Romárico Vidal Sotomayor militar cubano sancionado por EE.UU. el viernes 13 de agosto de 2021. [Archivo]

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones a dos autoridades del Ministerio del Interior de Cuba y una unidad militar por las acciones del gobierno cubano en respuesta a las protestas populares del pasado 11 de julio.

El Departamento dijo que sancionó a Romárico Vidal Sotomayor García y a Pedro Orlando Martínez Fernández, así como a las Tropas de Prevención del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, conocidas como «boinas rojas».

Sotomayor García es el Jefe Dirección Política del Ministerio del Interior de Cuba.

«El Tesoro sanciona a funcionarios y la unidad militar del Ministerio del Interior de Cuba en respuesta a la violencia contra manifestantes pacíficos», indica el documento. «La acción de hoy apunta a los perpetradores adicionales responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», dijo Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Las sanciones se basan en la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, una legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones. La ley fue aprobada en 2012 y en un principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte bajo custodia del abogado ruso Serguéi Magnitsky, en noviembre de 2009. Magnitsky había denunciado la corrupción en Rusia y estuvo detenido por más de un año en una prisión, donde finalmente falleció a consecuencia de varias dolencias tras recibir una atención médica deficiente y golpizas.

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Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores de los derechos humanos, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país.

«El Departamento del Tesoro seguirá designando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar los abusos a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos”, dijo la directora de la OFAC. «La acción de hoy pone de relieve a otros perpetradores responsables de reprimir los llamamientos del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», agregó.

¿En qué consiste la ‘Ley Magnitsky’, esa en la que EE. UU. sustenta sus sanciones a Cuba?

Esta legislación, de 2012, penaliza con sanciones a personas que hayan cometido o hayan estado involucradas en asesinatos extrajudiciales, torturas y otras violaciones graves de derechos humanos.
El Gobierno de Estados Unidos anunció a fines de julio sanciones contra dos funcionarios del Gobierno de Cuba y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). La administración Biden los acusó entonces de haber cometido «abusos de derechos humanos» tras la histórica jornada de protestas que tuvo lugar en la isla el pasado 11 de julio. Los sancionados en julio fueron Oscar Callejas Valcárcel y Eddy Sierra Arias, dos de los más altos funcionarios de ese cuerpo policial, según anunció el Departamento del Tesoro.

Las sanciones se enmarcan en una serie de opciones que está analizando el gobierno estadounidense como respuesta a la represión a raíz de las protestas.

El miércoles, los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos publicaron una hoja informativa que detalla los pasos para la concesión de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relacionados a Cuba.

«El Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y se opondrá a la censura, incluidas las restricciones al acceso a Internet”, expresó Gacki en el texto que anunció la medida esta semana.

El gobierno comunista que lidera el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha culpado de los disturbios a Estados Unidos, argumentando el embargo económico y las sanciones de décadas para presionar por un cambio de sistema.

Díaz-Canel, que en el inicio trató de minimizar el impacto de las protestas, dijo luego que muchos manifestantes fueron sinceros pero manipulados por campañas en las redes sociales orquestadas por Estados Unidos.

Un sector de la población sostiene que es preciso un cambio en Cuba.

[Noticia en desarrollo]

Por Voz de América

Los indígenas de la etnia wampis, unos 16.000 en total, presentaron esta semana ante las Naciones Unidas su solicitud para obtener el aval como «Territorio de Vida» y poder esquivar así la supuesta «intención oculta» del Estado peruano de «expropiar» parte de su territorio ancestral para establecer una nueva área de conservación.

«Queremos que nuestro territorio sea reconocido como ‘Territorio de Vida’ (…) para evitar problemas con el Estado, que quiere imponer sus reglas dentro de nuestro territorio», declaró a Efe desde Lima Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW).

Tras un viaje de dos días por río, tierra y aire, las autoridades Wampis llegaron esta semana a la capital peruana para denunciar los presuntos actos «subrepticios» del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para categorizar la cordillera Kampankias en la Zona Reservada Santiago-Comaina, una de las áreas naturales protegidas con mayor biodiversidad del país, ubicada en la provincia amazónica de Condorcanqui.

Aunque el Sernanp negó a Efe estar actuando de manera clandestina para expropiar esta zona, la Nación Wampis insiste en que lograr el reconocimiento de la ONU es el camino para «asegurar» su territorio y poder administrar sus propios fondos climáticos, en reconocimiento a su labor milenaria en defensa de los bosques.

