El Gobierno de México informó este martes que deportó a casi 4.500 migrantes en 2021 por crímenes como homicidio y lavado de dinero.

También por otros delitos como secuestro agravado, robo, sustracción de menores y tráfico de armas, drogas o personas

 
 
 
Foto Archivo México deportó a casi 4.500 migrantes por crímenes en lo que va de año.

El gobierno de México informó este martes que deportó a casi 4.500 migrantes en 2021 por crímenes como homicidio y lavado de dinero.

También por otros delitos como secuestro agravado, robo, sustracción de menores y tráfico de armas, drogas o personas.

«El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación deportó a 4.468 extranjeros entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de 2021» señaló el instituto.

Asimismo, «por contravenir la Ley de Migración y su reglamento, y poner en riesgo la seguridad nacional».

De este total de deportados, 4.056 estaban acusados de homicidio, lavado de dinero, secuestro agraviado, robo, sustracción de menores, tráfico de armas, de drogas, y de personas.

Incumplimiento de la Ley de Migración

Además, 490 de ellos estaban señalados como «ofensores sexuales» en sus naciones de origen, indicó el INM.

Las autoridad deportó también a 45 personas por incumplir la Ley de Migración, y a otras 47 por vínculos con un sistema conocido como “gota a gota”, una red de cobro de préstamos irregulares.

Además se expulsaron a 320 personas tras la «aplicación de protocolos técnicos operativos» que identificaron «actividades ilícitas».

Así como personas con órdenes de aprehensión o «requeridos en otras naciones».

Seguridad del territorio mexicano

«De esta manera, el Instituto Nacional de Migración contribuye en la salvaguarda de la seguridad en el territorio mexicano», señaló el instituto.

Destacó que estos contaron «con pleno respeto a los derechos humanos de los grupos vulnerables sin importar su nacionalidad».

Este dato es solo una parte de las cifras migratorias no vistas en más de 15 años en México, que afronta críticas por su trato a los migrantes.

Las autoridades mexicanas detuvieron a más de 252.000 migrantes.

También deportaron a más de 100.000, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo a los datos, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021, otro récord absoluto pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.

En tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos «encontró» más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021.

 
El Tribunal Supremo de Rusia anunció este martes su decisión de disolver la destacada organización no gubernamental Memorial en línea con una petición de la Fiscalía fundamentada en las leyes sobre «agentes extranjeros» en el país.

El Tribunal Supremo de Rusia ordenó hoy la liquidación de Memorial, la principal organización de derechos humanos de este país y la voz de los represaliados soviéticos.

El fallo, que satisface la petición de la Fiscalía que acusó a la ONG de crear “una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista”, disuelve tanto la organización de memoria histórica como la de defensa de los derechos humanos que integran Memorial Internacional.

El fiscal, Alexéi Zhafiárov, acusó a Memorial de “distorsionar” la memoria de la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria (1941-45) y de rehabilitar a criminales nazis “en cuyas manos hay sangre de ciudadanos soviéticos”.

“¿Por qué ahora nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos observar los intentos de rehabilitar a los traidores a la patria y los cómplices nazis? (…) Seguramente porque alguien paga por ello”, dijo.

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“¡Vergüenza!”, fue el grito que se pudo oír frente al edificio del Supremo, donde se concentraron unas cien personas para apoyar a Memorial.

Antes de conocerse el fallo, el defensor de Memorial, el veterano abogado Guenri Reznik, consideró que la Fiscalía es consciente de que su demanda no tiene fundamento y es “ilegal”, y advirtió que el juicio es “un test de los valores que determinan la vida en un Estado de derecho”.

Seguidamente, Reznik adelantó que recurrirá una sentencia condenatoria y, en caso necesario, apelará al Tribunal Europa de Derechos Humanos.

Mientras, el director de Memorial Internacional, Yan Rachinski, aseguró que el fallo no supone el cese de las actividades de la ONG, ya que existen muchas organizaciones a ella adscritas que no están registradas o no figuran como personas jurídicas.

“Suspender las actividades de Memorial no entra dentro de las posibilidades de la Fiscalía”, subrayó.

El líder del partido opositor Yábloko, Grigor Yavlinski, consideró el fallo “una decisión política”.

Los rusos premiados con el Nobel de la Paz, Mijaíl Gorbachov (1990) y Dmitri Murátov (2021), se dirigieron en noviembre por escrito a la Fiscalía para que retirara la demanda judicial contra Memorial.

Gorbachov y Murátov destacaron que las actividades de Memorial desde su fundación en 1991 han estado dirigidas al restablecimiento de la justicia histórica y la conservación de la memoria de cientos de miles de personas represaliadas durante la Unión Soviética.

La Fiscalía se dirigió al Tribunal Supremo para que disolviera Memorial debido a sus presuntas vulneraciones de la Constitución y el incumplimiento de sus funciones como agente extranjero, categoría a la que pertenece desde 2016.

Sus miembros acusan al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS y desde 1991, especialmente desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegó al poder en 2000.

Memorial, que recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2009 y ha sido candidata en varias ocasiones al Nobel de la Paz, cuenta entre sus fundadores al científico y disidente soviético Andréi Sájarov, Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.

