Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), teniendo presente lo declarado por esta el pasado 6 de mayo, en cuanto a que, como lo demuestra la experiencia reciente en la región, “no hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia”, expresa ante la comunidad democrática del mundo su grave preocupación por la deriva que toman las realidades políticas en El Salvador y le aproximan a las experiencias de las llamadas dictaduras del siglo XXI.
El Salvador, cabe observarlo, es Estado parte del Pacto de Bogotá que establece a la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, a cuyo efecto las normas de esta y las de la Carta Democrática Interamericana, como interpretación auténtica de dichos tratados, le son vinculantes y obligan a sus poderes en sus decisiones; de suyo al ejercicio del control de convencionalidad a la par del control de constitucionalidad a que estén sometidos sus actos.
En uso de una mayoría política, la Asamblea Legislativa salvadoreña procedió, sin fórmula de juicio ni ejercicio del derecho a la defensa, a la destitución de los jueces constitucionales el pasado 1° de mayo, sucesivamente a lo cual, la misma Asamblea, arguyendo el gobierno que “retirará a los jueces corruptos”, decidió reformar la Ley de Carrera Judicial y así hacer cesar en sus magistraturas a un tercio de los jueces integrantes del Poder Judicial. Ha obviado y se ha separado, abiertamente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuyo tenor “el cese masivo de jueces, particularmente de Altas Cortes, constituye no sólo un atentado contra la independencia judicial sino también contra el orden democrático”.
Al término, reconstituida de tal modo la Justicia constitucional, en sentencia del último 3 de septiembre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, abrogando su jurisprudencia constante, arguyendo el cambio de los tiempos, apelando a lo que considera un mandato de la soberanía popular que ella interpreta, reescribe la Constitución por vía judicial a objeto de disponer la figura de la reelección presidencial; con el agravante de que omite y evita citar, palmariamente, la reciente decisión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuyo tenor y al proscribir las reelecciones presidenciales indefinidas, señala como criterio vertebral lo siguiente:
“[E]l proceso democrático, requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías. Por lo tanto, las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentren ejerciendo el poder político. La identificación de la soberanía popular con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático, el cual se justifica realmente en el respeto de las minorías y la institucionalización del ejercicio del poder político, el cual está sujeto a límites jurídicos y sometido a un conjunto de controles”.
Agrega la Corte, de modo terminante que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”. Por consiguiente, instamos a los organismos multilaterales competentes, a la misma ONU y a la OEA, que se han expresado en favor de la alternabilidad en el ejercicio del poder y la limitación de las reelecciones, disponer de sus competencias estatutarias para que el Estado salvadoreño regrese a la senda de la experiencia efectiva de la democracia, de su sujeción al Estado de Derecho, y restablezca, lejos de los fraudes constitucionales y convencionales, las reales garantías de los derechos humanos para todos los salvadoreños.
7 de septiembre de 2021
Óscar Arias, Costa Rica José María Aznar, España Nicolás Ardito Barletta, Panamá Eduardo Frei, Chile Felipe Calderón H., México Rafael Ángel Calderón, México Alfredo Cristiani, El Salvador Vicente Fox, México Federico Franco, Paraguay Osvaldo Hurtado, Ecuador Mauricio Macri, Argentina Jamil Mahuad W., Ecuador Carlos Mesa, Bolivia Mireya Moscoso, Panamá Andrés Pastrana A., Colombia Ernesto Pérez Balladares, Panamá Jorge Tuto Quiroga R., Bolivia Luis Guillermo Solís R., Costa Rica Luis Alberto Lacalle, Uruguay Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica Julio María Sanguinetti, Uruguay Álvaro Uribe V., Colombia Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
Es auténtico: Asdrúbal Aguiar Secretario General
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