«Por más de 7.000 años hemos venido cuidando nuestro territorio y se mantiene intacto. ¿Para qué queremos que alguien imponga sus reglas?», dijo Flores, ataviado con una «tawas», la típica y refinada corona Wampís, hecha de plumas de tucán y paujil.

«DESCONFIANZA TOTAL»

El problema de fondo es la «desconfianza total» de las autoridades wampís con el Estado peruano. Así lo reconoció a Efe el apu Andrés Noningo, quien tachó de «genocidio» los procesos administrativos mediante los cuales el Gobierno establece nuevas áreas naturales protegidas «para dar concesión a los mineros».

EFE SWISS INFO

 
Una niña de tres años figura entre las cinco personas que murieron durante un tiroteo en la noche del jueves en Plymouth (suroeste de Inglaterra), cuyo presunto autor se suicidó, informó la policía el viernes.

Las otras víctimas son dos mujeres de 51 y 66 años y dos hombres de 43 y 59 años, dijo la policía de los condados de Devon y Cornualles, en un comunicado. Dos heridos fueron tratados en el hospital y están fuera de peligro.

La policía británica identificó el viernes a un hombre de 22 años como el presunto autor del tiroteo, el más mortífero en el Reino Unido en más de diez años.

Los investigadores han descartado por el momento toda motivación terrorista y están examinando el perfil psicológico de Jake Davison.

Según los primeros elementos de la investigación, es sospechoso de haber matado el jueves por la noche en Plymouth, con un arma descrita por testigos como una escopeta, a una mujer de su familia antes de salir a la calle y matar a las otras cuatro personas.

AFP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado por el éxito de la campaña de vacunación en España, que coloca a nuestro país en el primer puesto mundial, con un 62 % de la población con la pauta completa contra el covid y un 73 % con al menos una dosis.

Así lo ha manifestado Sánchez en su cuenta de Twitter tras conocer el estudio publicado por la Universidad de Oxford, que sitúa a España a la cabeza de la lista de países con mayor porcentaje de población vacunada, al que siguen Canadá, Reino Unido, Francia e Italia.

Sánchez ha destacado que la vacunación en España avanza imparable gracias al trabajo de los profesionales sanitarios y ha detallado que más de 29 millones de personas tienen la pauta completa.

«Nos situamos como el primer país del mundo con el mayor porcentaje de población con una o dos dosis. ¡Seguimos!», ha susubrayado el presidente del Gobierno.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, más de 29 millones de españoles ya tienen la pauta completa de la vacuna, el 61,6 % de la población total, por lo que faltan por inmunizar 3,9 millones para alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno del 70 % a finales de agosto (33 millones de ciudadanos).

EFE

 
Antes de la onda de calor en Sicilia, el último récord se había registrado en Atenas, 1977. (Freepik)

 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló este viernes que está verificando si esta semana se batió el récord de temperaturas en Europa (48,8°C medidos en la isla italiana de Sicilia), aunque subrayó que con la actual tendencia esa marca volverá a batirse y pronto podrían superarse los 50°C.

“Debemos estar preparados para que en el futuro haya nuevos récords (en Europa), en torno a los 50 grados”, señaló esta jornada en rueda de prensa el jefe del departamento de Servicios Climáticos Aplicados de la OMM, Bob Stefanski.

El miércoles 11 de agosto la ciudad siciliana de Siracusa alcanzó los 48,8 grados, según midió el servicio meteorológico regional, cifra que de confirmarse superaría el máximo continental de 48 grados registrado en Atenas en 1977.

La OMM, que en ocasiones tarda meses en confirmar este tipo de récords, también ha recibido notificaciones de máximos nacionales en otros países del Mediterráneo (como los más de 47 grados registrados en Túnez recientemente) que está verificando igualmente mediante sus servicios regionales, agregó Stefanski.

El experto subrayó que la ola de calor es uno de los factores que han agravado los incendios forestales en zonas de la región como Grecia, Turquía o varios países del Norte de África, y a la vez dificulta las labores de extinción.

En julio, la OMM confirmó que la temperatura de 18,3 grados medida el 5 de febrero de 2020 en la estación argentina de Esperanza era la mayor tomada hasta la fecha en la Antártica.

La temperatura más alta de la historia reconocida por la OMM es de 56,7 grados, medidos el 10 de julio de 1913 en el Valle de la Muerte (California, EEUU).

EFE

El certificado sanitario, criticado en la calle pero convalidado en lo esencial por el Consejo Constitucional, entró en vigor este lunes en la vida diaria de los franceses, para luchar contra al epidemia de covid-19 que sigue sin dar tregua.

