Un ataque que fue directo al corazón del sistema financiero, y que buscaba desestabilizar, el sistema central del banco más grande del país caribeño, que atiende a 14 millones de usuarios, dijo Rodríguez

La administración de Nicolás Maduro acusó este miércoles a EE.UU. de planificar y gestar el ataque informático que sufrió el pasado 15 de septiembre el estatal Banco de Venezuela, cuyo objetivo era, según la vocera del ejecutivo, Delcy Rodríguez, desestabilizar el sistema financiero.

Rodríguez mostró, durante una rueda de prensa en Caracas, el registro de, al menos, siete intentos de sabotaje en la misma fecha y denunció que «el origen que deja allí la huella es los Estados Unidos de Norteamérica, desde allí se dio el ataque».

«Ha quedado comprobado el terrorismo cibernético», dijo la funcionaria, quien aseguró tener pruebas de que se trató de un ataque «que fue directo al corazón del sistema financiero», y que buscaba «desestabilizar», el sistema central del banco más grande del país caribeño, que atiende a 14 millones de usuarios.

El pasado 17 de septiembre, el gobierno de Maduro denunció que la plataforma tecnológica del Banco de Venezuela había sufrido un sabotaje dos días antes, calificado por el Ejecutivo como «ataque terrorista», afectando a usuarios de la entidad estatal que no pudieron realizar sus operaciones habituales.

Según explicó hoy Rodríguez, las pruebas que el Gobierno tiene en su poder apuntan a que se planificó en EE.UU., por lo que «se ha establecido una comisión de alto nivel tecnológico para blindar todos los procesos y todos los protocolos del sistema financiero venezolano».

Durante su comparecencia, la vicepresidenta venezolana añadió que el objetivo principal es «perturbar el curso de la economía 100 % digital» y que el proceso de restauración de todos los sistemas del banco estatal demoraron unas 130 horas.

En este sentido, resaltó la «vigorosidad del sistema informático del Banco de Venezuela» e informó que se logró proteger la información de los usuarios, así como restablecer todos los servicios.

La funcionaria recordó que el primero de octubre comienza «la nueva expresión del bolívar digital en Venezuela» y explicó que, de cara a esa fecha, se trabaja en todos los protocolos de seguridad y tecnológicos «para garantizar la buena llegada de este proceso».

Por otra parte, en la rueda de prensa, Rodríguez se refirió al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien responsabilizó también de «atentar contra el proceso de diálogo en Venezuela».

Rodríguez reprochó la conducta del mandatario colombiano y las reuniones recientes que ha sostenido con el líder opositor Leopoldo López, quien reside en España tras huir de Venezuela en octubre del pasado año, y a quien tildó de «prófugo de la Justicia».

«Iván Duque todos los días atenta contra el proceso de diálogo en Venezuela, Iván Duque planifica todos los días cómo perturbar y atacar el proceso del diálogo», dijo.

Además, lo acusó de usar «para sus arcas personales» el dinero que solicita para apoyar a los migrantes venezolanos en suelo colombiano.

 
 
 Presos políticos en Venezuela. Foto referencial REUTERS/ Foto: Carlos Garcia

 
 
La ONG Foro Penal anunció este miércoles en su más reciente informe que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene a 261 personas privadas de libertad por razones políticas.

En su última actualización, la ONG precisa que entre los detenidos se encuentran 246 hombres y 15 mujeres, de los cuales 129 son civiles y 132 militares.

De igual forma, el Foro Penal repudió que el régimen de Maduro mantenga privado de libertad a un menor de edad entre sus presos políticos.

La actualización del informe del Foro Penal fue remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 20/09/2021 por @ForoPenal:

????? ?????? ???í?????: 261

Hombres: 246
Mujeres: 15

Civiles: 129
Militares: 132

Adultos: 260
Adolescentes: 1#Infografia #Balance #20S @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/7hzKwIn7u0

— Foro Penal (@ForoPenal) September 22, 2021

CCN

 


 
 
El tema de la “Justicia Transicional y su pertinencia en la Venezuela de hoy”, fue abordado por un grupo de expertos durante el foro organizado por la Comisión Especial de Justicia y Paz a través de la Subcomisión de Promoción Ciudadana.

