El proyecto busca precisar que la destitución del mandatario solo puede ser aprobada por incapacidad mental o física permanente

 
 El gobierno de Pedro Castillo, presentó este martes un proyecto de ley al Congreso para precisar que la destitución del presidente de Perú solo pueda ser aprobada por incapacidad mental o física.

Destitución del presidente de Perú

Con este proyecto de ley, el Ejecutivo peruano busca que el Parlamento ratifique que los motivos para destituir o vacar al presidente de la República son por incapacidad física o mental permanente, acreditada por una junta médica y aprobada por dos tercios de los legisladores.

Asimismo, en el caso de que la incapacidad física o mental sea temporal, el cargo se suspende.

La propuesta legislativa también aborda el tema de la cuestión de confianza, dado que el propio Legislativo tiene previsto aprobar este martes, por insistencia, un proyecto sobre la facultad del jefe de Estado para plantear la confianza o aprobación a su gabinete.

Equilibrio de poderes

El proyecto de ley del Ejecutivo afirma que la exposición de la política general del gobierno, que realiza el presidente del Consejo de Ministros dentro de los 30 días de haber asumido funciones, no da lugar al voto de confianza.

Precisamente, la confianza al gabinete es uno de los temas de mayor debate en los últimos días en ese país. Esto dado que Castillo removió a los sectores del ala partidaria más extrema de su gabinete con el objeto de reducir los cuestionamientos a su gobierno desde el Congreso.

Con una nueva jefa del gabinete, la exlegisladora Mirtha Vásquez, el mandatario tomó distancia de los sectores más radicales del partido marxista Perú Libre. Este lo llevó a la presidencia de Perú, pero debe recibir la confianza del Parlamento en los próximos días para seguir con su flamante Consejo de Ministros.

El proyecto de ley que presentó plantea que la moción de censura contra los ministros únicamente procede por materias relacionadas con el ejercicio del cargo y que, de darse ese caso, el ministro aludido debe renunciar.

De igual forma, establece que ante la renuncia del primer ministro por censura, todo el gabinete renunciará con él.

Además, precisa: «No procede cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos».

Congreso contra reforma constitucional

La propuesta legislativa del gobierno responde a la insistencia del Congreso para aprobar un dictamen de la Comisión de Constitución, observado por el Ejecutivo, que puede facilitar la destitución presidencial, según comentaron los ministros de Estado.

El actual Parlamento, de mayoría opositora, intenta impedir que Castillo promueva la Asamblea Constituyente para modificar la carta magna -una de sus promesas de campaña-, así como un eventual cierre del Legislativo, como hizo el exmandatario Martín Vizcarra en 2019.

De acuerdo con la legislación vigente, el jefe de Estado puede cerrar el Congreso, en el caso de que este le niegue en dos oportunidades consecutivas el voto de confianza a su gabinete.

La legisladora del partido fujimorista Fuerza Popular Patricia Juárez afirmó: «De ninguna manera se está haciendo una modificación constitucional implícita y tampoco se le están recortando las facultades al señor presidente de la República, ni al presidente del Consejo de Ministros».

Juárez defendió el argumento del Congreso de que el Ejecutivo no puede observar reformas constitucionales y tampoco puede pedir la confianza sobre reformas constitucionales.

La congresista añadió: «Lo único que se ha hecho es regresar al equilibrio perdido por la irrupción, amenaza, abuso y prepotencia que, en su momento, hizo el señor Vizcarra».

 
 
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, inauguró este martes la 77 Asamblea General de la organización con un mensaje en el que destacó que el último fue un «semestre desastroso» para la libertad de prensa y se congratuló por la concesión del premio Nobel de la Paz a dos periodistas.

Canahuati, acompañado de la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas,  y del expresidente de la SIP Danilo Arbilla declaró abierta esta reunión de cuatro días en formato virtual.

 
El presidente de la SIP se refirió al cierre de dos medios «emblemáticos» por parte de gobiernos en convivencia con la justicia: El Nacional de Caracas y La Prensa de Managua.

Escalada de ataques en Brasil

En el informe sobre Brasil presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, la organización destacó que Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, y sus aliados «continúan atacando la actividad periodística y alimentando narrativas antiprensa que las redes sociales replican».

