del litigio».

Información obtenida legalmente

Canahuati, CEO del grupo multimedios Opsa, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, indicaron que The New York Times obtuvo la información legalmente y no está relacionada con la seguridad nacional.

En el amicus presentado el 22 de noviembre, explicaron que el derecho a la libertad de prensa, prohíbe al congreso dictar leyes contra la misma.

Además también inhibe al gobierno que se entrometa en los procesos editoriales de los medios.

SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

La organización está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

Con información de El Nacional