Si se combina la ineficiencia con la crueldad el resultado puede ser letal. Y si a esto le sumamos cinismo tenemos una mezcla explosiva. Pues así de perjudicial ha sido la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela, que pareciera sobrevivir a diario a los efectos del estallido de una bomba atómica.
Recientemente el director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, recordó que ya se cumplieron los 60 días que Nicolás Maduro le dio a la “comisión de revolución judicial” para descongestionar los calabozos de detención preventiva del país y poner en marcha un plan para mejorar el sistema penitenciario y el retardo procesal. Pero con toda candidez el experto asume que no se han visto resultados porque no sabían la magnitud del problema que enfrentaban.
Nos resulta increíble que Diosdado Cabello, Cilia Flores y Lourdes Suárez Anderson no supieran del hacinamiento mortal que existe en estos calabozos desde que, en 2011, la exministra Iris Varela ordenó que no ingresaran más procesados a las grandes cárceles. Esta situación tiene por lo menos 10 años y ha sido suficientemente documentada. Así que sabían que poner un plazo de 60 días era una meta inalcanzable. ¿Por qué la aceptaron?
Solo el hecho de ponerle el nombre de “revolución judicial”, como si fuera una acción de recién llegados al poder, es una gran burla. El problema del retardo procesal no es nuevo, se sabe que por lo menos ocurre con 70% de los expedientes, si es que los hay. No es exclusivo de la administración chavista pero al que ellos han contribuido enormemente a empeorar. Lo que no han hecho en 2 décadas ¿lo iban a hacer en 60 días?
No puede ser que ignoren que cada calabozo o cárcel del país es un foco de enfermedades y de muchos otros vicios. Que hay algunas prisiones que más bien parecen protectorados del hampa en donde unos cuantos juegan a ser dueños de la vida de la mayoría. Allí todos están mezclados, no importa si eres un narcotraficante, un ladrón de carros, un carterista, un estafador, un asesino o un preso político.
Más que “revolución judicial” debería llamarse la «revolución de la injusticia». Ni que pongan al frente de esa comisión a una jueza del tribunal supremo, a la primera combatiente o al vicepresidente del PSUV dan esperanzas. Nada nos alegraría más que equivocarnos. Pero tememos que esta revolución judicial, anunciada con bombos y platillos, siga el mismo camino que la asamblea nacional constituyente, que concluyó sin haber redactado una línea de la nueva carta magna. Raro no es si tomamos en cuenta que los preside la misma persona.
¿Qué ha hecho la comisión? ¿Qué estudios ha realizado? ¿Han escuchado a los expertos, a las organizaciones que tienen radiografiada la situación y seguro tienen interés en compartir soluciones? ¿Cómo piensan atacar el problema? ¿Han puesto en práctica alguna medida? ¿Ya saben cuántos detenidos duermen hacinados en los calabozos temporales? ¿Qué han ideado para acabar con el retardo procesal? Vamos, comisión, somos todo oídos…
Editorial de El Nacional
