La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos de la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén. La justicia estadounidense la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en la obtención de dólares preferenciales a cambio de comisiones.

Los magistrados de la Sección Tercera consideraron, en una sentencia, que se cumplen los requisitos para proceder a la extradición de la reclamada. Los delitos por los que la señalan en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, informó EFE.

La reclamación del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida señala que Gorrín, junto a Claudia Patricia Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa, participaron de 2008 a 2017 en un estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano.

A ambos los detuvieron en diciembre de 2020 durante una operación coordinada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Ganaba muy bien, pero no tenía tiempo para gastar
Díaz Guillén es abogada graduada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Enfermería y tiene una maestría en finanzas. También fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez. Pedía que no la extraditaran de España a Venezuela porque en el país no hay Estado de derecho.

La enfermera aseguró, en una entrevista al diario El Mundo de España, que no se ha robado dinero de las arcas públicas de Venezuela.

“Ni un bolívar. Ni un dólar”, afirmó Díaz en 2018, cuando aún vivía en el centro de Madrid con su marido. Agregó que sus ahorros en la banca venezolana son, debido a la hiperinflación, 5 dólares o 5 euros.

“Yo ganaba mucho dinero, pero no me daba tiempo de gastarlo. Ahorraba”, aseguró entonces. Los apartamentos que compró en Venezuela lo ocupó el personal del gobierno de Nicolás Maduro.

 
Justificó la mayor parte de su dinero a la familia adoptiva de su esposo, Adrían Velásquez, exmiembro del cuerpo castrense y antiguo funcionario de la Guardia Presidencial de Chávez. Díaz Guillén también aseguró que su esposo era comerciante.

“Nosotros no hemos huido de la Justicia española, la hemos enfrentado. Lo que no queremos es que nos lleven a Venezuela, un país donde no hay una Estado de derecho, ni se respetan los derechos humanos”, dijo.

EFE

La candidata por la Unidad Democrática a la gobernación de Portuguesa, María Beatríz Martínez, se apersonó al tramo de la autopista José Antonio Paéz, en el municipio Ospino, luego de que colapsara parte del puente, donde buscó respuestas respecto a lo acontecido, que no encontró  de los funcionarios que ocupan cargos de los que no se hacen responsables. 

La candidata considera que la respuesta correcta es la falta de mantenimiento y la sobre explotación de arena en los causes del río de lo cual el desgobierno es responsable.

Martínez intentó conversar con el ingeniero que se encontraba al frente de la evaluación de la obra, Nohel Villavicencio, presidente de la empresa socialista de infraestructura, servicios y redes del estado Portuguesa (ESINSEP), quien evadió las preguntas por lo ocurrido y prefirió contestar simplemente “yo no te hablo”.

“Estamos en presencia de lo que hemos denunciado durante los últimos 22 años, la incompetencia, el desgobierno que ha ocasionado daños en donde se expone hasta la vida de los ciudadanos, supuestos funcionarios puestos a la cabeza de instituciones que claramente no saben gerenciar ni ejercer los cargos debidamente, solo se ocupan de resaltar su demagogia política que acaba con la nación”, lamentó María Beatríz Martínez.

 
 La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz Delsa Solórzano exigió este jueves ante la sede del PNUD, junto a familiares de presos políticos, cumplir con el mandato del Consejo de Derechos Humanos.

“No pueden permanecer como mirones de palo en un país donde están matando a los presos”, exigió Solórzano, tras consignar un documento en el que reseñan la delicada situación de los presos de conciencia.

La defensora de Derechos Humanos responsabilizó al régimen por la muerte del General Raúl Isaías Baduel, desestimando la versión de la dictadura que aseguró que fue producto del Covid-19.

“Ese señor que dijo que fue por Covid-19, horas antes de que le hicieran la autopsia, fue el mismo que dijo que Fernando Albán salto de una ventana en un edificio sin ventanas. Lo mataron y punto”, dijo.

Refiriéndose a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad, dijo: “cuando el régimen quiere salvarse hace cualquier cosa, vean lo que ocurrió con el capitán Acosta Arévalo que lo asesinaron, su asesino dijo que lo había hecho por órdenes superiores , pero la responsabilidad penal es personal”, dijo.

