Durante el diálogo interactivo que analizó el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, la jefa de la Misión Marta Valiñas, afirmó que existen motivos razonables suficientes para concluir que el sistema de justicia en Venezuela es utilizado como instrumento para la persecución, tortura y otras violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Valiñas informó que se investigó y analizó el rol del sistema de justicia venezolano en la persecución de opositores al gobierno, confirmando al menos 183 casos en los cuales opositores fueron detenidos entre 2014 y agosto 2021.
“Jueces, juezas y fiscales fallaron en proteger a opositores y han contribuido a las detenciones arbitrarias sin orden judicial, justificadas a menudo bajo la figura de flagrancia y emitiendo ordenes de detención a posteriori. Se hicieron como una medida rutinaria y no ocasional. Estas detenciones en su mayoría son en el SEBIN, bajo acusaciones de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos y denigrantes”, expresó la experta.
Francisco Cox, miembro de la misión, fue más específico al detallar que “jueces, juezas y fiscales participan en la alteración de fechas de órdenes de captura para detenciones arbitrarias, y luego no actúan sobre los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos”.
Valiñas detalló que las víctimas “comparecieron ante las autoridades judiciales con evidencias tangibles de estos tratos crueles, sin que las autoridades judiciales (jueces y fiscales) hicieran nada para impedir ello”. Expresó la preocupación de la Misión porque la fiscalía utilizó o avaló la tortura como instrumento para obtener confesiones o declaraciones.
El informe confirma que en ciertos casos “los actores de justicia privaron a las victimas de tener una representación legal y obtener acceso a documentos vitales para su defensa. El sistema de justicia se ha ido debilitando en Venezuela. los exjueces, juezas y fiscales reportaron recibir instrucciones para procesar y condenar a opositores”.
Cox precisó que “en el primer informe plasmamos que en Venezuela existe una política de estado para aplastar a la oposición; en este segundo informe dejamos claro que se utiliza el sistema de justicia para perseguir y judicializar a los opositores. Aspiramos que una reforma estructural del sistema de justicia permita la protección a estos opositores, no reformas puntuales”.
La Misión lamentó que “las autoridades venezolanas se niegan a colaborar”, reafirmando que pese las dificultades impuestas en el terreno, se “seguirá investigando los casos de violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos y denigrantes (…) la independencia del poder judicial, de jueces y fiscales y del sistema de administración judicial es fundamental para que las víctimas puedan tener reparación y justicia.
Cox puntualizó que pese a que se ha negado el ingreso de la Misión a Venezuela, “todo lo contenido en el informe es sustentado con testimonios directos de víctimas, funcionarios y exfuncionarios del Estado venezolano, siguiendo el estándar probatorio con rigurosidad metodológica”.
Comisionado Pizarro: no se puede callar ante el régimen de Maduro
El Comisionado del Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó para La Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, afirmó: “Lo que hoy tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reitera la importancia de la denuncia, la investigación y de no callar ante el régimen de Nicolás Maduro. Los dos informes presentados en estos años por la Misión de Determinación de los Hechos no solo demuestran y reafirman la violación de Derechos Humanos como una práctica sistemática, sino que también comprueba la centralización de los poderes en Venezuela, la política de Estado de aplastamiento contra todo aquel que piense distinto y la necesidad de que las victimas encuentren justicia”.
El Comisionado hizo énfasis en las palabras de los expertos: “Es necesario recalcar lo que dijeron los expertos de la Misión en la sesión del día de hoy: para que las víctimas puedan tener justicia, reparación y garantías de no repetición, es fundamental una reforma de todo lo que se conoce en Venezuela, hasta ahora, sobre la estructura del poder judicial. Es vital, para cualquier democracia, la independencia de los poderes, que se realicen reformas que puedan darle a las víctimas y a todos los venezolanos un acceso efectivo del sistema de justicia, mecanismos de reparación y garantías de no repetición”.
Unión Europea encabeza preocupación de la comunidad internacional
La Unión Europea (UE) pidió este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, que sea restaurada la independencia del sistema judicial en Venezuela.
Durante el diálogo interactivo la embajadora Lotte Knudsen aseguró que el documento es “muy preocupante”.
“Hay motivos para considerar que la mayor parte de los casos no han sido investigados ni enjuiciados conforme con el derecho nacional e internacional. Parece que hay numerosas irregularidades procesales que se han llevado a cabo con la interferencia de autoridades de alto nivel, violando así el principio de independencia del poder judicial. El informe también destaca la impunidad por violaciones de derechos humanos“, resaltó.
“Pedimos a Venezuela que restaure la independencia del sistema judicial y que lleve ante la justicia a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos”, instó Knudsen.
La representante diplomática europea también emplazó al régimen venezolano a que “cooperen con todos los mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la Misión de Investigación y la Corte Penal Internacional”, y que se permita la apertura de una oficina plena del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país.
La embajadora aseguró que “la prioridad de la Unión Europea es la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”, y reiteró “la importancia de una solución democrática y política a la crisis en Venezuela, que lleve a elecciones parlamentarias, presidenciales y regionales transparentes, inclusivas y creíbles”.
