A través de la Comisión Delegada, la Asamblea Nacional legítima aprobó acuerdo mediante el cual condena y rechaza la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro, al transferir 49 por ciento de las acciones de la refinería “Dominicana de Petróleo PDVSA.” (Refidomsa), propiedad de PDV Caribe, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, al gobierno dominicano, como parte de un canje por bonos no cancelados.

En la sesión de la instancia parlamentaria de este martes, celebrada vía online se abordó el tema sobre la venta de las acciones de PDV Caribe al gobierno de República Dominicana por parte del régimen de Maduro, sin tomar en cuenta la restricciones constitucionales y legales para hacer este tipo de negociaciones.

El acuerdo aprobado expresa claramente que se desconoce el cambio de propietario en la participación accionaria de cualquiera de las empresas que se encuentren en el extranjero, que hayan sido de legítima propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., o sus filiales

Así mismo, responsabiliza a Nicolás Maduro, a su régimen, así como a aquellos funcionarios públicos y a los miembros que usurpan la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela S.A., por la consolidación de este tipo de transacciones oscuras que permiten el despojo de los bienes y propiedades de los venezolanos en el exterior, recordando que, según la Constitución de la República y la norma legal venezolana, los actos de corrupción no prescriben.

Expresa además  el acuerdo  que se debe advertir a todos los gobiernos del mundo, que no tienen validez ni serán reconocidos aquellos acuerdo que sea suscrito por el gobierno usurpador de Nicolás Maduro y sus funcionarios que implique el cambio de propietario de las acciones que posee la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., sus filiales y empresas, así como cualquier otro acto que no haya sido autorizado expresamente por la legítima Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución de la República y en la Ley del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

Igualmente se aprobó que la Asamblea Nacional se reserva la facultad de ejercer las acciones legales, contra los funcionarios cómplices del régimen de Nicolás Maduro que sean responsables del incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, en las leyes que regulen la materia sobre corrupción y sobre la protección de los bienes propiedad de la República y de los acuerdos emanados de este Poder Legislativo.

Transacción oscura no hay transparencia

Inició el debate sobre la este tema el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN el diputado por el estado Zulia Elías Matta, quien presentó el acuerdo de rechazo a la operación realizada por el régimen de Maduro, quien a través de una permuta entre PDVSA y una sociedad  comercial PATSA del grupo económico Rizek,, recibió 49 por ciento  de las acciones que tenía Venezuela  en la refinería de República Dominicana, a cambio de unos bonos emitidos por PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela

“Gracias al mal manejo de los recursos de la República por parte del régimen, desde el año 2017 esos bonos hoy, prácticamente son llamados bonos basura porque estos irresponsables no cumplen con los pagos correspondientes”.

Matta calificó esta transacción de oscura porque se hizo en circunstancias extrañas, pues PATSA recibió las acciones a cambio de los bonos incumplidos y esta misma empresa le vendió las acciones al gobierno dominicano por más de 88 millones de dólares.

“Esta operación lo primero que hizo fue violar el artículo 150 de la Constitución de la República, porque este es un contrato de interés público, en segundo lugar, hay demasiada oscuridad en esta operación:  no sabemos cuánto es el valor nominal de estos bonos, no hay transparencia, ¿Por qué se escogió específicamente esta sociedad PATSA? Por lo tanto, desde esta AN aprobamos este acuerdo, para informarle a la opinión pública de esta operación que es totalmente oscura y que nosotros no vamos a avalar esta pérdida de los bienes de la nación”,

Macabro sistema

Por su parte, la diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, manifestó que se demuestra el nivel de devastación y de desprecio que han mantenido sobre los bienes de la nación, quienes representan el socialismo del siglo XXI.

 “Se hizo una venta por debajo del precio real, para cancelar deuda externa de bonos asumidos por corrupción y que pretenden achacar a las sanciones que tiene el gobierno de Estados Unidos contra representantes del régimen de Maduro, precisamente por vínculos y actos de corrupción”.

Agregó que el régimen una vez más comete un hecho en detrimento del patrimonio de la nación, afectando la industria petrolera de Venezuela. “Respaldamos este acuerdo y ratificamos el compromiso de velar y avanzar para lograr recuperar no sólo la democracia, sino también las industrias del país, los bienes de la nación que han sido golpeados, desbastados y aniquilados por este macabro sistema”.

Una mutilación a las nuevas generaciones

Así mismo, el diputado por el estado Zulia, José Luis Pirela, en nombre de la Fracción Parlamentaria 16 e Julio, condena la venta de la refinería de Venezuela en República Dominicana, al igual que cualquier manejo irregular de los activos de la nación.