Denunció, además, que, desde que llegó al poder en enero de 2019, el Gobierno Bolsonaro ha buscado, aunque sin éxito hasta el momento, poner fin a la legislación sobre la publicación en diarios de los balances de empresas y avisos de licitación, con el fin de «perjudicar financieramente al sector».

La SIP enfatizó que, en el último año, la actividad periodística en el país estuvo marcada por un clima de «intolerancia y agresividad», donde se reportaron numerosos casos de agresión e intimidación a periodistas y empresas de medios, así como de censura.

Abusos, hostlidad y amenazas en El Salvador

En un informe preliminar, la SIP denunció que a medida que se consolida el régimen de Nayib Bukele, aumentan los abusos, atropellos, amenazas, restricciones y hostilidad contra los medios de comunicación y los periodistas», se indica en el documento preliminar que será conocido y aprobado en la 77 Asamblea General de la SIP.

La asociación apunta que Bukele ha fomentado la animosidad contra los periodistas y medios al publicar mensajes estigmatizantes e infundados. «Ser ‘periodista’ es el nuevo fuero. Pueden traspasar propiedad privada, invadir la intimidad, mentir, falsear documentos, difamar, comprar drogas, violar, evadir impuestos, lavar dinero, violar leyes migratorias, etc. Pero si la autoridad hace cumplir la ley, activan el fuero», publicó recientemente en su Twitter el mandatario salvadoreño, sin aportar ninguna prueba de las acusaciones.

De acuerdo con la SIP, las agresiones son variadas y cometidas por policías y personal de seguridad, desde la captura de un especialista informático de medios hasta la expulsión de periodistas extranjeros y la amenaza de un diputado oficialista de expropiar a uno de los principales periódicos su dominio elsalvador.com.

Preocupación en Bolivia

El apartado sobre Bolivia abre con una mención al polémico proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que se analizaba en el Parlamento pero que el Gobierno de Luis Arce retiró recientemente por las protestas que generó.

Según la SIP, la citada norma, promovida por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), eliminaba el «secreto de la fuente periodística», pues se exigía a «profesionales de todos los sectores, incluyendo a periodistas, que renuncien al secreto profesional».

Esto fue denunciado en su momento por los gremios de medios y periodistas que alertaron sobre el riesgo de pérdida de la protección del secreto profesional, ante lo cual el Gobierno de Arce aclaró que la norma no se aplicaba a los periodistas, ni comunicadores.

Aunque la norma fue retirada, sectores como los comerciantes y transportistas prevén nuevas protestas en demanda de la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto y que daba el marco para el proyecto retirado.

Violencia contra prensa colombiana en protestas

Los periodistas y medios colombianos fueron blanco de numerosas agresiones y amenazas durante las protestas sociales contra el Gobierno que tuvieron lugar entre abril y junio de este año. «La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró más de 300 agresiones contra la prensa durante el estallido social. A veces los reporteros se vieron en medio del fuego cruzado entre los manifestantes y los agentes de la fuerza pública. Sin embargo, la mayoría de las agresiones provino del lado estatal».

Según el informe, la FLIP documentó además 181 incidentes contra la prensa, entre ellos agresión física, hostigamiento, detención ilegal, obstrucción al trabajo periodístico y amenazas. «También registró 79 actos de daños a la infraestructura de medios, medios de transporte, amenazas a periodistas, hostigamientos, estigmatización, agresiones en redes sociales y obstrucción al trabajo periodístico», agrega el documento.
Las amenazas del crimen y de López Obrador
La SIP alertó sobre las amenazas del crimen organizado contra periodistas en México, las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesinato de seis comunicadores en la primera mitad de 2021.

En el informe sobre México advirtió de las «amenazas cada vez más burdas» de los grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). «El 9 de agosto se registró una amenaza descarada del crimen organizado hacia comunicadores de Televisa, Milenio y El Universal. Mediante un video, un grupo criminal (el CJNG) criticó la cobertura que hacían de los conflictos en el estado de Michoacán».

La agrupación, con sede en Miami, resaltó que México acapara la mayoría de los nueve asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en América, con seis, mientras que Brasil, Colombia y Haití reportan uno cada uno.

El aeropuerto alemán de Francfort-Hahn (oeste) pidió ingresar en cesación de pagos, anunció el martes la justicia alemana, debido a que la pandemia de covid-19 afectó al actividad de las compañías de bajo costo que centralizaban su tráfico.