En el encuentro virtual, participaron Leonel Ferrer, jefe de la cátedra de Derecho Administrativo de la UCV; Luis Cedeño, director de Paz Activa; Fernando Fernández, director de Monitor de DDHH y profesor de derecho penal; Cecilia Sosa, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Luis Emilio Rondón, presidente de la Subcomisión de Promoción Ciudadana para el Encuentro.

El diputado Rondón, destacó la necesidad de discutir sobre el tema de manera que el debate se de con el soporte académico necesario para que, no solo se quede en el conocimiento general y coloquial y así tener “bases sólidas en la recuperación del país”.

Ferrer destacó que sería equívoco creer que la justicia transicional tiene una formula o que tiene un procedimiento estándar a seguir, “cuando es el contexto social y político o en algunos casos el cultural, económico y religioso, el que va a generar el marco de actuación del mecanismo de acción de la justicia transicional” .

Fernando Fernández, destacó en el foro,  que hay que tener claro que no puede haber amnistía, “no se puede pasar la página, debe haber juicios, documentos y verdad jurídica para poder crear una memoria histórica”.

Mientras que Cecilia Sosa agregó que para hablar del tema hay que tener en cuenta las fallas de la justicia ordinaria. “Entre los objetivos está que tengamos poderes públicos que entiendan que su rol es garantizar todos los derechos y mientras eso pasa, será necesario incorporar la justicia alternativa como mediadora para resolver los conflictos, precisamente por la falta de poder judicial en el país”.

Por su parte Luis Cedeño de Paz Activa, destacó que uno de los roles que tiene la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales es asistir en los procesos inéditos en la sociedad, “como lo es la justicia transicional en la nuestra”.

 
 
La presidente de la Comisión de Justicia y Paz Delsa Solórzano, reiteró que corresponde a la Corte Penal Internacional actuar de inmediato y ordenar de manera definitiva la apertura de la  investigación por el caso Venezuela

Durante su intervención ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Solórzano dijo que en el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos designada por la comisión de DDHH de la ONU, quedó evidenciado que en el país se comenten crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático, “que son ordenados desde la máxima autoridad que hoy usurpa el poder en representación del Estado”.

La defensora de Derechos Humanos, dejó claro que estos crímenes no pueden ser juzgados en Venezuela porque no hay justicia, “mientras hayan jueces y fiscales que son directamente responsables de estos crímenes, no se puede establecer la posibilidad alguna que exista reparación para las víctimas”.

Dijo que todos esto requisitos son condición sine qua non para el establecimiento de una verdadera justicia transicional en el país, “que tiene que establecerse para tener la garantía de no repetición de estos terribles y atroces crímenes”.

Solorzano indicó que fue remitido el informe a la Unión Interparlamentaria y lo harán en las próximas horas, tras ser aprobado por la Comisión Delegada, ante la CPI. “Nuestra meta es sustituir la Venezuela de la venganza, por la Venezuela de la justicia”, puntualizó.

La Fuerza Aérea Colombiana afirmó que las coordenadas que dio Venezuela en donde supuestamente se adentró la aeronave no tripulada corresponden a territorio colombiano

La Fuerza Aérea de Colombia (FAC) reconoció que un dron suyo hizo un sobrevuelo en la frontera noreste el pasado lunes, pero que en ningún caso se adentró en el espacio aéreo venezolano, como denunció el gobierno de Maduro.

«En el ejercicio legítimo de sus funciones, el lunes 20 de septiembre de 2021, a las 16:48 horas, (se) efectuó una misión de reconocimiento aéreo con aeronave no tripulada, sobrevolando dentro del espacio aéreo colombiano en el área del municipio de Tibú, Norte de Santander», dijo la FAC en un comunicado publicado el martes.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció el martes que un dron tipo Hermes de la Fuerza Aérea Colombiana violó el espacio aéreo del país a esa misma hora.

