El Fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, denunció que la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende interferir en el Examen Preliminar que desarrolla la Corte Penal Internacional (CPI).

Así lo manifestó en un post publicado en Twitter, donde indicó que el Ministerio Público “rechaza toda tentativa de la OEA” de obstaculizar la labor de la CPI.

En tal sentido, difundió un comunicado en el cual insiste sobre el trato igualitario “que debe darse a los países objeto de un Examen Preliminar”.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela ha tomado nota sin sorpresa de la nueva tentativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de sus autoproclamados “expertos independientes” de influir en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El 2 de diciembre de 2020, la OEA ya intentó presionar a la Fiscalía de la CPI. En tal ocasión, la señora Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, manifestó que su “Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua” y que debe “llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía”.

El 2 de agosto de 2021, la OEA repite su tentativa de influir en el buen desarrollo de la justicia internacional, esta vez utilizando a sus autoproclamados “expertos independientes”.

El Ministerio Público invita a las partes interesadas a tomar conocimiento del análisis objetivo que hizo llegar a la Fiscalía de la CPI mediante uno de sus informes, incorporado a la demanda de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, y accesible en la web de la misma Corte Penal Internacional desde el 13 de julio de 2021.

En este informe, y a lo largo de 25 páginas, se demuestra el sesgo parcial contra Venezuela y sus instituciones de los “expertos”, uno de ellos abogado y asesor legal de una personalidad importante de la oposición insurreccional al Gobierno legítimo de la República.

El Ministerio Público insiste en que el trato de que debe darse a los países objeto de un Examen Preliminar tiene que ser justo e igualitario, lo que no ha ocurrido con el producido en el caso Venezuela I hasta la Decisión del 14 de junio de 2021 de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional que ha señalado lo siguiente: “19. Es indiscutible en la presente litigación que Venezuela ha estado dispuesto a brindar una cooperación fructífera con la Corte (…). Venezuela insta a la Fiscalía a proporcionar, en el marco de la complementariedad positiva, hojas de ruta, orientaciones y un marco de referencia (…). La Sala subraya que esta vía es compatible con el principio de complementariedad y que debe llevarse a cabo siempre que sea posible, siempre que no se corra el riesgo de validar los procedimientos nacionales o de corromper cualquier posible procedimiento de admisibilidad en el futuro. 20. Por lo tanto, la Sala considera conveniente que la Fiscalía mantenga un diálogo constructivo con Venezuela, de acuerdo con el principio de complementariedad, durante el examen preliminar y más allá, según sea el caso.”

Caracas, 4 de agosto de 2021.

Tarek William Saab

Fiscal General de la República

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Para comprar en Venezuela una hamburguesa Big Mac hay que pagar más de 30 millones de bolívares.

¿Le parece caro?

Más allá de la inflación que desde hace años sufre el país, ese monto equivale a unos tres salarios mínimos mensuales en el país sudamericano. Así que sí, es costoso. Pero no solamente para los venezolanos.

La emblemática hamburguesa de McDonald’s que se vende en Venezuela es la más cara del mundo, de acuerdo con el más reciente Índice Big Mac, elaborado por la revista The Economist, que desde hace 35 años compara el precio de esta hamburguesa en decenas de países como una forma de medir el valor de las distintas monedas.

La comparación se basa en el concepto de «paridad de poder adquisitivo» y, en este caso, usa el precio local del Big Mac en cada país convertido en dólares para determinar si la moneda de ese país está sobrevalorada o subvalorada frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con este cálculo, un Big Mac en Venezuela cuesta US$8,35, mientras que en Estados Unidos cuesta unos US$5,65.

Esta hamburguesa de McDonald’s se vende en diferentes partes del mundo por precios que oscilan entre US$1,68 y los US$8,35 que cobran en Venezuela.

Ese resultado ubica a Venezuela a la cabeza del índice como el país con mayor sobrevaluación de la moneda: un 47%, por delante de Suiza y Noruega, los otros dos lugares donde el Big Mac es más costoso.

