El referéndum de revocación a mitad de mandato es una de las promesas electorales del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador

La recolección de firmas ciudadanas para pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) la aprobación para un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador arrancó este viernes en la Ciudad de México.

«Es un ejercicio democrático y ciudadano con el que estamos intentando que esta consulta sobre revocación de mandato sea un éxito», dijo en conferencia de prensa Gabriela Jiménez, presidenta de la asociación «Que siga la democracia», encargada de recabar las firmas.

El referéndum de revocación a mitad de mandato es una de las promesas electorales de Andrés Manuel López Obrador, presidente desde 2018, para —según ha dicho— suprimir privilegios y fomentar una democracia directa en México.

Con un ejército de 20.000 voluntarios, la organización buscará en los próximos 45 días conseguir un total de 3,5 millones de rúbricas tanto digitales como físicas a nivel nacional.

Para llevarse a cabo la consulta de revocación de mandato, que sería el 27 de marzo de 2022, se requiere el apoyo del 3 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo que equivale a por lo menos 2,5 millones de personas, de al menos 17 de los 32 estados que integran el país.

«Pero nosotros buscamos que sean un poco más para solventar aquellas que de pronto no sean válidas», argumentó Jiménez.

Confió en que alcanzarán el objetivo, incluso, en menos tiempo del plazo establecido pues, detalló, en tres días han conseguido unas 10.000 firmas.

Rosa María Villanueva es uno de los 20.000 voluntarios que trabajará en estas brigadas para recabar firmas en las calles y aunque acepta que será complicado debido a que muchas veces la gente desconfía de dar sus datos personales, espera conseguir, por lo menos, unas 500 firmas.

«Se trata de ejercer la democracia y nuestro derecho a decidir. El presidente está haciendo bien las cosas, así que seguramente se ratificará su mandato con esta consulta», estimó.

Señaló que este será un paso importante para que en adelante se puedan obtener revocaciones de mandato a gobernantes locales.

«Es importante que tengamos una opinión sobre eso», precisó.

Mientras que Silvia Suriaga es otra voluntaria que recorrerá las calles de la capital mexicana en búsqueda de las firmas.

«Me motiva dejar este legado no solo para las generaciones actuales sino para mis hijos y mis nietos, que en un futuro puedan decidir para tener un país mejor», afirmó.

Finalmente, Sergio Pérez, integrante de la mesa directiva de la asociación, auguró que en la consulta ciudadana habrá más participación que en las elecciones de 2018, donde el mandatario fue electo por 30,11 millones de mexicanos.

«Vamos a defender a nuestro presidente, a la democracia y a nuestro derecho a decidir», expuso.

A finales de agosto, el INE presentó su propuesta de presupuestos para 2022, que contempla destinar 3.800 millones de pesos (183 millones de dólares) a la consulta de revocación.

El pasado 1 de agosto, solo el 7 % del censo votó en la consulta popular convocada por López Obrador sobre enjuiciar a los expresidentes del país, ante lo cual el gobernante partido Morena culpó al INE de boicotearla y la autoridad electoral respondió que no tuvo suficiente presupuesto.

Aunque se requiere del 40 % de participación para que hacer vinculante la decisión derivada, este viernes, el presidente mexicano aseguró que si la decisión de la gente es mayoritaria para que deje la presidencia, él se retirará. 

EFE

Las autoridades de colombianas capturaron en el departamento de Norte de Santander a un jefe de las disidencias de las FARC acusado del atentado terrorista contra el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano, Iván Duque, ocurrido en Cúcuta en junio pasado, informaron este sábado fuentes oficiales.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en una declaración divulgada en redes sociales que “Aurelio”, del que no dio su nombre de pila, fue capturado en el caserío San Martín, del municipio de El Tarra.

El jefe de la cartera de Defensa recordó que el detenido, además de ser el supuesto responsable del atentado contra el presidente Duque y su comitiva, también está involucrado en el ataque contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército.

