Solo en lo corrido de este año más de 360 personas de nacionalidad venezolana fueron asesinadas en territorio colombiano, la mayoría de ellas en Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan con la población migrante y que esperan reunirse este miércoles 25 de agosto en el conversatorio virtual “Conectando Caminos por los Derechos de la Población Venezolana en Colombia”, anunciaron algunas de las preocupantes cifras de delitos cometidos contra esta comunidad que llega a nuestro país, en su mayoría huyendo de la crisis generada por el régimen de Maduro.

Entre enero y agosto de 2021, en Colombia han sido asesinados 362 venezolanos. Un gran porcentaje de las víctimas son hombres, exactamente 88,1 % y 11,9 % son mujeres, siendo Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia los departamentos donde se registraron el mayor número de casos.

Según el estudio financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y liderado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews, los homicidios de esta población ha aumentado sostenidamente desde 2015. A partir de ese año, cuando empezó el éxodo, hasta diciembre de 2020, es decir en cinco años, más de 1.933 migrantes venezolanos fueron víctimas de homicidio en territorio colombiano. En su mayoría hombres de menos de 29 años de edad. El arma más utilizada para esos crímenes es de fuego.

Pero hay otras vulneraciones de derechos que llaman la atención en la investigación, entre ellas que solo el año pasado, en el que la pandemia tuvo principal protagonismo, cientos de familias fueron desplazadas por amenazas de grupos criminales y bandas dedicadas al narcotráfico. En total está el registro de 1.650 migrantes, de los cuales 1.097 estaban habitando en Norte de Santander; en segundo lugar, se encontraban 440 en Valle del Cauca, con 50 víctimas.

Son precisamente los grupos ilegales los que han afectado a la población infantil, pues sacan provecho de ellos reclutándolos. Los investigadores reportan que entre 2017 y 2020 se han registrado 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados migrantes venezolanos. El estudio establece que no solo en zonas rurales y de fronteras, sino también en sectores urbanas.

Uno de los puntos que también preocupa es la cantidad de venezolanos que han sido reportados como víctimas de desaparición forzada, registrando en los últimos cinco años 836 casos. Gran parte de las personas que desaparecieron vivían en Bogotá cuando sucedieron los hechos (311). El resto se presentó en Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira.

Los menores son sin duda los más afectados con toda la inseguridad que afrontan en Colombia. Algunos llegan solos, otros permanecen en la calle y algunos son cuidados por terceros, no familiares, lo que los convierte en presa fácil de depredadores sexuales. Entre 2015 y 2020, más de 2.300 personas de nacionalidad venezolana han sido víctimas de delitos sexuales, el 71 % menores de 18 años.

Las cifras fueron recopiladas y analizadas con información de la Policía Nacional, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y los datos del Sistema de Información de CODHES, SISDHES.

Nicolás Maduro apoya a las disidencias de Gentil Duarte e Iván Márquez, según información de inteligencia. Fusiles, ametralladoras, misiles y morteros: el arsenal que las disidencias de las FARC le piden a Maduro Cabe recordar que Colombia es uno de los países más xenófobos, según encuesta de Ipsos. Así lo concluye una encuesta de Ipsos Global Advisor. Otro estudio del Barómetro de la Xenofobia evidenció una escalada de ataques a venezolanos, tras los anuncios recientes de la alcaldesa Claudia López en Bogotá relacionados con los hechos delincuenciales en los que han estado involucrados extranjeros.

Aunque en muchos casos los ciudadanos del vecino país sí se han visto envueltos en hechos vandálicos, homicidios, hurtos y demás, no se puede generalizar. El 11 de agosto, por ejemplo, un venezolano asesinó con un impacto de arma de fuego al patrullero Humberto Sabogal en Bogotá, una imagen que el país evidenció a través de las redes y los medios de comunicación.

LA PATILLA

Varios dirigentes políticos de oposición han manifestado sus intenciones de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, sin embargo, la Plataforma Unitaria opositora sigue sin revelar si participará o no.

En varias ocasiones la oposición ha insistido en que no existen “condiciones ni garantías” para celebrar el proceso electoral.

Sin brindar mayores detalles, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela aseguró el martes que la decisión será tomada en “unidad”.

“Hay individualidades, partidos que han dicho que sí, partidos como la Causa R que no, pero en definitiva se va a tomar en unidad, pensando en Venezuela, pensando en lo mejor para el país”, expuso al término de un encuentro con una delegación con la Unión Interparlamentaria de visita en la capital venezolana.

En tanto, los representantes legales del partido de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), renunciaron a sus cargos “en vista de que hasta la fecha no se ha tomado decisión alguna sobre participar o no en las elecciones”.

El 29 de agosto culmina el plazo establecido por el órgano electoral para la postulación de candidatos.

“Ante la imposibilidad de que podamos cumplir con ese requisito formal en tan breve plazo, nos vemos obligados a renunciar a los cargos de presidente y secretario general de la MUD”, expusieron Ramón José Medina y José Luis Cartaya en una carta dirigida a los representantes de los partidos políticos integrantes de la Plataforma Unitaria.

