Tres miembros de la alianza sudanesa Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FCC), opuesta al golpe de Estado del pasado 25 de octubre, fueron detenidos al salir de una reunión con el representante especial de la ONU en la sede de su misión en Jartum, denunció este viernes el organismo internacional.

La Misión Integrada de Naciones Unidas de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS) “condena enérgicamente la detención de miembros del Comité Central de las FCC tras su reunión con el representante especial del secretario general” de la ONU, Volker Pethers, indicó dicha misión en su cuenta de Twitter.

“Se ha denunciado que Taha Osma Isahaq, Sharif Mohamed Osman y Hamza Faruk fueron arrestados cerca del cuartel general de la UNITAMS” en la tarde del jueves, agregó.

“Estas detenciones, que tuvieron lugar después de una reunión en nuestras instalaciones, socavan nuestros buenos oficios”, criticó la misión de la ONU, que está llevando a cabo una labor de mediación entre los militares y el primer ministro depuesto por el golpe, Abdalá Hamdok.

Las detenciones se produjeron el mismo día en el que el comandante en jefe del Ejército sudanés y actual “hombre fuerte” del país, Abdelfatah al Burhan, ordenaba la liberación de cuatro de los ex ministros del Gobierno civil detenidos durante la asonada en medio de fuertes presiones internacionales.

La liberación de los presos a raíz del golpe es una de las principales exigencias de las fuerzas que lo han estado rechazando en las calles en los últimos día y del propio Hamdok, a quien Al Burhan quiere convencer para que encabece un nuevo Gobierno civil nombrado por los propios militares.

Sin embargo, siguen arrestados otros dos ministros del Gobierno disuelto por el golpe, así como un asesor del primer ministro, Abdalá Hamdok, que está en arresto domiciliario, un miembro del Consejo Soberano, el máximo órgano de poder de la transición democrática iniciada en 2019 y también disuelta.

Además, desde el golpe se ha denunciado la detención de varios políticos opositores en Jartum y otras regiones del país, varios de ellos de las FCC, que siguen arrestados.

La UNITAMS pidió que “los líderes militares dejen de detener a políticos y activistas y de cometer violaciones a los derechos humanos” y aseguró que estos arrestos minan los intentos para “devolver a Sudán a la senda de la transición democrática” y anulan el impacto de las liberaciones del jueves.

EFE

  
 

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmará la llamada ley Renacer, por la que su Gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones nicaragüenses de este domingo, que EEUU y muchos otros países consideran ilegítimas.

Así lo confirmó este viernes un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato y que recalcó que habrá un “amplio rechazo internacional a las elecciones fraudulentas” en Nicaragua, con sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).

“El presidente (Biden) emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después el presidente firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso”, dijo el funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.

La fuente no llegó a confirmar la fecha exacta en la que el presidente firmará la ley, pero el mandatario tiene previsto pasar este fin de semana en su casa de Rehoboth Beach (Delaware), por lo que es probable que no llegue a rubricar la medida hasta el lunes como pronto.

Preguntado por qué Biden no firma la legislación antes de las elecciones en lugar de después, el funcionario respondió que es “importante que (la Casa Blanca) no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder” en Nicaragua.

“La firma de una ley no va a cambiar lo que ya han hecho (el presidente Daniel Ortega y su Gobierno), que es robar las elecciones”, afirmó la fuente.

La legislación Renacer (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

Asimismo, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la UE, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).

Preguntado por ese último punto, el funcionario no quiso entrar en “los criterios legales sobre si se puede expulsar a un país” de CAFTA, y subrayó que el Gobierno de Biden quiere asegurarse de que sus sanciones “no castigan al pueblo nicaragüense”, sino a Ortega.

La ley Renacer sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.

Otros puntos de la medida están centrados en los lazos entre Rusia y Nicaragua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables.

Ortega, que gobierna sin contrapesos en Nicaragua, busca en las elecciones del próximo domingo su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, nombrada por su marido “copresidenta” de facto del país.

EFE

La explosión de un camión que transportaba combustibles en Sierra Leona terminó con la vida de al menos 98 personas. La mayoría de las víctimas había llegado a recoger el líquido que se derramaba tras un accidente vial, en una práctica habitual en algunos países africanos.

A 98 personas fallecidas aumentó la trágica cifra en Freetown, la capital de Sierra Leona, después de explotar anoche un camión cisterna que transportaba combustible al colisionar con otro camión, confirmaron este sábado a la agencia Efe los servicios de socorro.

“Como institución responsable de las catástrofes, actualmente estamos en el terreno, hemos creado un centro de mando de incidentes para ayudar a coordinar la gestión del incidente”, declaró Mohamed Lamrane Bah, director de comunicaciones de la Agencia de Gestión de Desastres de Sierra Leona, al señalar que la cifra de fallecidos podría aumentar por la situación crítica de algunos heridos.

Bah indicó que las personas heridas fueron evacuadas a varios hospitales de la capital y que hay trabajadores sociales y expertos ayudando a los damnificados.

Según recogió el medio local The Sierra Leona Telegraph, algunos residentes cercanos al lugar donde se produjo la explosión -que destruyó casas y otros vehículos- salieron de sus casas tras la colisión de los vehículos con cubos y bidones para recoger el combustible derramado.