El lugar en el que registra su menor precio es Líbano, donde cuesta US$1,68. Este monto indica, según The Economist, que su moneda está subvaluada en 70,2%.

Pero ¿cómo se explica que sea Venezuela el país del mundo donde esta hamburguesa es más costosa?

Un mercado pequeño

Guillermo Arcay, profesor de macroeconomía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, señala que hay dos tipos de factores en juego en la economía venezolana que explican el elevado costo del Big Mac (así como el de muchos otros bienes).

El primero de estos factores tiene que ver con el tamaño del mercado venezolano.

«Venezuela tiene un mercado muy pequeño. El sector privado desapareció y ahorita está volviendo a renacer desde que removieron las restricciones en 2018. Entonces, es muy poca la oferta de productos como los de McDonald’s y también son escasos los insumos necesarios para hacer esa hamburguesa. Eso hace que los precios sean altos, no solamente de la Big Mac, sino de todas las hamburguesas en el país», señala.

El experto señala que desde 2013, la economía venezolana se ha contraído en cuatro quintas partes.

«Esta es una economía donde los pocos agricultores que quedan y los pocos transportistas que quedan tienen muchísimos problemas para saciar la demanda. Entonces, tanto McDonald’s como sus competidores tienen altos costos, pero también tienen la capacidad de cobrar precios altos», explica.

Distorsiones económicas e institucionales
Más allá de estos problemas relacionados con el tamaño del mercado, Arcay indica que la economía venezolana ha estado sometida a una serie de distorsiones económicas e institucionales que inciden en el valor de los bienes.

Mediante el control de cambios el gobierno mantuvo durante años una sobrevaluación sobre el valor oficial del bolívar al proveer al mercado con divisas por debajo de su valor real.

Sin embargo, como el gobierno cada vez contaba con menos dólares para responder a la demanda de divisas fue creciendo un mercado paralelo en el que el bolívar estaba cada vez más devaluado.

Ante la crisis y la falta de confianza en el bolívar la gente buscaba cada vez más dólares que eran escasos. Había una gran demanda de un bien escaso: el dólar.

«En la medida que el mercado paralelo se hizo relevante para el sector privado venezolano, fuimos pasando a un esquema en donde la canasta de bienes venezolanos era súperbarata en términos internacionales, si lo medías con el dólar paralelo. Esa era la época donde llegaban los extranjeros con un billete de US$100 y podían pagar con él varias noches en un hotel o hacer lo que quisieran», señala Arcay.

En 2017, cuando se inició el proceso de hiperinflación, los precios en bolívares empezaron a aumentar más rápidamente que el dólar.

«Eso obligó a que el Gobierno tuviera que remover una gran parte de las restricciones microeconómicas que había montado y a que, por temas de políticos, intentará contener el dólar ofreciendo divisas en el mercado, haciendo que el precio de esa moneda aumentara más lentamente que los precios en el mercado local», dice.

«Con el tiempo, después de dos años y medio durante los cuales los precios en bolívares crecen a un ritmo más alto de lo que aumentaba el dólar, se alteraron los términos de intercambio: se fue abaratando el dólar y se fueron encareciendo los bienes en Venezuela medidos en dólares. Ahora tenemos un tipo de cambio real que está sobrevaluado, por lo que Venezuela se ha convertido en un país caro», agrega.

Por esta razón, los venezolanos vienen quejándose en los últimos tiempos de que sufren una «inflación en dólares», para referirse al hecho de que los precios locales aumentan a un ritmo mayor que la depreciación de la moneda.

Para este viernes 30 de julio, el dólar se cotizaba en el mercado oficial venezolano en 3,9 millones bolívares, cifra muy parecida a la del mercado paralelo, según cifra de Monitor Dólar, una de varias webs dedicadas a hacer seguimiento al inestable mercado cambiario venezolano.