Subrayó que este régimen está mutilando la estrategia de internacionalización petrolera de Venezuela, “no les bastó con quebrar y arruinar a PDVSA”. Afirmó que la venta irresponsable de activos del país, como la refinería de República Dominicana, es un atentado a los intereses del futuro de la patria.

“Esto es una mutilación y agresión contra las nuevas generaciones. Por ello los venezolanos estamos obligados a cuidar y defender los activos de Venezuela en el exterior. Debemos rechazar cualquier manipulación y por eso ratificamos la condena al régimen de Nicolás Maduro, no solo por esta venta, sino por otros bienes que han sido dilapidados irresponsablemente”.

La estafa del siglo

Para el diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli, el régimen una vez más le propinó un “zarpazo” a los bienes patrimoniales de los venezolanos, particularmente aquellos que por razones posiblemente diplomáticas no pudieron ser asegurados y quedaron en manos del gobierno usurpador. “Este es un golpe durísimo a los intereses de PDVSA y de los venezolanos”.

Alertó que lo más grave es que la nación recibe por este canje unos bonos que no se sabe, por la opacidad y falta de transparencia en la operación, si al valor facial o del mercado, si es lo primero, a su juicio sería la estafa del siglo, se estaría pagando en un valor de 10 al 15 por ciento, más los 42 millones netos que se pierden de la resta directa de 130 millones de dólares que se pagaron hace 10 años, contra los 88 que se reciben por esta negociación.

“Si además se están recibiendo bonos por el valor facial, que es lo que presumimos que está ocurriendo, debemos denunciar esto como una estafa, como un saqueo del siglo en contra de los intereses de los venezolanos”, acotó el diputado falconiano.

La fiesta de la corrupción

Finalmente, el diputado por Caracas, Jorge Millán, sostuvo que el régimen entrega las riquezas del país para poder recibir recursos y seguir con “la fiesta de la corrupción” que es en lo único que ha sido eficiente.

A su juicio la Refinería Dominicana propiedad del PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela, ha sido vendida a precio de gallina flaca por el régimen de Maduro, para recibir recursos y seguir dándose la gran vida, a costa de la miseria en que viven los venezolanos.

“Nosotros cuestionamos, denunciamos y alertamos la ilegalidad de esta venta de estos activos venezolanos en República Dominicana, esta estafa a la nación e insistimos que esta destrucción de la riqueza de Venezuela debe ser sancionada cuando el país vuelva a tener justicia y estado de derecho. Los venezolanos exigimos que se dé cuenta del destino de esos recursos recibidos por esta negociación fraudulenta”. 

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El Gobierno de Maduro recibió al nuevo coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país, Gianluca Rampolla del Tindaro, informó este martes la viceministra de Relaciones Exteriores del chavismo, Daniela Rodríguez, quien manifestó su interés en «fortalecer» la cooperación.

«Estuvimos en nombre del canciller, Félix Plasencia, dando la bienvenida al nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, el Excmo. Sr. Gianluca Rampolla. Confiamos en que su venida servirá para fortalecer, aún más, el espíritu de cooperación existente», explicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

La ONU anunció el 18 de agosto el nombramiento de Rampolla del Tindaro como su nuevo coordinador residente en la nación caribeña, cargo desde el que liderará el trabajo de la organización en el país, reseñó Efe.

Rampolla también será el coordinador humanitario en Venezuela.

El excanciller Jorge Arreaza aseguró el mismo día del nombramiento que la nación caribeña espera trabajar en «términos de respeto y cooperación» con el nuevo coordinador.

Según un comunicado de la ONU, el italiano ha «dedicado más de 20 años de su carrera profesional al desarrollo de la cooperación, la asistencia humanitaria y a esfuerzos de pacificación tanto en la ONU como fuera de ella».

Dentro de Naciones Unidas, trabajó recientemente como coordinador residente en Papúa Nueva Guinea después de haber ocupado el puesto de jefe de Asuntos Políticos de la ONU en la oficina regional de África Central, en la capital de Gabón.

También ha desempeñado parte de su carrera en la sede central de la organización, en Nueva York, donde ocupó el puesto de jefe de Oficina del Asistente del Secretario General para el Apoyo en Esfuerzos de Pacificación, y como asistente especial del asistente del secretario general para Asuntos Políticos.

Antes de eso, fue jefe de oficina del coordinador residente de la ONU en Tanzania, y consejero técnico jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El nuevo coordinador residente en Venezuela sustituye al neerlandés Jan Harfst, que había quedado temporalmente a cargo de la ONU en Caracas tras la salida del alemán Peter Grohmann el pasado febrero.