«La precipitada aeronave fue detectada por los sistemas de exploración de nuestro Comando de Defensa Aeroespacial Integral, sobrevolando territorio del municipio Jesús María Semprúm, del estado Zulia», afirmó Padrino en un comunicado compartido en la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Sin embargo, en el escueto comunicado de la Fuerza Aérea Colombiana se afirma que incluso las coordenadas que dio Venezuela en donde supuestamente se adentró el dron (09º04’50”N – 72º53’52”O) corresponden a territorio colombiano.

Padrino López denuncia que un dron militar de Colombia violó el espacio aéreo venezolano

Venezuela alega que hay indicios de «estratagema del imperio norteamericano» y del gobierno colombiano, para construir alguno de sus harto conocidos falsos positivos o cualquier tipo de incidente que les permita continuar generando inestabilidad y, de manera particular, torpedear el proceso de diálogo que actualmente se desarrolla en México con la oposición de ese país.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha reiterado que es escéptico con dicho diálogo y de hecho, en su discurso del martes en la Asamblea General de la ONU aseguró que las conversaciones en México aunque dan alguna esperanza, no los vuelve ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional.

Venezuela rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019 luego del fallido intento del líder opositor Juan Guaidó de ingresar por tierra a su país desde la ciudad colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria.

EFE

 La desaparición forzada es un delito que se configura cuando existe una privativa de libertad, una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad y la negativa a reconocer la detención y el paradero de la persona

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas solicitó al Estado venezolano aclarar 20 casos sobre este delito en su último informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 21 de septiembre.

El Grupo de Trabajo ha enviado 38 casos al gobierno de Nicolás Maduro en búsqueda de información. Tres de los casos son de mujeres desaparecidas. La administración venezolana solo ha aclarado seis casos y dos han sido clarificados por la misma fuente, los otros 30 casos siguen sin aclarar.

 De los casos aclarados por la administración Maduro, cuatro personas se encuentran detenidas, una está en libertad y tres fallecieron. Las desapariciones forzadas, temporales o permanentes, han sido identificadas en el país como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos, que incluye detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, para reprimir a la disidencia, real o percibida por las autoridades como tal.

Henrikas Mickevičius, vicepresidente del Grupo, señaló que países como Egipto, Venezuela, Cuba o Corea del Norte han expresado su inquietud sobre la credibilidad de sus fuentes, por lo que aclaró que «algunos Estados, en lugar de cooperar, acusan al Grupo de Trabajo de tener una actitud sesgada. Quisiera insistir contundentemente que  el Grupo trabaja con una gran objetividad, independencia e imparcialidad, con el mayor nivel».

La desaparición forzada es un delito que se configura cuando existe una privativa de libertad, una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad, y la negativa a reconocer la detención y el paradero de la persona.

Al menos seis personas en el país se encuentran desaparecidas desde hace años. Tal es el caso de Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel, Merlyn Tovar, José Martínez y el buzo Hugo Marino Salas. En todos estos casos también existe otra constante: pese a que hay organismos señalados por las desapariciones forzadas de estas personas, ningún fiscal o tribunal ha actuado de forma insistente para obtener información.

El Grupo de Trabajo de la ONU también transmitió tres cartas de denuncia conjunta con otros mecanismos especiales de la ONU al gobierno venezolano, y solo se recibió una respuesta.

Desde 2019 han solicitado permiso al Estado para hacer una visita en terreno, que fue reiterada en abril de 2020 pero no han recibido el visto bueno de las autoridades. Una visita de este Grupo de Trabajo, así como el de detenciones arbitrarias ha sido uno de los puntos incluidos dentro del memorando de entendimiento del Gobierno de Maduro con la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Con información de Tal Cual