A esa situación del mercado cambiario se unen, según el experto, otras «distorsiones microeconómicas» como las normas laborales que impiden despedir a los trabajadores o las dificultades para el transporte de productos a través del país debido a la falta de gasolina y a los numerosos controles de carretera donde, según Arcay, «no sabes si los militares van a dejar pasar los productos, si los van a decomisar o si te van a robar».

Según el experto, ante esta incertidumbre, los empresarios optan por aumentar los precios de forma anticipada.

La suma de todos estos factores contribuye a que no solamente la Big Mac sino gran cantidad de otros productos sean en la actualidad más costosos en Venezuela que en otros lugares del mundo.

Si después de leer esta explicación, aún quiere comerse una Big Mac en Venezuela es recomendable que no planee pagarlo en efectivo pues necesitará tres semanas para poder obtener del cajero automático el dinero requerido, ya que el gobierno mantiene un límite semanal de retiros de 10 millones de bolívares.

Y, ah, por cierto, no la pida como Big Mac. En Venezuela ahora se le conoce como Big Cheddar, aunque es la misma hamburguesa de toda la vida. Pero mucho más cara que en el resto del mundo.

BBC

La inseguridad personal y de los bienes de los productores, se ha intensificado en este semestre con el incremento del abigeato, secuestros, el hurto y el desmantelamiento de maquinarias, embarcaciones y de la infraestructura productiva. También ha crecido el secuestro y el asesinato de horticultores y transportistas que se aventuran a llevar frutas y hortalizas a los mercados de las poblaciones urbanas de nuestro país. El señalamiento está contenido en el informe sobre el comportamiento del sector agroalimentario en el primer semestre de este año, elaborado por los responsables de esta área, del partido Un Nuevo Tiempo.

La inseguridad jurídica ha aumentado de forma dramática por la inexistencia de los poderes públicos. Ésta se manifiesta ahora, aún más, con el cobro de “tributos municipales e impuestos estatales” a los productores por la movilización de ganado y de la cosecha, además del cobro de coimas en las alcabalas donde tienen que dejar dinero en efectivo y parte de los alimentos o materia prima que transportan. Las invasiones y el saqueo de unidades de producción, se han intensificado por el año electoral decretado por el régimen, estos delitos se cometen en su mayoría amparados por instituciones como el INTI, reseña el informe de UNT.

A la inseguridad jurídica ya conocida, amparada por las leyes aprobadas por el régimen, se le suman ahora, como espada de Damocles, la pretensión de imponernos un Estado Comunal en abierta violación del Artículo 4 de nuestra Constitución Nacional. Esta imposición, sin duda, aumentará el centralismo en detrimento de la ruralidad.

Mientras el régimen se reúne en Caracas con la dirigencia empresarial, en el interior del país arrecian las invasiones de unidades de producción agropecuarias, promovidas por ellos. Además, pretenden imponernos una ley de pesca con un contenido más cargado del tema ideológico arcaico y comunistoide, que supera con creces el centralismo y las prácticas totalitarias de la ley vigente, la cual acabó con la producción pesquera y el desarrollo de la acuicultura de nuestro país, se afirma en el documento de la tolda azul.

Además del tema de la inseguridad jurídica y personal, el análisis también destaca dos grandes problemas: el desabastecimiento de combustibles, que mantiene paralizada más del 80% de la maquinaria y el transporte del sector y el casi inexistente financiamiento que afecta a los sectores de la producción primaria y de las Pymis del sector agroalimentario. Señala UNT, que esta grave situación ha pasado de ser un problema coyuntural a constituirse en un problema estructural, debido al fracaso de la política macroeconómica y la mala operatividad de la producción petrolera por parte del régimen.

Este régimen que dice ser nacionalista y socialista, ha disminuido la producción primaria de alimentos nacional a menos del 20% y ha profundizado la brecha entre empresas ricas y emprendimientos pobres. Del 70% del parque agroindustrial, que son medianas y pequeñas empresas, solo está operando el 20%, aumentando así el desempleo en estas empresas que generan la mayor capacidad de puestos de trabajo del sector, cuestiona el informe de UNT.