EL UNIVERSAL 

La diputada por el estado Zulia por la Asamblea Nacional legítima, Nora Bracho, manifestó que los pueblos, sobre todo las mujeres, como en Afganistán y Venezuela sufren los embates de los gobiernos totalitarios, naciones que están unidos por el dolor que causa las desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, violación de los derechos humanos, prácticas que a su juicio deben ser condenada por las naciones democráticas del mundo.

La diputada zuliana dio todo su respaldo al pueblo afgano, sobre todo lo que sufren y enfrentan las mujeres en Afganistán con la llegada de los talibanes que tomaron el poder.  Le preocupa lo que serán sus vidas, por la interpretación radical del islam que irá en detrimento de la realización y desarrollo personal, integral, de ellas y en consecuencia de la sociedad.

“Los pueblos y sobre todo las mujeres afganas y las venezolanas sufren los embates de los regímenes autoritarios y totalitarios, están unidos por el dolor que causan las desapariciones forzadas, asesinatos, encarcelamientos injustos, censura, intimidación, hostigamiento y exilio”.

Dijo que, sin importar la geografía, los que sostienen este tipo de sistemas alimentan el terror, la barbarie, la indolencia y el poder para dañar vidas.  Agregó que cercenan las cualidades propias de una mujer. “Las despojan de su condición humana, para tratarlas como un objeto sin alma, eso es lo que hacen los talibanes”.

“Considera que el mundo entero debe rechazar estas prácticas que no solo atentan contra las mujeres afganas, sino con todas las mujeres. “Cuando se agrede a una mujer bajo la opresión patriarcal se agreden a todas las mujeres”, enfatizó la diputada Bracho.

Celebró que las mujeres afganas a quienes calificó de valientes, han tomado las calles para revelarse contra el régimen talibán a pesar del riesgo que corren sus vidas y que en eso se asemejan a las venezolanas quienes han estado de frente en la lucha por el respeto de sus derechos humanos y por el rescate de la democracia.

Comparó la situación precariedad que enfrenta las mujeres afganas y las venezolanas, como el exilio, que se ha convertido en una alternativa de vida, en ambos casos, para no morir de hambre, “sobreviven con el dolor de abandonar la tierra y no saber si podrán regresar”.

“Una afgana en el régimen talibán no puede trabajar, vive de la limosna o de la ayuda internacional, una venezolana no tiene trabajo y sobrevive como puede. Una afgana tiene limitado su derecho a la salud, a una venezolana se les niega el acceso de su derecho a la salud de forma recurrente. Una niña afgana debe ser autorizada para obtener su identidad, una niña venezolana no tiene garantizado este derecho”.

Por último, manifestó la parlamentaria zuliana que quienes han dedicado su vida para defender la democracia no pueden ser indiferentes frente a lo que está viviendo el mundo actual. “Nuestra lucha es la misma que se libra en Afganistán, por la libertad”.

A 530 se eleva la cifra de los médicos que han fallecido por COVID-19 desde agosto del año pasado cuando comenzó la pandemia en el país, denunció el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera.

“En total suman 760 muertos entre médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud durante la pandemia del coronavirus por falta de protección oportuna”, precisó en rueda de prensa el presidente de la FMV.

Las declaraciones del galeno fueron dadas durante los actos del 76 aniversario de la institución, realizados en la sede gremial, a las que asistió, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo y el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

Una ofrenda floral fue depositada por los profesionales de la salud en honor a los fundadores del gremio médico y, además, rindieron homenaje a sus colegas fallecidos cuyas fotografías fueron colocadas en el enrejado y paredes de la institución.

La ceremonia incluyó una misa oficiada por monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas, quien presentó en el altar la reliquia de José Gregorio Hernández, pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela.

“El gobierno ha sido negligente e incapaz de garantizar las medidas de bioseguridad al personal médico asistencial que carece de agua, jabón, implementos para el aseo, medicamentos y vacunas”, reiteró León Natera.

40 mil médicos han emigrado

León Natera denunció que cerca de 40 mil médicos venezolanos “han huido a otras naciones como consecuencia de la crisis hospitalaria y económica nunca antes vista en el país”.

Indicó que en situación de abandonó se encuentran 301 hospitales y 7.000 ambulatorios entre ellos Centros de Diagnóstico Integral y los desaparecidos módulos del programa de salud gubernamental denominados Barrio Adentro.

“El gobierno chavista ha tratado de eliminar esta institución, obstruir su funcionamiento e impedir las elecciones internas para renovar a sus autoridades gremiales cuya lucha es por una sana política de salud en beneficio del pueblo venezolano”, dijo el galeno.

