La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, urgió que se empiecen a tomar acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro pea evitar los crimines reflejados por la Misión Internacional de la ONU de Determinación de Hechos.

Solórzano destacó, en primer lugar, la forma irregular e inconstitucional de designación de los Magistrados del TSJ en 2015, cuando el Psuv perdió las elecciones de la Asamblea Nacional y votaron por ellos mismos para pasar a ser magistrados.

“A partir de ese momento se incrementa de manera absoluta la politización del poder judicial para su utilización como instrumento de persecución política”, enfatizó la legisladora.

Asimismo, destacó como fiscales y jueces en Venezuela reciben órdenes de la dictadura para emitir decisiones políticas contra la disidencia y que son sometidos a disciplina interna cuando no acatan instrucciones.

“Actualmente no existe ningún juez o fiscal de carrera en el sistema”, agregó.

En este sentido, la diputada Solórzano recalcó que jueces y fiscales son cómplices y responsables en casos de torturas, además de los autores materiales e intelectuales.

“No hay sistema de justicia independiente en Venezuela y este está dedicado a la persecución contra detención, tortura de la disidencia política en nuestro país”, sumó.

Ante todas las violaciones de derechos humanos plasmadas en el informe de la ONU, la parlamentaria señaló que resulta evidente, hoy más que nunca, que la Corte Penal Internacional debe actuar de inmediato y ordenar el pase a investigación definitiva en el caso “Venezuela.

“No nos vamos a rendir hasta obtener justicia. Desde la Comisión de Justicia y Paz seguimos luchando, junto a las víctimas. Gracias igualmente a todo el equipo técnico de la Comisión por su arduo trabajo y a cada abogado y ONG por su estupenda labor”, concluyó.

CCN 

La Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas [FFMNU] q investiga violación sistemática DDHH en Vzla presentó hoy 2do informe, sobre papel de jueces y fiscales, su rol en violación DDHH y falta de independencia del poder judicial. #InformeFFMNU Abro ? 1 https://t.co/3uyqHgOu8Q

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 16, 2021

Este jueves, el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, ofreció declaraciones a propósito de la presentación del nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en esta ocasión, se centra en el papel del sistema judicial en las investigaciones y el papel de los actores del sistema de justicia en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes.

“Este nuevo informe no solo reafirma la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela a pesar de las recomendaciones y denuncias realizadas por organismos internacionales, sino que también evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de Derechos Humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación la verdad y la justicia a las víctimas y el Estado Venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo”, expresó Pizarro.

En este nuevo informe, la Misión profundiza sus exámenes sobre el papel de los actores del sistema de justicia venezolano en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes. La investigación se centra en el papel del sistema judicial en la investigación y el enjuiciamiento de los opositores y en la perpetuación de la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos contra ellos. No obstante, la Misión también informó que sigue preocupada ante las constantes denuncias que incluyen homicidios consistentes con patrones documentados de ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos; así como violaciones de DDHH ocurridas en el Arco Minero del Orinoco.

Sobre los detalles del informe, el Comisionado comentó: “La Misión realizó un análisis detallado de casi 200 detenciones de opositores ocurridas entre 2014 y agosto de 2021, en las que se reportan desapariciones forzadas, casos de tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos, presentación de pruebas falsificadas y manipuladas, coacción para obtener declaraciones de los detenidos y, sobre todo, la falta de independencia del sistema judicial. El régimen maneja todos los hilos de la justicia en Venezuela a su antojo”.

Pizarro también destacó la ausencia de investigaciones y juicios a funcionarios de alto nivel, explicando que el informe revela que solo los perpetradores de menor rango enfrentan un proceso penal pues las investigaciones del sistema judicial venezolano hacen caso omiso a las investigaciones más arriba en la cadena de mando.

“El informe además reafirma algo que hemos venido denunciado desde hace meses: en mayo el régimen habló del traslado de presos políticos a centros de detención del ministerio de Servicios Penitenciarios, pero esta orden no se ha cumplido. En las instalaciones del SEBIN y la DGCIM continúan ingresando y torturando a todo aquel que denuncie y se oponga al régimen. El caso de la detención de Freddy Guevara enviado al SEBIN El Helicoide, los caso de los miembros de FundaRedes son ejemplo claro de que el régimen nunca ha tenido la intención de remediar las violaciones a los derechos humanos y acatar las recomendaciones que ha hecho la propia Misión de Determinación de los Hechos y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, comentó el Comisionado.

Para finalizar, Pizarro agradeció el trabajo de la Misión y reconoció la valentía de víctimas y familiares de violaciones de Derechos Humanos, quienes han visibilizado y denunciado constantemente las acciones del régimen: “Es importante continuar documentando los casos de violación de derechos humanos porque todo ello permitirá hacer justicia e iniciar un proceso de reparación de las víctimas. En este informe, además hay declaraciones importantes de jueces y fiscales que también han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por parte del régimen. Cada uno de estos de estos testimonios, y cada uno de los informes y actualizaciones emitidos por organismos de Derechos Humanos nos acercan a los procesos necesarios para alcanzar la justicia para los venezolanos”.

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En la rueda de prensa ofrecida por los representantes de la Misión, Marta Valiñas, presidenta de la Misión informó que los ataques documentados están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, y todos aquellos considerados amenazas al gobierno y que, en lugar de dar protección a las víctimas de crimines y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha sido usado para amedrentarlos. También expresó que el régimen venezolano se ha rehusado a responder las comunicaciones de la Misión.