En 2018 el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó a la organización política y a finales de junio de este año su tarjeta fue rehabilitada por el Consejo Nacional Electoral de cara a las venideras elecciones.

“Primer paso”
Para Griselda Colina, rectora suplente del CNE, la participación en las elecciones del 21 de noviembre resultan “un primer paso en un ciclo electoral” que debe llevar a las elecciones presidenciales previstas para el 2024, e incluso podrían crear el escenario de un Referendo Revocatorio en 2022.

“Tenemos que ver esto como una oportunidad que está planteada, que es una realidad, y que va a pasar, y qué podemos hacer para que no sea una oportunidad perdida como fue la elección parlamentaria de 2020 y cómo sí podemos aprovechar este espacio que se abre para que la gente pueda comenzar a recuperar la participación en los procesos electorales”, manifestó.

Consultada por VOA sobre la posibilidad de lograr una solución pacífica y electoral en medio de denuncias de la oposición sobre ausencia de garantías y condiciones, Colina dijo que hasta hace pocos meses “no era posible escuchar un discurso de actores políticos de oposición donde hubiese palabras como acuerdo, negociación o dialogo”. Afirmó que hay una nueva realidad política.

La rectora suplente reiteró que durante años, la sociedad civil ha documentado el proceso de violación sistemático de derechos civiles y políticos en el marco de procesos electorales.

A su juicio, después del 2015, el ventajismo fue una etapa previa a las acciones implementadas posteriormente para que “la gente no viera en el voto la posibilidad de cambio político”.

Sobre el trabajo del CNE, considerado el más equilibrado en los últimos 20 años, dijo que se encuentran haciendo lo posible para seguir recuperando garantías.

“Se hizo una auditoria inédita al sistema de votación automatizado que era uno de los puntos donde todo el mundo desconfiaba, logramos avanzar en la participación de los ciudadanos en los operativos del registro electoral. Se está trabajando en la habilitación no solamente de los partidos, sino de los actores políticos y es una opción que todavía está abierta”, insistió al expresar que se ha ido avanzando en garantías.

VOZ DE AMERICA

La ONG Foro Penal informó este miércoles el nuevo balance de la cifra de los presos políticos que mantiene la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el informe de la ONG existen 265 presos de conciencia sometidos en los calabozos del régimen.

Entre los secuestrados por razones políticas, se encuentran 250 hombres, 15 mujeres, de los cuales 131 son civiles y 134 militares.

Además, el informe destaca la presencia de 264 adultos y un menor de edad privados de libertad.

Por último, la ONG Foro Penal recalcó que según el balance , nuevamente el número de militares presos superó al de civiles.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 23/08/2021 por @ForoPenal:

????? ?????? ???í?????: 265

Hombres: 250
Mujeres: 15

Civiles: 131
Militares: 134

Adultos: 264
Adolescentes: 1#Infografia #Balance #23Ag @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/2iokKvhEiI

— Foro Penal (@ForoPenal) August 25, 2021

CCN

El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, se refirió este miércoles a la crisis que se vive en la frontera entre Bolivia y Chile por el tránsito de migrantes venezolanos. Borges llamó a Chile a evaluar sus políticas migratorias con el fin de evitar que más venezolanos caigan en manos de mafias organizadas o arriesguen su vida en este trayecto. Señaló que quienes incumplan la ley y cometan delito en los países, deben ser judicializados, pero se requiere proteger a quienes están huyendo de la dictadura.

“La situación que se vive con los migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile demuestra que una política migratoria restrictiva solo aumenta los pasos ilegales, la trata de personas y expone la vida de quienes huyen de la dictadura. En este año 11 migrantes han fallecido intentando ingresar de manera irregular a Chile. Urge que el gobierno chileno evalúe su marco regulatorio y permita una migración segura y humanitaria”, sentenció.

Borges llamó a seguir el ejemplo de Colombia, un país que decidió implementar un estatuto de protección temporal para regularizar a los migrantes. “El ejemplo de Colombia debe ser replicado por todos los países. EL hecho de regularizar a los migrantes y adoptar un marco migratorio con reglas claras ha permitido fortalecer la migración legal y segura, el desarrollo económico del país y los lazos de hermandad. Sin lugar a duda, que integrar es la solución para atender este drama humano, al mismo tiempo en el que se presiona para lograr un cambio democrático en el país, que detenga la migración forzosa”, sostuvo.

Borges recalcó que quienes cometan delito deben ser judicializados y deben responder por sus actos. “Nosotros defendemos los derechos y la dignidad de los venezolanos, pero no justificamos conductas delictivas. Quienes cometan actos punibles, deben ser procesados y judicializados por las autoridades competentes, solo deshonran a los venezolanos de bien que trabajan dignamente para lograr sustentar a sus familias en Venezuela”, finalizó.

NOTA DE PRENSA