«Son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera».
Eso se le oye decir en un video a un comerciante del municipio de Tibú, en el nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela. Él y sus vecinos de la zona tienen a dos presuntos ladrones de origen venezolano retenidos, acorralados, con las manos atadas. Los graban antes de entregarlos a las autoridades.
«Bajo nuestra responsabilidad están», añade el mismo comerciante en el video.
La policía, le dijo uno de los testigos a BBC Mundo, «no contestó el teléfono en 12 veces que los llamamos».
Y en vez de los agentes, llegaron dos hombres armados que forcejearon con los comerciantes, encañonaron a los dos muchachos, los montaron en sus motos y se los llevaron.
Horas después, los dos jóvenes fueron encontrados muertos, con disparos en la cabeza, tirados en una carretera, con cartones colgados que decían «por ladrón«.
El caso generó conmoción en ambos países. El gobierno de Bogotá pidió contundencia a las autoridades en «la guerra contra el narcoterrorismo» y desde Caracas anunciaron denuncias a Colombia en cortes internacionales. Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos condenaron lo sucedido.
Pero esta no es la primera vez que alguien es brutalmente asesinado, incluso con un letrero que busca justificar el homicidio, en esta caótica frontera de 2.200 kilómetros. De hecho, este jueves se reportó un caso prácticamente igual.
La diferencia en el homicidio de los dos jóvenes venezolanos es que sus rostros se hicieron virales en videos donde parecían inofensivos, cándidos, ajenos a la guerra de mafias que se vive cada día en esta frontera.
Casi una semana después del suceso, a pesar de que se informó que los menores tenían 12 y 15 años, las autoridades colombianas y los medios locales esclarecieron que los fallecidos eran Jackson Enrique Arriaga, de 23 años, y un joven de 15 años cuya identidad se ha protegido.
Los pillaron robando unos pantalones en un comercio de Tibú, y luego se convirtieron en una historia más de violencia que indigna al país.
De la crisis venezolana, a cocaleros en Colombia
El diario La Opinión de Cúcuta, la principal ciudad de la zona fronteriza, a unos 120 kilómetros de Tibú, reportó que la familia del menor de edad, de origen indígena wayuu, recogió su cuerpo el martes y lo llevó a Maracaibo.
«Yo no puedo hablar nada de lo que pasó, pues mi sobrino se vino para Colombia a buscar una mejor calidad de vida y mire lo que le pasó», le dijo la tía del joven al diario cucuteño.
«Mi sobrino estudiaba allá en Venezuela, era un niño muy juicioso, pero como la mamá estaba enferma, lo dejó todo y se vino a buscar trabajo», dijo la mujer, cuyo viaje a Colombia incluyó 10 horas en moto por la porosa frontera.
Según las autoridades, el menor llevaba dos años en Colombia, trabajaba como recolector en un cultivo de hoja de coca y durante el último mes se había juntado con otro joven para realizar pequeños robos como el que originó su muerte.
De Jackson Enrique Arriaga, el otro venezolano asesinado, los medios cucuteños y venezolanos solo han reportado que era oriundo de la ciudad de Mérida, es padre de una niña y su familia no ha logrado reclamar el cuerpo.
«La policía no puede salir»
El comerciante que habló con BBC Mundo, y pidió no revelar su identidad para proteger su seguridad, explicó que el objetivo de la comunidad no era linchar a los jóvenes, sino entregarlos a las autoridades.
Antes, sin embargo, «querían darles una vuelta por las calles para que pasaran vergüenza, cosa que ya se hizo anteriormente, solo que esta vez no llegaron a entregarlos».
Jhon Jairo Jácome, uno de los periodistas que mejor conoce la zona fronteriza, explica que el escarmiento público es una práctica usual: «Los desnudan, los golpean, les hacen la famosa ‘paloterapia’ y los pasean por el pueblo para se haga lo que mucha gente cree que es la única justicia posible».
En Tibú, la puerta de entrada a una región neurálgica del narcotráfico conocida como el Catatumbo, confluyen decenas de grupos armados, colombianos y extranjeros, que luchan entre ellos por el territorio y ser reconocidos como la autoridad.
Además, hay cultivos ilegales de palma, contrabando, una profunda inestabilidad política e institucional y ahora se añadió el reclutamiento de jóvenes venezolanos en bandas armadas.
La policía atribuyó el doble homicidio a las llamadas disidencias de las FARC, reductos de la guerrilla desmovilizada, pero expertos en conflicto han descrito el caso como una acción típica del paramilitarismo.
Aunque la policía anunció una investigación interna por negligencia de los oficiales a cargo de la comisaría, tanto Jácome como el comerciante explicaron que en Tibú tampoco es mucho lo que las autoridades pueden hacer.
«La policía no puede salir de su estación, viven escondidos, porque o hay francotiradores que les pueden disparar o las denuncian son en realidad señuelos para atacarlos; entonces ellos no salen, viven como presos, viven como parias», explica el periodista.
El comerciante añade: «Para nadie es un secreto que la policía y el ejército tienen miedo».
Fuente: El Universal
Por: Maria Laura Espinoza
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