El Gobierno de España aprobó una partida presupuestaria de la que se beneficiarán países de la región como Colombia, Perú, Bolivia o Paraguay.

España destinará 45 millones de dólares a la cooperación al desarrollo en Latinoamérica, repartidos en varias iniciativas entre las que destacan la adquisición de participaciones en un fondo para pymes o un préstamos de 20 millones de dólares a República Dominicana.

El Gobierno español aprobó este martes esa partida presupuestaria de la que se beneficiarán además otros países de la región como Colombia, Perú, Bolivia o Paraguay.

El crédito de 20 millones de dólares a 18 años a la República Dominicana tiene el objetivo de participar en el proyecto Prorural, destinado a reducir la pobreza monetaria y la vulnerabilidad de las familias rurales. España abonará además 450.000 dólares estadounidenses a FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por el coste de preparación y supervisión del proyecto.

La partida presupuestaria autoriza asimismo la adquisición por valor de 7 millones de dólares de participaciones en Andes Plus Fund I, L., un fondo que proporciona financiación a pymes que dan servicio a comunidades locales subatendidas y que se focaliza en Colombia y Perú, con posibilidad de ampliarse a países como Bolivia, Paraguay o Ecuador si el fondo supera los 30 millones de dólares.

El Gobierno español además da luz verde a un préstamo de 15 millones de dólares y 9 años de amortización a Banco Azul de El Salvador S.A., con el objetivo de incrementar la cartera de crédito para las pequeñas y medianas empresas de ese país, así como para financiar proyectos de energía limpia.

También recibirá un crédito, en este caso por importe de 3 millones de euros y un plazo de 8 años, SICSA, la Sociedad para la Inclusión de la microempresa en Centroamérica y El Caribe, que da servicios a las redes nacionales de microfinanzas y opera en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, Países de Asociación de Renta Media y también en Costa Rica o Panamá, de Cooperación Avanzada.

Todas estas iniciativas se hacen a cargo de Fonprode, el Fondo para la Promoción del Desarrollo, que administra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

EFE

Juan Ignacio Roncoroni | Agencia Efe

En la grabación se ve una reunión en la que supuestamente se habla de crear una causa judicial contra un dirigente gremial

Dos abogados han pedido que se incluya en una de las causas de investigación por espionaje ilegal abiertas contra el expresidente de Argentina Mauricio Macri un video como prueba, en el que en una reunión presuntamente se discutió crear una causa judicial contra un dirigente gremial.

Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron al juez que instruye la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que requiera de manera “urgente” la “remisión” de esa grabación para evaluar si puede usarse como prueba, según han informado fuentes judiciales a Télam.

En él, un grupo de funcionarios del gobierno de Macri, entre ellos agentes de la Inteligencia argentina, así como empresarios de la construcción discuten cómo armar causas contra el líder gremial Juan Pablo ‘Pata’ Medina.

Esta causa contra Macri refiere a un supuesto espionaje ilegal que se habría llevado a cabo contra funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y detenidos en cárceles federales, y entre las querellantes está la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

Por este video, además, ya se ha presentado una denuncia penal en la Justicia federal de La Plata. El registro, según los abogados, demostraría que el espionaje ilegal era un política de la Administración de Macri, y no algo puntual.

EFE

Al menos 397 personas perdieron la vida y 83 permanecen desaparecidas en Filipinas debido al devastador tifón Rai que golpeó el archipiélago hace dos semanas, conforme a la actualización este martes de las cifras oficiales.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC), que verifica y corrobora los datos de las diferentes agencias sobre el terreno, además señaló que 1.147 personas resultaron heridas y casi 561.500 fueron desplazadas.

Más de la mitad de los desplazados se encuentran en alguno de los 1.200 centros de evacuación auspiciados por las autoridades, donde se teme que la masificación de las instalaciones pueda derivar en grandes brotes de covid-19.

Rai, que tocó tierra el día 16 con ráfagas de viento de hasta 240 kilómetros por hora, cruzó de este a oeste por unas nueve islas del país y afectó a más de 4,2 millones de personas, conforme a las cifras oficiales.

El tifón dejó un rastro de destrucción durante su trayecto sobre filipinas y causó daños en viviendas, infraestructuras y cultivos agrícolas valorados en 22.000 millones de pesos filipinos (más de 437 millones de dólares o casi 386 millones de euros).

El Gobierno filipino declaró el pasado miércoles el estado de calamidad en seis regiones afectadas por el devastador tifón.

El embate del tifón, conocido como Odette en el país y el decimoquinto en llegar a Filipinas este año, ha golpeado en un momento delicado debido al miedo por la nueva variante ómicron del coronavirus.

Un promedio de 20 tifones azotan Filipinas cada año y el más destructivo fue el supertifón Haiyan, el mayor de la historia reciente de Filipinas y que en noviembre de 2013 golpeó las islas de Samar y Leyte, matando a unas 7.000 personas y dejando a 200.000 familias sin hogar.

Filipinas es uno de los países más vulnerables a la crisis climática debido a los desastres naturales y, además, se asienta sobre el llamado «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona que acumula alrededor del 90 % de la actividad sísmica y volcánica del planeta.