La incidencia del problema agroalimentario en la crisis social también es analizado en este informe: este régimen que dice defender a los pobres, ha condenado a la ruina a más de 130 mil familias de productores y a cientos de granjas avícolas y porcinas, que no tienen financiamiento ni pueden pagar los altos costos que significan la compra de combustibles, de insumos, de materia prima y la reparación de su obsoleto parque de maquinarias.

También reciben su dosis de socialismo, el 90% de los aproximadamente 50 mil agrotécnicos de nuestro país, los cuales están desempleados junto con el 70% de los trabajadores rurales que en su mayoría han tenido que emigrar. La sufrida población rural, también forma parte del 96% del total de nuestra población que viven en situación de inseguridad alimentaria.

En resumen, el régimen ha incidido de forma negativa en todas las actividades de los integrantes de los circuitos agroalimentarios, impactando terriblemente sobre la oferta de alimentos y sobre la capacidad adquisitiva del consumo familiar. De esta forma, concluye el informe sobre el comportamiento del sector agroalimentario en el primer semestre de este año elaborado por el Partido Un Nuevo Tiempo.

Prensa UNT Productores y Emprendedores

La coordinadora regional de Táchira del partido Primero Justicia, Karim Vera informó que la organización política ha mantenido encuentros con posibles candidatos a los distintos cargos a elegirse el próximo 21 de noviembre del año en curso al consejo legislativo, concejos municipales, alcaldías e incluso a la gobernación de la entidad, una vez que sean evaluados los escenarios y sólo si se logra el acuerdo a participar.

Vera destacó que la situación en la que se encuentra el país es muy compleja, por eso considera que “las próximas autoridades deben cumplir con las exigencias del momento, estamos conscientes a lo que nos enfrentamos y no estamos dispuestos a impulsar ni apoyar falsas promesas que en vez de brindar soluciones reales a la gente, satisfagan personalidades”.

Aseguró que “la selección de los candidatos deben cumplir únicamente con los mecanismos establecidos en los estatutos de PJ, organizados por el Frente Amplio y Venezuela Libre, tales como se ha realizado en anteriores procesos como fueron seleccionados los candidatos de la Unidad en el año 2015 y 2017 con el apoyo y ayuda de Súmate que no son más que el consenso, las primarias sin discriminar ninguna aspiración dentro del instrumento democrático y no como algunas figuras pretenden en este momento al involucrar al Consejo Nacional Electoral”.

Karim Vera precisó que la lucha por alcanzar la democracia y la libertad de Venezuela es el punto de llegada, “los partidos políticos democráticos estamos enfocados y claros que es el trabajo”

NOTA DE PRENSA

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, anunció este miércoles que el mecanismo Covax enviará a Venezuela entre agosto y septiembre alrededor de 2,6 millones de vacunas Sinopharm y 600.000 dosis de Sinovac. 

“El mecanismo Covax confirmó que en esta ronda de distribución de vacunas Venezuela recibiría aproximadamente 2,6 millones de vacunas de Sinopharm y 600.000 dosis de Sinovac”, comunicó el doctor durante una conferencia de prensa de la organización.

Estos lotes de vacunas, dijo, fueron autorizadas por el régimen de Nicolás Maduro y ya existe una aprobación de importación. Por lo tanto, el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud concretará los envíos conforme a la disponibilidad de dosis del mecanismo Covax durante estos dos meses.

“En la siguiente ronda Venezuela recibiría vacunas adicionales de Sinopharm para completar hasta los 5 millones de esa vacuna”, señaló.

Delta, una variante de preocupación

El director de Emergencias en Salud de la OPS manifestó también que la variante delta es de preocupación, que ha demostrado un aumento significativo en la transmisión.

“La detección de la variante delta en Venezuela es una causa de preocupación para el país y hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud y las entidades responsables de la detección de todas las variantes para hacer un seguimiento de los casos e implementar las acciones necesarias”, dijo.

Ugarte señaló la presencia de las variantes del covid-19 en varios estados de Venezuela. Y agregó que las medidas que se adopten tendrán que ajustarse conforme a la transmisión.