Por su parte, Francisco Cox, miembro de la Misión comentó que la investigación revela que los fiscales y otros miembros del sistema de justicia formaron parte clave de varias de las detenciones documentadas, y que en muchos casos los jueces mantienen las detenciones basados en evidencia manipulada lo que impide a los defensores realizar su trabajo y atenta contra el debido proceso. Además expresó que a la Misión le preocupan que muchos detenidos fueran devueltos a la custodia de agentes de seguridad que han participado en la violación de derechos humanos.

La Misión de Determinación de los Hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019, posteriormente en septiembre de 2020 presentó su primer informe y en octubre de ese mismo ño el Consejo prorrogó su mandato por dos años más hasta septiembre de 2022

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez de la pretensión de incorporar al empresario colombiano Álex Saab en las negociaciones en México, Estados Unidos llamó al régimen de Nicolás Maduro a cesar los intentos por “sabotear” las conversaciones.

Por Monitoreamos

“El proceso penal contra Alex Saab es muy anterior y no tiene relación con las negociaciones políticas entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria. Saab ahora enfrenta un proceso de extradición en Cabo Verde. Los procedimientos de extradición contra Saab seguirán su curso, sin influencia política u otro tipo de influencia indebida“, afirmó un vocero del Departamento de Estado al ser consultado por Monitoreamos.com.

 
El portavoz indicó que desde la Administración del presidente Joe Biden “alentamos a Maduro a que cese sus esfuerzos por sabotear las negociaciones que se llevan a cabo en México y se concentre en alcanzar acuerdos que beneficien al pueblo venezolano, no a un corrupto empresario colombiano”.

El funcionario enfatizó que las negociaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria “deben apuntar en última instancia a restaurar la democracia que merecen los venezolanos y aliviar su sufrimiento. La restauración pacífica de la democracia, el fin de los abusos contra los derechos humanos y una solución a la grave crisis humanitaria de Venezuela se necesitan desde hace mucho tiempo y deben permanecer a la vanguardia del proceso de negociación liderado por Venezuela“, subrayó.

   
El partido resalta que lo ocurrido recientemente con Monómeros enciende nuevamente las alarmas ante la falta de transparencia por parte de algunos ejecutivos de la empresa

 A través de un comunicado de prensa, el partido Primero Justicia se desenmarcó del manejo de los activos en el exterior. En el texto propuso que una junta de protectores independientes se encargue de administrar los activos en el exterior, haciendo referencia al caso de Monómeros, empresa intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

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En el escrito resalta que lo ocurrido recientemente con Monómeros enciende nuevamente las alarmas ante la falta de transparencia por parte de algunos ejecutivos de la empresa.

«Hemos insistido muchas veces en que el gobierno interino no ha debido ejercer nunca la función de manejos de activos. Nuestra visión siempre ha sido exigir la máxima transparencia y sacar a la política de esa responsabilidad, esa responsabilidad que no debimos asumir y que ha sido cuestionada por todos los partidos de la unidad, exceptuando el partido político Voluntad Popular, donde milita Juan Guaidó, el cual ha promovido de forma insistente y permanente esta política», dice el texto.

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Supervisión
PJ insistió en la propuesta de un fideicomiso externo administrado por organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Nuestra propuesta sobre el fideicomiso contempla la supervisión de una junta de protectores independientes que serían tres figuras que ocupen cargos en organismos o instituciones internacionales”, explica.

Piden que esa junta de protectores independientes nombren las juntas directivas de los activos, velen por su correcto funcionamiento y garanticen auditores para la supervisión del manejo administrativo.

“La administración de los activos ha desviado a los partidos políticos de su foco y es por eso que esta propuesta busca que toda su energía se canalice en alcanzar la anhelada transición que demandan los venezolanos y no en la gerencia de empresas. No podemos incurrir en los mismos vicios del madurismo que pusieron a estas empresas en la peor de las situaciones”, manifiesta.

Monómeros

La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció el 6 de septiembre que sometió a control a la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S.A, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, estipuladas en la Ley 222 de 1995.

Este es el máximo grado de supervisión que ejerce la regulador sobre una sociedad comercial, y tiene como objetivo poder dirigir los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo.

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«Esta es una atribución de carácter administrativo que se limita, entre otras, a la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente, estableció el ente regulador.

Monómeros anunció que apelará a la orden y que presentará los recursos de ley para pedirle a la entidad que revoque lo dicho y ejecutado.

Guaidó solicitó una auditoría

Guaidó aseguró este martes que la compañía debe ser administrada en función de los intereses de Venezuela. Dijo también que solicitó una auditoría externa de la empresa, cuya junta administrativa considera debe ser reestructurada.

«Monómeros es y va a ser de los venezolanos, puntualizó Guaidó sobre esta filial de la estatal Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven).

Agregó que la medida de control impuesta sobre la empresa busca «proteger este activo.»

Queremos comunicarle a los venezolanos nuestra posición sobre la situación de la Empresa Monómeros, como siempre de manera clara y transparente al país , como lo hemos hecho durante los últimos dos años. #MonómerosEsDeLosVzlanos pic.twitter.com/alP6HyUZ6i

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) September 15, 2021