El grupo chino HNA, que posee 82,5% de ese complejo situado a cien kilómetros de Fráncfort, pidió la “apertura de un procedimiento de cese de pagos”, señaló el tribunal de Bad Kreuznach (oeste).

La justicia nombró al gabinete de abogados especializado Brinkmann and Partners para administrar provisionalmente la empresa en el marco de este procedimiento.

El aeropuerto abrió en 1993 en una antigua base estadounidense y fue adquirido en 2017 por HNA a la región de Renania-Palatinado, que conservó el 17,5% de las partes.

En 2019 recibió 1,5 millones de pasajeros, muy lejos detrás de su casi homónimo aeropuerto de Francfort, primera plataforma aeroportuaria del país con 70 millones de pasajeros.

Pero la pandemia de covid-19 debilitó mucho su actividad, que conoció una baja de 70% del número de pasajeros en 2020.

La información es de Agence France-Presse

Human Rights Watch (HRW) acusó este martes al gobierno de Cuba de llevar a cabo, de forma sistemática, arrestos arbitrarios, maltratos contra detenidos y juicios abusivos, en represalia a las protestas pacíficas del 11 julio.

Human Rights Watch (HRW) denunció una “brutal estrategia de represión” del gobierno cubano tras las protestas del 11 de julio, con al menos 130 casos de detenciones arbitrarias, maltratos y juicios falsos.

Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW, subrayó que esa estrategia tiene como objetivo “infundir miedo” y lamentó que los cubanos hayan sido “sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, indicó en un comunicado que la organización humanitaria con sede en Nueva York se basó para elaborar este informe en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares, activistas y periodistas realizadas entre julio y octubre.

Vivanco presenta este 19 de octubre los resultados de la investigación en la universidad Miami Dade College, al cumplirse 100 días del estallido en las protestas en Cuba.

Palizas oficiales, jueces cómplices

Los 130 casos de violaciones de derechos humanos están relacionados con detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos a cargo de la seguridad del Estado, las fuerzas militares, la policía nacional y las “boinas negras”, detalla el informe.

Subraya que las “brigadas de respuesta rápida”, que son grupos de civiles organizados por el gobierno, “estuvieron implicados en varias golpizas”. Además, detalla que los “jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos”.

El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.

HRW denunció que en la mayoría de los casos, los detenidos estuvieron incomunicados, fueron arrestados con violencia y en algunos casos maltratados y obligados a hacer “sentadillas desnudos”, privados del sueño, encerrados en celdas sin luz natural o amenazados con represalias contra familiares.

“Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo”, consigna el informe. Detalla que muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso.

“Fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como ‘desorden público’, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad”, precisa.

El caso José Daniel Ferrer

La organización, que detalla el caso de cada una de las víctimas, señala sobre José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que fue detenido junto con su hijo el 11 de julio. Agrega que el líder opositor, acusado de “desorden público”, “se encuentra en prisión preventiva y se le ha negado la posibilidad de hacer llamadas telefónicas desde su detención”.

En agosto pasado la familia de Ferrer recibió un documento de un tribunal donde se indica que él cumpliría “una pena de 4 años y 14 días de cárcel por un incidente anterior no relacionado con su actual detención”, indica el informe.

Según HRW, el 19 de agosto pasado, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas, en su mayoría a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa. HRW señala además que “varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención”.

“Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus”, indica el informe.

La información es de Deutsche Welle

 

Una década pasó desde que un grupo de rebeldes logró acabar con la vida del dictador Muamar al Gadafi, en un violento acto de venganza. Pese a su muerte, parte de sus actos perduran en Libia, debido a las conexiones que hizo y los hijos que tuvo, quienes a día de hoy defienden «el legado de su padre» frente a la comunidad internacional.

El 20 de octubre de 2011, tras dos meses huido, un grupo de rebeldes halló a Muamar al Gadafi escondido en una gran tubería en el extrarradio de Sirte, su ciudad natal.

Se le apaleó y humilló hasta la muerte en un controvertido aquelarre de horror y venganza.

Ensangrentado, con el torso desnudo y las heridas visibles de las torturas infligidas por su captores, el cuerpo sin vida de uno de los dictadores más estrafalarios del mundo se exhibió durante los cuatro días.

Sorprendido en el inicio, las fuerzas leales a Gadafi habían logrado recuperar el territorio perdido y bombardear Misrata.