“Estamos vigilando la disponibilidad de los servicios de salud y estamos incrementando nuestra ayuda para mejorar la disponibilidad de suministro en Venezuela para que pueda responder a la pandemia”, afirmó.

EL NACIONAL

De acuerdo con datos aportados por la organización Monitor Salud, los hospitales situados en la región central de Venezuela (Aragua, Carabobo y Cojedes) tienen severas deficiencias en cuanto a la disponibilidad de tapabocas, guantes y productos de limpieza como cloro y jabón.

«La crisis en el sistema sanitario no se ha detenido y en medio de un perturbador aire de normalidad los centros de salud se sumergen cada vez más en las ruinas», expresó la ONG en la citada red social.

Monitor Salud indicó a través de su cuenta de Twitter que en un estudio realizado en 15 hospitales del sistema sanitario en esta región, 9 de 15 centros no tienen tapabocas pero la cantidad es insuficiente.

Pero los tapabocas no son la única herramienta de protección que deben usar los trabajadores de la salud, no solo en sus labores diarias, sino para protegerse de la COVID-19 durante la atención a diversos pacientes.

En ese sentido Monitor Salud también refirió que, de estos 15 centros consultados, solo 8 reportaron que tenían disponibilidad de cloro para realizar la limpieza, pero también era insuficiente, mientras que en 4 centros de ellos no hay ese producto.

Respecto a la existencia de jabón, destacaron que en 7 de esos centros de salud consultados no hay jabón para realizar la limpieza de las diversas áreas de los hospitales ni tampoco para el uso del personal de salud, a fin de que realicen la desinfección de sus manos.

714 sanitarios fallecidos
Desde que inició la pandemia de COVID-19 en Venezuela los trabajadores de la salud han venido reportando la falta de equipos de protección personal y bioseguridad para atender a pacientes con coronavirus, situación que ha generado un amplio registro de trabajadores sanitarios fallecidos por complicaciones derivadas de la COVID-19.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Médicos Unidos Venezuela, realizado hasta el pasado de julio, han fallecido 714 trabajadores sanitarios desde que inició la pandemia, mientras tanto, el régimen de Maduro, reporta el fallecimiento de 3.623 venezolanos desde el inicio de la pandemia, hace 505 días.

LA PATILLA

foto: ariana cubillos ap

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió este martes a cuatro civiles que estaban secuestrados desde hace cuatro meses por un frente de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Las cuatro personas, de las que el organismo internacional no da más detalles, se encuentran «en adecuadas condiciones de salud», y van a ser trasladadas con sus familias, según detalló el CICR en un comunicado, en el que no precisó la población en la que fueron entregados los civiles.

«Nos alegra que estas personas recobren la libertad y puedan reencontrarse con sus familias», resaltó el jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga, Nicolás Lenssens.

La misión que recibió a los secuestrados también estaba integrada por miembros de la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica.

«Nuestro esfuerzo se enfoca en aliviar el sufrimiento de quienes padecen las consecuencias del conflicto armado y la violencia, por eso insistimos en nuestra disposición para facilitar este tipo de operaciones humanitarias», aseguró Lenssens.

Se trata de la segunda operación humanitaria de este tipo que tiene lugar en menos de dos semanas, ya que el pasado 25 de julio estos mismos intermediarios recibieron a un hombre y una mujer que estaban secuestrados por este mismo frente de disidencias de las FARC, el Frente 33, en el Norte de Santander.

El Frente 33 de las disidencias de las FARC es un grupo con mucha presencia en esta zona y al que el Gobierno atribuye, entre otros, el atentado contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y dos ministros el pasado 25 de junio.

Este grupo armado, liderado por Javier Alonso García Veloza, alias «Jhon Mechas», también fue el supuesto autor del ataque 10 días antes con carro bomba contra una brigada del Ejército en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte del Santander.

En lo que va de año, el CICR ha facilitado en Colombia la liberación de al menos doce personas que estaban en poder de grupos armados.

EL NACIONAL