Solórzano pidió a los representantes de la ONU cumplir con su trabajo, “los familiares y la víctimas necesitan una verdadera protección y ese es el mandato del Consejo de Derecho Humano de la ONU”.

Aplaudió la valentía de los familiares que pese a los tratos crueles y persecución a los que son sometidos siguen en pie de lucha. “Aquí están para levantar la voz en nombre de sus familiares. Ellos están presos por una única razón: defender la nación y defender la nación jamás será un delito”.

Franklin Caldera, padre del teniente Franklin Caldera Martínez, pidió al régimen parar “tanta tortura para nuestros presos políticos militares y civiles , es increíble como nosotros los familiares tenemos que sacar de donde no tenemos para poder llevarle comida”.

-Yo pasé a ser hipertenso por culpa de esta situación. Le pedimos a la CPI, a todas las organizaciones internacionales  que se enfoque en la libertad de nuestros hijos.

Por su parte Liliana de Hernández Da Costa, dijo que se atreve a alzar la voz  para denunciar la situación irregular  al la que está sometido no solo su esposo, el general Hernández Da Costa, sino por todos los presos políticos militares “que en especial han sido los grandes olvidados a la hora de las liberaciones”.

Mientras que Yuraima Paracaipa, narró que su hijo, quien tiene 400 días preso, permanece en Yare 3 donde es difícil llegar, “tengo que caminar más de 40 minutos para llegar. Nos someten a revisiones en las que nos desnudan completamente y obligan a saltar y mostrar nuestras partes”.

“Mi hijo es inocente de todo lo que lo acusan. Está presentando problemas de salud, en la cárcel no hay agua, no hay neveras, tenemos que llevarle todo y somos de Maracay. Yo sufro de fibrosis pulmonar grado dos, es una pesadilla todo esto”, dijo.

Paracaima  pidió libertad para todos los presos políticos, “estamos cansados, estamos agotados mental, psicológicamente y económicamente porque en Yare se tiene que pagar por todo, por el agua, por el espacio, por respirar, por eso hago un llamado internacional para que nos ayuden”.

 
 
El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, lamentó que el general Raúl Isaías Baduel se haya convertido en otro preso político que muere en manos de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Fue víctima de torturas, tratos crueles, aislamiento, falta de atención médica y le violaron sus derechos humanos. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares”, afirmó Borges en un mensaje divulgado a través de sus redes oficiales.

El máximo representante diplomático del Gobierno Legítimo indicó que la muerte del general Baduel es una muestra del profundo desprecio que tiene el régimen por la FANB.

Borges enfatizó que el general Baduel alcanzó el más alto rango en la institución, sin embargo, la dictadura dejó que muriera en condiciones inhumanas y sin el derecho a ser atendido por personal médico.

“Esto debe mover la conciencia de todos los patriotas que saben que esta tragedia que representa Maduro hay que detenerla”, aseveró.

Por último, el funcionario venezolano destacó que son más de 200 presos políticos, civiles y militares cuyas vidas continúan en riesgo.

“La comunidad internacional debe presionar para que la dictadura libere a todos los que mantiene detenidos injustamente. No se puede permitir más muertes de inocentes”, concluyó.

CCN

 
 
 El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, exigió una investigación exhaustiva e imparcial para investigar a la cadena de mando y sancionar a los responsables del fallecimiento del General Isaías Baduel.

Prado manifestó la importancia de que la investigación se realice en base a las normas internacionales como el Protocolo de Minnesota.

“El régimen de Maduro mata a los presos, evidencia de ello son las muertes de Salvador Franco, Rafael Acosta Arévalo, entre otros”, denunció.

El Comisionado aseguró que los derechos humanos no son negociables y exigió justicia por la “muerte” de Baduel “que comenzó hace 12 años cuando fue perseguido y detenido arbitrariamente”.

Prado manifestó su solidaridad con los familiares del preso político Raúl Isaías Baduel, quien murió en extrañas circunstancias bajo custodia del régimen de Maduro, quien lo mantenía aislado en un calabozo del Sebin.

“El General Baduel perdió la vida en los brazos de su hijo Jornar Adolfo y ahora sus restos serán objeto de una inhumación controlada por parte del régimen”, sentenció.

CCN