Canadá sumó su voz, expresando “tenemos muchas preocupaciones por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que de acuerdo al informe presentado pueden significar crímenes de lesa humanidad”. Abogaron para que la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH impulse medidas que aseguren la justicia y reparación a las víctimas.
Por su parte, Alemania destacó el caso del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió a consecuencias de torturas infringidas por funcionarios del régimen de Maduro. “Dejó impactado al mundo”, dijo el embajador alemán.
España expresó su preocupación sobre “cómo estas irregularidades en el sistema de justicia venezolano afectan la participación política de los venezolanos”. Ratificaron la necesidad de una solución que dé paso a unas elecciones libres en Venezuela.
Luxemburgo llamó la atención sobre “las violaciones de derechos humanos contra periodistas, sociedad civil y activistas de derechos humanos”, condenando “la ausencia de independencia en el sistema judicial venezolano”.
Portugal dijo “nos preocupa la situación de derechos humanos en Venezuela, donde la erosión del sistema judicial ha repercutido en su eficacia y equidad. Condenamos todas estas prácticas y lamentamos la falta de cooperación del gobierno de Venezuela”. Expresó su complacencia por las negociaciones actuales “que esperamos conduzcan a elecciones libres e inclusivas”.
Irlanda denotó su preocupación por la muerte del preso político Gabriel Medina, afirmando que “son 9 los fallecidos presos por razones políticas desde 2014”. Precisó que ante “las graves violaciones de derechos humanos y crímenes realizados por el Estado, a las víctimas se les niega el acceso a la justicia”.
Los representantes de República Checa y Georgia también expresaron su preocupación por la impunidad fomentada desde el sistema judicial a los crímenes patrocinados desde el gobierno de Maduro, en especial violencia de género, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecución e instigación a periodistas, ONG y actores humanitarios. Pidieron la liberación de presos políticos, así como la realización de elecciones libres con condiciones, ratificando su apoyo a los venezolanos en sus esfuerzos por revivir la democracia.
Malta afirmó que “las personas detenidas se encuentran bajo gran vulnerabilidad bajo la pandemia del COVID19”. Pidieron que se les garantice a los privados de libertad acceso rápido a la atención médica.
Latinoamérica con Venezuela
Durante el diálogo interactivo, los representantes de América Latina alzaron su voz por la crisis de derechos humanos en Venezuela.
El embajador de Ecuador dijo que “es motivo de especial preocupación el recuento de innumerables violaciones derechos humanos en Venezuela, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y denigrantes. También las irregularidades en el sistema de justicia.
Uruguay resaltó su inquietud por las “múltiples y persistentes disfunciones en la independencia del poder judicial en Venezuela”, así como la ausencia de actuación del sistema de justicia ante las denuncias de violaciones de derechos humanos. “El sistema de justicia juega un papel definitivo en la persecución y represión de opositores, en lugar de proteger a las víctimas”.
Brasil y Paraguay enfatizaron su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos, así como la ausencia de independencia del sistema de justicia; al tiempo que el embajador de Chile dijo que “esta situación ha significado para Chile una masiva llegada de migrantes que buscan mejores oportunidades de vida”.
Colombia exhortó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a asegurar todos los mecanismos para que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia y exista reparación a las víctimas.
La Comisión Interamericana de DDHH avaló el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos y pidió al Consejo de DDHH de la ONU respaldar la labor de la Misión.
ONG de DDHH: trabajo de la Misión es la última esperanza para que las víctimas tengan justicia en Venezuela
Provea y FIDH avalaron el trabajo de la Misión de determinación de Hechos, afirmando que “es la última esperanza para que las víctimas tengan justicia en Venezuela”. Instaron a los miembros del consejo de DDHH a hacer seguimiento a los actos de instigación y seguimiento a los que son víctimas los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Cofavic denunció que la impunidad es la constante en Venezuela y pidió a los miembros del Consejo de DDHH impulsar las medidas necesarias para poner fin a la impunidad en los crímenes que comenten los funcionarios del Estado venezolano.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, recordaron que “la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que hay suficientes hallazgos de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Los miembros del sistema de justicia, en lugar de proteger a las víctimas, amparan los delitos y violaciones de derechos humanos que se impulsan desde el Estado”.
United Nation Watch expresó que “el informe refleja lo que todos sabemos, que en Venezuela no hay justicia (…) se cometen crímenes y horrores contra civiles y militares”.
Freedom House aseguró que “las víctimas necesitan justicia y reparación”, por lo que instaron a los miembros del Consejo de DDHH de la ONU a “hacer más convincentes su apoyo al trabajo y resultados de la Misión”.
El representante del régimen de Nicolás Maduro, Héctor Constant, dijo que las acusaciones “se tratan de fakenews y campañas intervencionistas financiadas desde Washington por la comunidad internacional”. Se le unieron los representantes de Cuba, Rusia, China, Irán, Siria, Zimbabue, Bolivia y Corea del Norte, entre otros.
Pizarro finalizó agradeciendo a los representantes de los países que hoy se pronunciaron, así como las Organizaciones No Gubernamentales tanto nacionales como internacionales: “Hoy la comunidad internacional volvió a alzar su voz, hoy el mundo se hizo nuevamente eco de las denuncias de los venezolanos y reiteró su compromiso con la justicia y la libertad de nuestro país”.
CCN