Para entrar en bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales, trenes de largo recorrido o incluso para tomarse un café en una terraza, habrá que mostrar la patita blanca.

No obstante, habrá una semana de tolerancia con el fin de que las personas encargadas de efectuar los controles a la entrada de los establecimientos se vayan acostumbrando a esta nueva herramienta, que tiene la forma de un código QR, anunció el ejecutivo.

Y es que se trata de una “restricción más”, reconoce el portavoz del gobierno Gabriel Attal, indispensable en un momento en que la situación sanitaria sigue deteriorándose.

Según datos oficiales, el sábado había en cuidados intensivos 1.510 pacientes frente a los 1.099 hace una semana. El número de hospitalizaciones pasó de los 8.368 del viernes a 8.425 un día después.

“El certificado y el avance de la vacunación deberían evitarnos otros toques de queda y confinamientos”, subraya el ministro de Salud Olivier Véran.

Varios decretos y órdenes, publicados el domingo en el Diario Oficial, ofrecen precisiones prácticas sobre el certificado.

Para ser válido, el certificado, que ya está en vigor en varios países europeos, debe hacer constar la pauta de vacunación completa, o mostrar un certificado de test positivo de al menos once días y menos de seis meses en el caso de que se haya pasado el covid-19. Un test negativo de “menos de 72 horas” también vale.

“Magma de antivacunas”
No se exigirá el certificado si se va al médico de cabecera. En cambio, se exigirá en los hospitales, “pero en ningún caso debería constituir un freno para acceder a cuidados útiles y urgentes”, recuerda el ministro.

Cuando los cafés abrieron sus puertas el lunes por la mañana, se observaron los primeros signos de frustración entre los dueños de establecimientos que han tenido que sobrevivir a largos meses de cierre.

“No tienen el certificado sanitario y no hay nada que pueda hacer”, dice Mirela Mihalca, señalando a dos clientes que se sentaron en una mesa en un café del centro de París, pero a los que se negó a servir.

“Algunos lo entienden rápidamente, otros no. Va a ser difícil, ¡no somos la policía!”.

Estas nuevas disposiciones entran en vigor pese a que la movilización contra el certificado y la vacunación obligatoria para el personal sanitario siguió en aumento el sábado, por cuarto fin de semana consecutivo.

AFP

FOTO: SEBASTIEN bOZON AFP

La Policía brasileña detuvo este viernes al exdiputado Roberto Jefferson, un aliado del presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación sobre grupos digitales que difunden noticias falsas que atentan contra la democracia.

La detención de Jefferson, en la política desde 1970, fue autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, instructor de la investigación que transcurre en la máxima corte del país, tras un pedido de la Policía Federal (PF).

La investigación comenzó en 2019 limitada a la difusión de noticias falsas a través de internet, pero recientemente pasó a centrarse en la posible existencia de los que han sido calificado de grupos “digitales antidemocráticos”, en su mayoría de la ultraderecha que lidera el gobernante.

Entre los investigados en dicho proceso se encuentra también el propio presidente Bolsonaro, quien en los últimos meses ha emprendido una dura y continúa campaña de descrédito contra las urnas electrónicas usadas en los comicios que se celebran en Brasil desde 1996.

En su decisión, el magistrado del Supremo consideró que fue “inequívocamente demostrado en los autos los fuertes indicios de materialidad y autoría” de los delitos de calumnia, difamación, injuria y apología al crimen, entre otros, por parte de Jefferson.

Moraes recordó que el político llegó a pedir el “cierre” del Tribunal Supremo y la suspensión de todo los magistrados de la corte para acabar con la independencia del Poder Judicial.

“La Constitución Federal no permite la propagación de las ideas contrarias al orden constitucional y al Estado de Derecho, ni tampoco la realización de manifestaciones en las redes sociales buscando la ruptura del Estado de Derecho (…)”, agregó Moraes.

Jefferson fue aliado del Gobierno de Fernando Collor de Mello, quien renunció a la Presidencia en 1992 por corrupción, y estuvo luego en la base de apoyo al progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

En 2005 denunció un escándalo de sobornos parlamentarios, en el que él mismo participaba, que tuvo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) al borde de un juicio político.

Por ese asunto fue condenado a siete años de prisión pero, tras cumplir su pena, se vinculó al Gobierno de Michel Temer y en 2018 promovió a su hija Cristiane Brasil como ministra del Trabajo.

El nombramiento, aprobado por Temer, fue anulado por el Supremo, pues la hija del político respondía ante la Justicia por asuntos de corrupción y violaciones de las leyes laborales con empleados que trabajaban para ella.

EFE