Ambos hechos ocurrieron en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Molano aseguró que las operaciones en Norte de Santander contra las disidencias de las FARC continúan constantemente “para recuperar la tranquilidad”.

El doble ataque a Duque y al Ejército en Cúcuta

El 25 de junio pasado seis disparos impactaron el helicóptero presidencial -en el que viajaban Duque, dos de sus ministros y varios funcionarios regionales, que salieron ilesos- cuando se aproximaba a Cúcuta.

Diez días antes un carro bomba explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en la que había personal militar de Estados Unidos, y resultaron heridas 36 personas.

La Fiscalía informó en su momento sobre la detención de 10 disidentes del Frente 33 de las FARC y también del exmilitar Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias “El Capi”, que presuntamente había ejecutado y diseñado el “plan criminal” tanto del ataque contra el helicóptero donde viajaba Duque como del atentado con carro bomba contra una brigada del Ejército.

Medina, un militar con alta formación y piloto de helicópteros, fue retirado del servicio por una enfermedad en 2016 tras 12 años de servicio.

EFE

 

«El Gobierno Nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica», indicó el Gobierno con el que rechazó las conclusiones de la investigación parlamentaria.

 

El Gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó el informe presentado este viernes por una comisión parlamentaria que investigaba su aparición en los papeles de Pandora y tilda sus conclusiones de “patéticamente falsas” a la vez que considera que la comisión no ha respetado “el debido proceso”.

En un comunicado remitido a Efe por el portavoz oficial del Gobierno, Carlos Jijón, el Gobierno “rechaza el informe” de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que “esta tarde, en contra de la razón y del Derecho, ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura”.

“El Gobierno Nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”, indica la nota de prensa.

La Comisión investigaba desde el mes pasado la aparición de Lasso en los papeles de Pandora y en su informe de hoy hizo ocho recomendaciones, entre las que figura la de que la Asamblea Nacional (parlamento) “verifique la inobservancia por parte del Presidente de la República al Pacto Ético aprobado mediante consulta popular en el año 2017”, que prohíbe a funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales.

Asimismo, que “de conformidad con el artículo 131 de la Constitución se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades que no comparecieron o no facilitaron información requerida por la Comisión de Garantías Constitucionales dentro del proceso de investigación”.

Una clara alusión al mandatario que declinó en dos ocasiones comparecer ante la Comisión por considerar que era un “circo ideológico” destinado a desacreditarlo y desestabilizar su Gobierno.

En su lugar, el presidente ecuatoriano envió una carta explicando su postura y el origen de sus bienes, e invitaba a sus miembros a interpelarlo en el Palacio de Gobierno por tratarse de un presidente.

En su reacción tras conocerse el documento de la Comisión, el Gobierno también “hace un llamado al pleno de la Asamblea Nacional, que ahora debe conocer y discutir el informe, para que cumpla su papel, apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión”.

Y considera que el informe parlamentario “viola no solo toda regla de Derecho sino de la lógica y hasta del idioma”, y sus conclusiones “no solo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen ilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso”.

Desde la publicación de los papeles, Lasso ha asegurado que se deshizo de todos sus bienes en paraísos fiscales para poder presentar su candidatura a la Presidencia, según lo exige la Ley de 2017.

En una entrevista hoy con Efe en Madrid, donde se encuentra en visita oficial, volvió a insistir en que en su actividad privada como ciudadano ecuatoriano, antes de aspirar a la Presidencia, “tenía absolutamente la libertad para actuar de acuerdo con mi conciencia respetando la ley”.

Y aseguró que “obviamente” puso “todos los papeles en orden para poder ser candidato y ejercer el cargo de presidente de la República”.

“Si a usted le prohíben usar jeans bueno, usted quiere seguir siendo periodista y haciendo entrevistas, pues tiene que dejar de usar jeans, pero eso no implica que durante toda la vida a usted se la va a perseguir porque algún día usó jeans. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido”, puso como ejemplo el presidente ecuatoriano al alegar que le están criticando por casos del pasado que son anteriores a su candidatura presidencial.

EFE