Reordenar la vacunación

León Natera exigió al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a implementar un verdadero plan de vacunación contra el COVID-19 y a no mentir con las cifras, que a su juicio se debe multiplicar por 10 los números oficialistas.

También el dirigente gremial reclamó por mejores condiciones laborales para el sector salud y a discutir la contratación colectiva que denunció está paralizada desde el 2003.

«Dolarizar el salario al gremio sanitario que exige 1.500 dólares mensuales», agregó.

Las actividades finalizaron con la participación de la científica y cirujano hematóloga Aixa Müller, miembro de la Academia Nacional de Medicina, como oradora de orden e hizo un recuento histórico sobre la fundación de la FMV.

Müller de Soyano es Master en Salud Pública en la Universidad de Harvard y desde 2005 profesora titular de la UCV. Además, ha publicado numerosos avances e investigaciones científicas en hematología.

NOTA DE PRENSA

La vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, informó que este lunes se entregó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional un segundo informe sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales al país, el informe es denominado el caso Venezuela II y es contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas al pueblo venezolano, y sobre todo al gobierno de Maduro.

“El ataque sistemático a la población lo venimos denunciando desde hace varios meses y nos basamos, entre otras cosas, en el artículo 7 del Estatuto de Roma. El el 13 de febrero se presentó un documento ante la Corte Penal Internacional donde expusimos el caso”, dijo.

“Están todos los elementos que demuestran que se cometió un crimen, pero además quién cometió el crimen. EEUU está consciente del daño que está causando al pueblo venezolano”, dijo.

“Esto ha sido un proceso que inició en Febrero del año 2020, hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables para afirmar que se han cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, manifestó.

Señaló que dos leyes y 7 decretos estadounidenses sustentan todas las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y que las mismas se han recopilado en ese documento, “se ha completado el ciclo legal para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”, explicó.

Asimismo, detalló que las 7 ordenes ejecutivas produjeron el bloqueo a la industria petrolera, caída drástica y severa de los ingresos en divisas al país, despojo de más de 31 toneladas de oro venezolano en Inglaterra y bloqueo de más de 7 mil millones de dólares en bancos en el extranjero.

Además se han sancionado 192 personas, 150 empresas (10 del Estado y 140 del sector privado), 69 embarcaciones, 30 buques petroleros, 58 aeronaves

Detalló que se dieron detalles del daño que ha causado el bloqueo al Gobierno de Maduro, “en enero de 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos asumió la responsabilidad de la inestabilidad económica de Venezuela”, destacó Rodríguez a la vez que recordó que el ex secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, dijo: congelemos todos los bienes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A, en territorio estadounidense, bloqueemos 7 mil millones de dólares en activos, más de 11 mil millones de dólares estimados en ingresos en exportaciones durante el próximo año 2019.”, lo que la Vicepresidenta catalogó de confesiones de un crimen, “son delitos de lesa humanidad”.

Rodríguez recordó que los ataques de EE.UU. contra Venezuela tiene un objetivo político que es derrotar a un Gobierno no alineado con sus intereses, no sometido a sus mandatos, no extorsionable, enfatizó la vicepresidenta ejecutiva.

“Craig Faller, jefe del Comando Sur, dijo en marzo de este año que las sanciones perseguían la destrucción de la economía venezolana pero no han dado el resultado deseado”, recordó.

De igual manera mostró pruebas del 25 de marzo cuando el presidente del Banco Central de Venezuela, envió una carta al Citibank, donde Venezuela tiene 342 millones de dólares, solicitando el uso de estos recursos para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Mostró la variación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Venezuela en comparación con otras regiones del mundo , mostrando que estuvo incluso por encima de otros países hasta 2017, cuando cae por políticas de “máxima presión” contra el país. Recordemos que desde el inició de la «revolución chavista» la economía venezolano ha caído en picada.

También señaló que más de la mitad de las transnacionales farmacéuticas con presencia en el país (15 filiales) se fueron a partir de 2016, producto de las sanciones y cómo las sanciones ilegales afectaron al plan nacional de inmunización y vacunas.

También mostró que cartas al Novo Banco solicitando el uso de recursos de Venezuela para el pago de vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, y estos respondieron que los recurso estaban congelados.

Por último mostró otro gráfico de cómo las sanciones afectaron la adquisición de alimentos, materias primas y proteínas para el programa de alimentación Comité Locales de Abastecimiento Productivo (CLAP) para la población venezolana.

Finalmente, agregó, “Que el pueblo venezolano tenga la certeza del compromiso del Gobierno Bolivariano de defender los derechos legítimos de nuestra Patria, la felicidad de nuestro pueblo y la soberanía irrenunciable y la independencia nacional”, manifestó.

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