El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tiene dos audiencias sobre Afganistán en el Congreso en la semana que comenzó el 13 de septiembre.

 
WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, testificará este lunes ante un panel del Congreso que examina la caótica retirada militar de Afganistán y el fin de la guerra de dos décadas en el país.

Legisladores republicanos y algunos demócratas han criticado al presidente Joe Biden por su manejo de la retirada de las tropas, ciudadanos estadounidenses y miles de afganos que trabajaron como intérpretes y asesores para los militares durante el conflicto.

Las críticas aumentaron después de que 13 soldados estadounidenses murieron en un ataque suicida en el aeropuerto de Kabul en los últimos días de la retirada. Estado Islámico Khorasan, un afiliado del grupo terrorista que opera en el Oriente Medio, se atribuyó el ataque.

Blinken testificará este lunes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Las encuestas nacionales reflejan un fuerte apoyo a la decisión de Biden de poner fin a lo que llamó “una guerra eterna” en Afganistán, pero no al modo en que se efectuó la retirada.

Blinken probablemente enfrentará duras preguntas sobre por qué EE. UU. no comenzó a evacuar antes a sus ciudadanos, especialmente desde que Biden anunció en abril respetar el acuerdo de su antecesor Donald Trump con el Talibán de poner fin a la guerra y retirar a las tropas.

Los legisladores atacaron también a las agencias de inteligencia por no prever la rápida toma del poder del Talibán y el colapso del gobierno afgano.

Los republicanos dicen que quieren concentrar sus preguntas en la actuación de Biden en las últimas semanas y días de la guerra, mientras que los demócratas buscan examinar el esfuerzo bélico total dirigido por cuatro presidentes: los republicanos George W. Bush y Trump, y los demócratas Barack Obama y Biden.

Bush invadió Afganistán a fines de 2001 para erradicar los campos de entrenamiento de la red terrorista Al Qaeda donde se planearon los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.

VOA

 
 

En su informe al Consejo de DDHH de la ONU sobre Afganistán, la alta comisionada Michelle Bachelet dijo que hay reportes de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares
13 de Septiembre de 2021
 
 
 
 
 Un talibán apunta contra manifestantes durante una protesta contra el nuevo régimen en Kabul. (REUTERS/archivo)

Las promesas del nuevo régimen talibán de respetar los derechos humanos de las mujeres y amnistiar a personas relacionadas con el anterior gobierno apoyado por EEUU están siendo incumplidas, denunció hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Afganistán tras el relevo de poder, la alta comisionada aseguró que en menos de un mes de control talibán “las mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio público”.

Ya se ha prohibido a las niñas mayores de doce años asistir a la escuela en muchos lugares del país, y numerosos departamentos de protección de la mujer en el país han sido desmantelados, mientras su personal era amenazado, denunció la expresidenta chilena.

“Asociaciones de mujeres de la sociedad civil han sido acusadas de obscenas, o de extender ideas contra el islam en sus comunidades”, destacó la responsable de derechos humanos de la ONU, quien también subrayó que en algunas áreas ya se prohíbe a las mujeres que acudan a zonas públicas sin un acompañante masculino.

“En algunos casos se les ha ordenado quedarse en su casa, alegando que es por su propia seguridad, ya que las fuerzas talibanes no están ‘entrenadas’ para lidiar con ellas”, lamentó la alta comisionada.

Respecto a la anunciada amnistía de los talibanes a antiguos funcionarios públicos y personal de seguridad, Bachelet declaró que las acciones que se están perpetrando en Afganistán contradicen esta promesa.

“Mi oficina ha recibido fundadas denuncias de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad, y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares”, subrayó la alta comisionada, quien también denunció que algunos de estos detenidos han fallecido bajo custodia.

Asimismo se han denunciado registros domiciliarios de los talibanes, que esta fuerza había prometido no llevar a cabo, en busca de funcionarios y personas que cooperaron con el ejército estadounidense en ciudades como Kabul, Kandahar, Herat o Mazar-i-Sharif, entre otras.

Trabajadores de agencias de la ONU han sufrido del mismo modo crecientes ataques y amenazas, mientras que oficinas de ONGs y grupos de la sociedad civil han sufrido registros por parte de los talibanes, añadió Bachelet.

“El país ha entrado en una nueva y peligrosa etapa, en la que muchos afganos están profundamente preocupados por sus derechos humanos”, resumió.

Ante las denuncias, “Naciones Unidas mantendrá la mayor de las vigilancias”, advirtió Bachelet, antes de urgir al Consejo de Derechos Humanos a crear un mecanismo que monitorice de forma más profunda la situación de las libertades fundamentales en Afganistán.