Se trata de una práctica habitual en algunos países africanos que produce un aumento del número de víctimas si el camión termina explotando y que ocasionó el pasado mes de julio en Kenia la muerte de trece personas que se acercaron a un camión cisterna accidentado para extraer el combustible del vehículo y que explotó después.

Mohamed Kamara, un testigo del accidente, explicó a Efe que éste se produjo en torno a las 20:00 horas (misma hora GMT, 17:00 horas en Chile) cuando el camión cisterna quería abastecer de combustible a una estación de servicio.

“De repente un remolque golpeó el camión cisterna y éste estalló”, explicó Kamara al señalar que fue entonces cuando la gente comenzó a llegar para obtener el combustible.

“Como querían conseguir el combustible, el conductor del camión cisterna les dijo que se alejaran. El conductor corrió para salvar su vida; todos los motociclistas que se encontraban cerca del lugar murieron”, agregó.

La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, declaró esta madrugada en su cuenta de Facebook que estaba “profundamente” entristecida tras conocer la noticia y envío sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

“Los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales son estremecedores”, dijo al indicar que ella no podía estar allí en persona, pero que la Policía y el teniente del alcalde se encontraban en el lugar de los hechos apoyando a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Por su parte, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró hoy estar “profundamente consternado” y envió sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos, asegurando que su Gobierno “hará todo lo posible para apoyar a las familias afectadas”.

EFE

La constitución permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado / Foto: AP

Una comisión rechazó este viernes el juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera, que ahora será votado por la Cámara de Diputados, por la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal.

Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra y el último, un independiente de centroizquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir una acusación constitucional no fue admitida.

Sin embargo, la decisión del grupo no es vinculante y el pedido de juicio político será votado por el pleno de 155 diputados en una sesión prevista, hasta ahora, para el próximo lunes. Así lo reseñó AP.

Los 16 diputados opositores que buscan impulsan la acusación afirman que el mandatario transgredió la constitución, las leyes y que comprometió el honor de la nación.

El diputado José Auth, el independiente de centroizquierda que se abstuvo, calificó de débiles algunas de las acusaciones contra el gobernante pero consideró grave que al firmarse el contrato de compraventa en las Islas Vírgenes Británicas no se haya declarado “la existencia de una persona políticamente expuesta”.

Por su parte, la diputada oficialista Virginia Troncoso afirmó que en la investigación “no se puede advertir… un acto ilegal ni ilícito” del mandatario en la transacción.

De acuerdo con AP, la diputada oficialista Paulina Núñez se opuso al juicio porque “no existen actos de la administración del presidente Piñera que sean susceptibles de encuadrarse o subsumirse en algunas de las causales de la constitución”.

En cambio la socialista Maya Fernández, que votó a favor de enjuiciar al mandatario, dijo que la defensa de Piñera no dejó claro por qué “el negocio se hizo en el extranjero y no en Chile”.

Conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que en octubre reveló transacciones de personalidades y exautoridades en paraísos fiscales, entre ellos Piñera, 16 diputados opositores pidieron iniciar un juicio político contra el mandatario.

En tanto, la Fiscalía Nacional anunció una investigación penal contra Piñera sobre la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y evasión tributaria.

La investigación periodística indica que la venta del proyecto minero y portuario Dominga se firmó en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2010 -a nueve meses del inicio del primer gobierno de Piñera (2010-2014)- y que el pago de la tercera y última cuota por parte de los compradores se condicionó a que en la zona prevista para instalar la empresa no hubiera cambios medioambientales que pudieran impedir su instalación.

En agosto de 2010 Piñera reubicó la instalación de una termoeléctrica ya aprobada y que se levantaría en el mismo lugar que el proyecto Dominga, en la comuna de La Higuera, a 470 kilómetros de Santiago, a sólo 30 kilómetros de un medioambiente con flora y fauna en peligro de extinción y de especies únicas del área. Además, en esa época se desconocía la existencia de los condicionantes para el pago del proyecto, adquirido por un íntimo amigo del mandatario.

Piñera afirma que no fue informado de la venta y que los hechos registrados en 2010 están prescritos. La constitución permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado.

Su defensa reiteró que una investigación judicial de 2017 sobre otras gestiones empresariales de la familia Piñera Morel concluyó que el mandatario no estuvo involucrado ni cometió delitos. El exfiscal Manuel Guerra, que llevó la indagación hace cuatro años, declaró que lo revelado por los Papeles de Pandora sobre el condicionamiento del pago por los compradores es información nueva que podría dar lugar a un nuevo juicio.

La comisión parlamentaria resolvió sobre el juicio político luego de escuchar a decenas de abogados, exautoridades y al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que contradijo a los acusadores al afirmar que el producto de la venta de Dominga fue informado a la autoridad y que se pagaron los tributos correspondientes.

Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de Diputados de 155 miembros se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene mayoría. Sin embargo, se estima improbable la oposición, que tiene 24 de los 43 asientos del Senado, reúna los 29 votos requeridos en este caso.