Pese a esto, la acción determinante de la OTAN frenó el retroceso rebelde y permitió acorralar al régimen, que se desmoronó a finales de agosto.

Junto al dictador, se expuso el cadáver de su hijo Mutassim, asesinado en custodia de los rebeldes el mismo día. Se anunció la muerte de varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el que fuera ministro de Defensa, Abu Bakr Yunis al Jabr.

Los tres fueron enterrados días más tarde en un lugar todavía secreto sobre el que existen diversas hipótesis. La más extendida, que se trata de un túmulo en medio del desierto, ya que un edicto religioso islámico decretó que carecía del derecho a la tierra sagrada.

Dos hijos de Gadafi y un legado

Al Gadafi, líder del golpe de Estado militar que en 1969 derrocó al rey Idris al Senussi, tuvo ocho hijos, siete de ellos varones.

Tres de ellos murieron durante la revuelta: además de Mutassim, consejero Nacional de Seguridad, perecieron el benjamín, Khamis, líder de la fuerza de elite del régimen, víctima, según la organización Human Rights Watch, de un bombardeo de la OTAN cuando trataba de huir.

Y Saif al Arab, uno de los líderes de la represión en la ciudad de Bengazi, capital del este de Libia, que murió en un ataque de la Alianza.

Tres más lograron huir y ahora viven en Omán y el Líbano mientras que los dos más mediáticos fueron capturados y encarcelados en Libia.

El pasado marzo, el llamado Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado “ad hoc” por la ONU, formó un Gobierno Nacional de Unidad (GNU).

Esto, con el objetivo de gestionar el país y prepararlo para elecciones presidenciales y legislativas previstas el próximo 23 de diciembre.

Empresario del antiguo régimen

Al frente de ese Gobierno transitorio se colocó a Abdul Hamid al Debaibah, un multimillonario originario de Misrata que hizo fortuna con la construcción durante la dictadura.

En 2007, y en pleno proceso de reconciliación con Occidente, Al Gadafi le nombró presidente de la Compañía Estatal de Desarrollo e Inversiones (LIDCO), responsable de algunos de los grandes proyectos nacionales como la construcción de un millar de viviendas públicas en Sirte.

Miembro del Partido Árabe Socialista, Al Debaibah estrechó vínculos con “el hijo futbolista” de Al Gadafi, Al Saad, capitán de la selección, presidente de la federación de fútbol y con conexión con Italia, donde llegó a jugar en la Serie A, desde su posición como presidente del Ittihad, segundo equipo de la capital.

El primer ministro transitorio está ahora implicado en el pulso que mantiene el mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del este, el Parlamento bajo su estela en la ciudad oriental de Tobrouk y el Consejo de Estado en Trípoli sobre la ley electoral y los requisitos para ser candidato, que amenaza con posponer los comicios pese a los ímprobos esfuerzos de la comunidad internacional.

Entre quienes aspiran a la presidencia se cuenta el propio Saif el Islam al Gadafi, que tras años de cárcel en la ciudad de Zintan, fue liberado, amnistiado y acogido por las huestes de Hafter, pese a que se mantiene la orden de arresto internacional.

En una entrevista concedida el pasado julio al diario “The New York Times” acusó a los nuevos políticos libios de haber esquilmado el legado de su padre y aseguró contar con el apoyo de miles de libios a los que diez años de inseguridad y guerra han empujado a la nostalgia.

La información es de Agencia EFE

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue convocado hoy para que el próximo 2 de noviembre comparezca como testigo en el juicio por el llamado caso de los sondeos, que comenzó ayer, lunes y en el que están siendo juzgados cinco antiguos colaboradores suyos por presuntos delitos de corrupción.

Al tratarse de presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, Sarkozy, presidente de la República Francesa entre 2007 y 2012, se había librado de declarar durante la fase de instrucción y de sentarse en el banquillo al estar protegido por la inmunidad presidencial, y había antepuesto esa protección para intentar no tener que declarar como testigo.

 

La justicia francesa ordenó este martes que el expresidente conservador Nicolas Sarkozy comparezca como testigo en el juicio a cinco antiguos allegados suyos por las decenas de sondeos encargados por el Elíseo durante su mandato.

El ex jefe de Estado, que no es juzgado gracias a su inmunidad presidencial, había comunicado al tribunal administrativo de París su rechazo a comparecer, como pedía la asociación anticorrupción Anticor.