A ese respecto, el pasado 24 de agosto una sesión especial del mismo consejo desoyó las llamadas de activistas dentro y fuera de Afganistán y no aprobó una comisión permanente de investigación para el país.

La alta comisionada expresó hoy por otra parte su consternación por la “falta de inclusividad” del nuevo gobierno talibán, al no incluir en sus filas a mujeres y estar formado en su mayoría por la etnia pastún.

En un mensaje a la comunidad internacional, Bachelet pidió a todos los estados que “usen su influencia con los talibanes para pedir el respeto a los derechos humanos, con especial atención a mujeres, niñas y miembros de minorías étnicas y religiosas”.

(Con información de EFE)

 
 

 Aamir Qureshi | Agence France-Presse


Un avión de la compañía paquistaní PIA se convirtió este lunes en el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar desde el aeropuerto de Kabul tras la toma del poder afgano por los talibanes, el 15 de agosto.

El aeropuerto había quedado casi inoperativo desde que las fuerzas estadounidenses terminaran su caótica retirada el 30 de agosto, tras una frenética operación de evacuación que permitió sacar a más de 120.000 personas del país.

Las nuevas autoridades afganas trataban desde entonces de ponerlo nuevamente en funcionamiento con la asistencia técnica de Catar y otros países.

Este lunes por la mañana un avión de Pakistan International Airlines procedente de Islamabad aterrizó sobre las 10:30 locales (03:00 en Chile), antes de despegar de regreso a la capital paquistaní.

Unas 70 personas se encontraban a bordo del vuelo hacia Islamabad, la mayoría afganos que eran familiares de personal de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, según fuentes aeroportuarias.

“Estoy siendo evacuada. Mi destino final es Tayikistán”, dijo una mujer de 35 años empleada del Banco Mundial que no quiso revelar su identidad. “Solo regresaré si la situación permite a las mujeres trabajar y moverse libremente”, agregó.

Un estudiante universitario de 22 años dijo que se iba de viaje un mes a Pakistán. “Es como unas vacaciones. Estoy triste y feliz. Triste por el país, pero feliz de partir por cierto tiempo”, señaló.

En el vuelo que aterrizó en Kabul “casi no había nadie en el avión, unas 10 personas (…), quizá más miembros de la tripulación que pasajeros”, afirmó un periodista de la Agence France-Presse que iba a bordo del avión.

La reanudación de los vuelos comerciales es una primera señal de normalización económica del país y una prueba para los talibanes que, en repetidas ocasiones, han prometido que dejarán marchar libremente a los afganos con la documentación en regla.

Varios miembros de la OTAN reconocieron que no tuvieron tiempo de evacuar a miles de afganos en riesgo antes del plazo del 31 de agosto establecido por los estadounidenses para dejar el país.

Esos últimos días quedaron ensombrecidos por el atentado del 26 de agosto del brazo local del grupo yihadista Estado Islámico, que mató a más de 100 personas en el aeropuerto, entre ellos 13 soldados estadounidenses.

“Bienvenidos a Afganistán”

La semana anterior, dos vuelos chárter de Qatar Airways despegaron para transportar a ciudadanos extranjeros y afganos que no pudieron beneficiarse del gigantesco puente aéreo.

Además, una aerolínea afgana había reiniciado los vuelos domésticos el 3 de septiembre.

El fin de semana, la aerolínea paquistaní PIA indicó que quería reanudar con regularidad los vuelos comerciales, aunque era muy temprano para precisar la frecuencia de las conexiones entre ambas capitales.

“Es un momento importante. Estamos muy emocionados”, declaró a la Agence France-Presse un empleado del aeropuerto de Kabul vestido con una larga túnica azul tradicional.

“Es un día de esperanza. Puede que otras aerolíneas vean esto y decidan volver”, añadió.

En la pista del aeropuerto esperaba un autobús con el lema “Bienvenidos a Afganistán” que debía transportar a los recién llegados hasta la terminal. Finalmente, los pasajeros cubrieron la distancia andando.

Un centenar de pasajeros aguardaban en la terminal para tomar el avión de regreso a Islamabad, en su mayoría familiares de empleados de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, dijo el personal de tierra del aeropuerto.

Las salas de espera, las pasarelas de embarque y otra infraestructura técnica habían quedado seriamente dañadas en los días posteriores al retorno de los talibanes, cuando miles de personas huyeron despavoridas al aeropuerto.