AP

Desde que tomo el poder siempre esta en el ojo de la tormenta ante las tensiones internas de las distintas fuerzas que componen su Gobierno

Pedro Castillo cumplió sus primeros 100 días como presidente de Perú, un periodo plagado de turbulencias, silencios, indecisiones, ambigüedades y contramarchas acompañadas por una oposición voraz que parece no aceptar el resultado electoral y cuyos extremos piden la destitución del mandatario.

Desde que el 28 de julio jurara como jefe de Estado, el maestro y líder sindical no ha tenido respiro, casi siempre en el ojo de la tormenta ante las tensiones internas de las distintas fuerzas que componen su Gobierno y las externas de la oposición, centrada en demoler a sus ministros más cuestionados.

Con sus prolongados silencios, sin apenas contacto con una prensa mayoritariamente hostil, y con evidentes problemas para transmitir sus mensajes, Castillo también ha alimentado la sensación de que tiene dificultades para tomar decisiones.

Esa sensación es la que azuzan los opositores en la derecha y la extrema derecha, quienes cuestionan su triunfo electoral y esgrimen sin empacho la necesidad de una «vacancia» (destitución) con maniobras en el Congreso que apuntan en esa dirección, aunque de momento están lejos de tener los votos necesarios.

Desde el primer día

El «profesor» tuvo su primera crisis al designar como primer ministro al conflictivo congresista Guido Bellido, mano derecha del líder del partido marxista Perú Libre, Vladimir Cerrón, un neurocirujano formado políticamente en Cuba.

El inesperado nombramiento sorprendió a Pedro Francke y Aníbal Torres, las dos caras más moderadas y tranquilizadoras para los empresarios e inversionistas entre los aliados de Castillo, quienes declinaron en un primer momento jurar como ministros de Economía y Justicia, respectivamente.

Bellido tuvo que desdecirse públicamente de sus ataques previos a ambas figuras para que estas accedieran al cargo en un Ejecutivo, muy escorado a la izquierda y sin apenas mujeres, que parecía deshacerse incluso antes de arrancar.

El canciller Bellido

Apenas pasaron 21 días cuando Castillo sufrió la primera baja, tras la difusión de unas antiguas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, quien acusó a la Armada peruana de haber iniciado el «terrorismo» en Perú en los años 70.

La aseveración fue tomada como un grave insulto por la Marina – dos exalmirantes forman parte de la oposición parlamentaria – y la presión llevó a renunciar a Béjar, sociólogo y exguerrillero de 85 años que llegó a conocer a Ernesto «Che» Guevara.

En septiembre, Castillo viajó a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reiteró su compromiso con la Constitución, la inversión extranjera y la propiedad privada.

Casi al mismo tiempo y en una línea totalmente opuesta, Bellido emplazó al consorcio del yacimiento de gas de Camisea a renegociar sus contratos bajo amenaza de expropiación.

Castillo demoró en atajar la situación, entre el alza del dólar, el pavor de los inversionistas y los esfuerzos del sector moderado del Gobierno por atenuar daños, mientras Bellido y Cerrón continuaban aireando la «expropiación».

Golpe de timon

La gota que colmó el vaso fue la revelación de que Bellido y Cerrón presionaban a la bancada oficialista para que ésta exigiera la salida del nuevo canciller Óscar Maúrtua e hiciera campaña contra la vicepresidenta Dina Boluarte, del ala moderada del Ejecutivo.

Sólo entonces Castillo cesó a Bellido y a otros seis ministros para reforzar su posición moderada, que dejó en manos de Mirtha Vásquez, una abogada defensora de los derechos humanos y ambientales, y recientemente expresidenta del Congreso.

Con este paso, Castillo se deshizo también de Íber Maraví, un ministro que estaba a punto de ser censurado por el Congreso, que lo acusaba de tener vínculos no probados con los terroristas de Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Asesor antivacunas

Cuando parecía que enderezaba el rumbo, Castillo sorprendió al anunciar a bombo y platillo el fichaje como asesor del polémico exalcalde de Lima Ricardo Belmont, un anciano machista, xenófobo, homófobo, negacionista de la pandemia y antivacunas.

Belmont, quien vaticinaba que Castillo acabaría «preso o rico y fugado del país», nunca llegó a oficializar su cargo ante la oposición de Vásquez.

Mientras, el foco recayó en el ministro del Interior, Luis Barranzuela, denostado por la oposición por ser socio del estudio de abogados que defiende a Cerrón en un caso de presunta financiación ilegal de Perú Libre y por oponerse a erradicar cultivos ilícitos de hoja de coca para promover una legalización como la de Bolivia.

Fiesta prohibida

Barranzuela se vio obligado a dimitir esta semana después de que fuese descubierto en una bulliciosa fiesta organizada en su casa por «Halloween» cuando desde su cartera se había prohibido este tipo de reuniones como medida de prevención contra la covid-19.

Pese a los vaivenes, la economía peruana mantiene sus buenas expectativas para este 2021, con un crecimiento del 10 %, uno de los mayores de Latinoamérica, y con la expectativa de romper su récord de exportaciones al llegar a unos 55.000 millones de dólares.

EFE