El tribunal considera sin embargo que “el testimonio de Nicolas Sarkozy es efectivamente (…) necesario para establecer la verdad” y que podría “influir en los hechos que se imputan a los acusados”.

La corte “ordenó que este testigo sea llevado ante él por la fuerza pública para ser escuchado el 2 de noviembre”. Consultado por esta decisión, el entorno de Sarkozy rechazó reaccionar “por el momento”.

El presidente francés entre 2007 y 2012, que ya fue condenado a un año de prisión en marzo y a otro a fines de septiembre por otros casos -veredictos que recurrió-, ya se negó en 2016 a comparecer ante el juez de instrucción de este caso.

El escándalo de los sondeos, que comenzó en 2010, reveló que el Elíseo pagó muchas encuestas de opinión sobre la popularidad del presidente, sus políticas, sus rivales e incluso sobre su esposa Carla Bruni.

Una “adicción a los sondeos”, denunció en 2012 el político ecologista Raymond Avrillier, que obtuvo a través de la justicia administrativa documentos de la presidencia francesa.

Durante cuatro meses, el tribunal debe abordar las sospechas de favoritismo y malversación de fondos públicos sobre los contratos cerrados por el Elíseo, sin concurso público.

Entre los acusados figuran el historiador y periodista de extrema derecha Patrick Buisson, el ex secretario general de la presidencia Claude Guéant y la ex directora de gabinete Emmanuelle Mignon.

El ex codirector de la empresa de sondeos Ipsos Pierre Giacometti también figura entre los procesados, así como el antiguo consejero Julien Vaulpré.

Radio France Internationale

Al menos 41 personas murieron en el norte de India debido a inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por días de lluvias torrenciales, según un nuevo saldo anunciado este martes por las autoridades.

Los servicios meteorológicos indios prolongaron el martes la alerta y prevén lluvias de “fuertes” a “muy fuertes” en la región durante los próximos dos días. En algunos lugares llovió más de 400 mm el lunes.

Las autoridades del estado de Uttarakhand, en el Himalaya, anunciaron que los corrimientos de tierra mataron a 35 personas, además de las seis fallecidas la víspera.

Al menos 30 de ellas murieron la madrugada del martes en siete incidentes separados en el distrito de Nainital, el más afectado, después de deslaves y el colapso de infraestructuras causados por un diluvio.

“Treinta personas murieron y muchas otras están desaparecidas”, declaró a la Agence France-Presse Ashok Kumar Joshi un alto cargo del distrito de Nainital, en el estado de Uttarakhand. Según él, las intensas lluvias han causado daños considerables en zonas aisladas de esta región montañosa.

Cinco miembros de una familia quedaron sepultados en su casa, dijo un funcionario local, Pradeep Jain.

Otras cinco víctimas murieron en un corrimiento de tierras en el distrito de Almora, en el norte de Uttarakhand, que engulló su vivienda bajo rocas y barro.

Cierre de los colegios

Debido a las alertas meteorológicas, las autoridades ordenaron el cierre de los colegios y prohibieron las actividades religiosas o turísticas en el estado.

En imágenes transmitidas por televisión y que circulan en las redes sociales se ve a habitantes intentando abrirse paso en el agua que les llega hasta las rodillas cerca del sitio turístico del lago Nainital. También se observa al Ganges que se desborda en la ciudad de Rishikesh.

Más de un centenar de turistas han quedado bloqueados en la estación de Ramgarh debido a la crecida del río Kosi que inundó varias ciudades.

El norte de India suele verse afectado por corrimientos de tierra pero desde hace un tiempo aumentan debido, según los expertos, al calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la construcción de presas hidroeléctricas y la deforestación.

En febrero una crecida repentina devastó el valle de Rishiganga en Uttarakhand, con un saldo de unos 200 muertos, de los que solo se encontraron alrededor de 60 cadáveres.

Según las previsiones meteorológicas, para los próximos días se esperan fuertes lluvias en el estado de Kerala (sur), donde las inundaciones ya han causado más de 27 muertos desde el viernes.

Muchas represas de este estado turístico rozan el nivel de alerta, los ríos se desbordaron y las autoridades evacuaron a miles de personas. La lluvia amainó un poco este martes pero se esperan intensas precipitaciones para los próximos dos días

Radio France Internationale