Muchos afganos temen represalias por ayudar a las potencias extranjeras durante los 20 años de ocupación de Estados Unidos y sus aliados, aunque los talibanes prometen una amnistía general, incluyendo a las fuerzas de seguridad contra las que lucharon.

Los talibanes prometieron un régimen más tolerante al impuesto entre 1996 y 2001, pero han enviado señales contrarias como la de prohibir manifestaciones no autorizadas o disparar al aire para disolver protestas.

Radio France Internationale

 

Ante la dura derrota del Frente de Todos en todo el país en las elecciones primarias de Argentina, el presidente Alberto Fernández reconoció que “hemos cometido errores y de eso debemos aprender”. De todas maneras, afirmó que “el país necesita no volver atrás” y arengó: “En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”.

Desde el búnker de su coalición en el barrio porteño de Chacarita, Fernández señaló que “todos valoramos la importancia de la democracia. Nada es más importante que escuchar al pueblo. Cuando se expresa es un dato que tomamos muy enserio y que acatamos. Hoy el pueblo se expresó en una situación muy especial como la pandemia que nos complica la vida”.

El oficialismo sufrió un sorpresivo revés electoral, por cinco puntos de diferencia, ante Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, distrito clave para estos comicios. En un escenario de baja participación, con asistencia de dos tercios del padrón electoral, el FDT además recibió resultados negativos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y otros 12 territorios.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo en este tiempo. Evidentemente algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Evidentemente hemos cometido errores, de los errores debemos aprender”, siguió el mandatario nacional.

Asimismo, comentó: “Hay una demanda que seguramente no hemos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana vamos a intentar de prestarle atención y resolver el problema. Todos los que estamos acá sólo queremos la felicidad de nuestro pueblo. Hemos trabajado pero seguramente fue insuficiente”.

“Esta enorme encuesta que son las PASO, son un dato que vamos a considerar y a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre los argentinos nos acompañen. Seguimos convencidos que estamos ante dos modelos de país, un modelo que a todos incluye y otro que deja millones a un costado”, afirmó Alberto Fernández.

En esa línea, afirmó: “Vamos a trabajar denodadamente. A cada compañero militante les pido que mañana mismo vayan a hablar con sus vecinos, no perdamos un día. La campaña acaba de empezar y en noviembre tenemos que ganarla, tenemos un compromiso con la Argentina”.

Sobre el final de su discurso, arengó a los militantes del Frente de Todos afirmando que “el país necesita no volver atrás, lo que más necesitamos es poder avanzar con más justicia social, más desarrollo, más educación y salud pública. Hay demandas insatisfechas”.

“Hay un país por construir. Tengo por delante dos años de gobierno, no voy a bajar los brazos. Humildemente, les pido que me ayuden. Quiero terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo. Felicito a quienes han tenido mejores resultados que nosotros. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, concluyó.

La información es de Perfil

Tras ocho meses de represión de los movimientos contra el Kremlin, los rusos podrán elegir, en las legislativas que se celebran del viernes al domingo, entre el impopular partido gobernante, Rusia Unida, y una serie de candidatos anecdóticos o formaciones dóciles.

En Moscú es imposible votar por un detractor de Vladimir Putin.

“No tenemos ninguna opción real. Todos lo sabemos, todos lo vemos. Es imposible ver estas elecciones de forma positiva (…) es solo una farsa”, dice Grigory Matveyev, técnico de iluminación en un teatro de Moscú.

Para impulsar la participación, la megalópolis se cubrió de carteles que animan a votar electrónicamente desde el sofá. Si lo hacen, participan en una lotería para ganar una casa o un automóvil.

En las cuestiones de fondo, la campaña para elegir a los 450 diputados es casi inexistente, salvo algunos carteles y debates televisivos.

A falta de una competencia real, se espera que el partido Rusia Unida mantenga su mayoría de dos tercios en la Duma, necesaria para cambiar la Constitución.

En 2020, la cámara autorizó así a Vladimir Putin a permanecer en el poder hasta 2036.

También se espera que el partido gane la mayoría en las elecciones locales y regionales que se celebran al mismo tiempo.

Sin embargo, Rusia Unida es impopular, con un 28% de opiniones favorables, según Vtsiom, un instituto cercano al gobierno.

La razón son los múltiples escándalos de corrupción y un estilo de vida que contrasta con la caída de los ingresos reales de los rusos, que se ha agravado con la pandemia.

“Hay una casta de ciudadanos, altos funcionarios y diputados, que llevan una vida completamente diferente”, afirma Nikolai Ribakov, líder del pequeño partido liberal Yabloko, tolerado por el Kremlin.

“Nada que ver con unas elecciones”

Irina Petrova, una artista moscovita de 46 años que se describe como una putinista decepcionada, está de acuerdo: “Dejar a tu pueblo con hambre no es correcto”.

En este contexto, el siempre popular presidente Putin se implicó en la campaña.

En el congreso de Rusia Unida, a finales de agosto, anunció ayudas económicas para 44 millones de pensionistas, policías y soldados, categorías en el corazón de su electorado.

Y se deshizo en elogios hacia sus “enérgicos y activos” candidatos, en medio de grandes aplausos.

En paralelo, los críticos más populares del Kremlin han sido excluidos de las elecciones, encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario. Otros se han exiliado.

Esta ola de represión comenzó con la detención en enero de Alexei Navalny, que regresaba a Rusia tras un envenenamiento del que acusó al Kremlin.

En junio, su movimiento fue prohibido por “extremismo”. Según uno de sus allegados, estas legislativas “no tienen nada que ver con unas elecciones”.

“Todo el mundo ha sido excluido de la carrera, (…) todo se ha hecho para que Rusia Unida tenga una mayoría aplastante”, dijo Leonid Vólkov a la Agence France-Presse desde el exilio.

Sin embargo, cree que es posible “presionar a Putin” gracias a la estrategia del “voto inteligente”, que consiste en apoyar en cada circunscripción al candidato con más posibilidades de vencer al del Kremlin.

Un método que ha tenido cierto éxito en el pasado.

Confianza

Para el vicepresidente de la cámara saliente, Piotr Tolstói, había que detener a estos opositores, porque en su opinión quieren “derrocar el poder existente con métodos revolucionarios”.

“Son un poco como los talibanes de la intelectualidad rusa”, dijo a la Agence France-Presse.

La oposición también considera que los comicios estarán marcados por el fraude, sobre todo por los obstáculos a los observadores electorales.

Los observadores internacionales de la OSCE estarán ausentes porque no se les ha permitido venir en número suficiente.

Las autoridades también retiraron las cámaras web que durante años habían estado filmando el proceso electoral en cada colegio electoral.

Y muchos medios de comunicación y ONGs independientes han sido clasificados como “agentes del extranjero”, un estigma que les dificulta operar y financiar sus actividades.

Pero para el diputado Tolstói, los rusos confían en sus líderes.

“Lo que quieren es tener desarrollo económico, sentirse seguros. Y todo esto es lo que el poder ruso está proporcionando”, dijo.

La información es de Radio France Internationale

Una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias, informó este lunes la oficina de prensa del líder progresista.

La decisión de la magistrada Maria Carolina Ayoub, de Sao Paulo, supone una nueva victoria en los tribunales para el ex jefe de Estado, que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole.

También despeja aún más su camino hacia una posible candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, para las que los sondeos de opinión le sitúan como el máximo favorito por delante del presidente Jair Bolsonaro, su mayor adversario político.

En este caso, Lula era acusado de influir a dirigentes de Costa Rica para que estos cerraran negocios con la constructora brasileña OAS, una de las empresas envuelta en los vastos desvíos de recursos públicos de la petrolera estatal Petrobras.

Los hechos habrían ocurrido en 2011, cuando Lula ya no era presidente de Brasil.

La investigación se basaba principalmente en el testimonio del expresidente de OAS Léo Pinheiro y también alcanzaba al entonces presidente del Instituto Lula Paulo Okamoto.

Sin embargo, la jueza Ayoub ha dado carpetazo al asunto porque, por un lado, no hay elementos suficientes para continuar con las diligencias y, por otro, algunos de los delitos que podrían llegar a configurarse ya han prescrito para Lula.

El fin de esta investigación fue solicitada por los abogados del exgobernante, que en una nota celebraron la sentencia, la cual evidencia, en su opinión, que el antiguo dirigente sindical fue “víctima” de una persecución orquestada por las autoridades.

Según la defensa de Lula, la Justicia ya ha archivado 19 “procedimientos de investigación” instaurados en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT) relacionados con la Operación Lava Jato, que destapó las corruptelas en Petrobras.

Asimismo, remarcaron que en la actualidad Lula ya solo afronta un caso en los tribunales en el que también es acusado de usar su influencia para que el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora en la Presidencia, atribuyera a la empresa sueca Saab una licitación para la compra de 36 aviones caza modelo Gripen.

Los abogados afirmaron que han presentado un recurso para que ese caso sea igualmente archivado, pues consideran que “fue construido” por los fiscales de la Lava Jato con base en acusaciones “infundadas” y “conscientes de que Lula no practicó ningún acto ilegal”.

EFE