Una encuesta elaborada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló este lunes que 82% de los extranjeros que se encuentran en situación de movilidad humana en Ecuador estaría en riesgo si tuviera que regresar a su país.
El informe del Acnur, difundido por su oficina en Quito, precisó que entre los principales riesgos, según los encuestados, figuran «la inseguridad, el temor a los grupos armados, la violencia generalizada y la dificultad para conseguir alimentos o trabajo».
Este es uno de los principales resultados del estudio denominado «Monitoreo de Protección» efectuado por el Acnur en el primer trimestre del año, que busca «comprender la situación y las necesidades de las personas en movilidad humana» y «planificar una respuesta humanitaria que pueda mejorar su condición».
En el estudio participaron 407 familias venezolanas y 391 colombianas asentadas en 19 de las 24 provincias de Ecuador, precisa la ficha técnica de la encuesta.
En esa muestra de la población inmigrante, 82% de las familias aceptó que, al menos, era sobreviviente de violencia o abuso (18%), tenía una condición médica crónica (18%), era madre o padre soltero (12%) o tenía alguna discapacidad (11%).
La falta de acceso a documentación legal de las personas en el país es otro de los elementos que relució en la investigación, ya que 73% de los venezolanos encuestados dijeron encontrarse en situación irregular, frente a 42% de los colombianos.
La desinformación y la falta de documentos fueron expuestas en el estudio como las principales dificultades identificadas por los inmigrantes encuestados para conseguir la regularización, pese a los esfuerzos que han desplegado el gobierno, el Acnur y otras agencias de Naciones Unidas para facilitar esos procesos, añadió la fuente.
En el caso de la población venezolana, apenas 12% de los encuestados en el estudio contaba con un pasaporte vigente.
«Este estudio muestra la importancia de continuar apoyando los esfuerzos de integración de las personas refugiadas y migrantes en Ecuador», dijo Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.
«La asistencia humanitaria para satisfacer necesidades básicas urgentes es imprescindible, pero las personas en movilidad humana también necesitan acceder a fuentes de empleo o emprendimientos para garantizar su inclusión socioeconómica a largo plazo», añadió la representante.
A ese proceso de inclusión de los inmigrantes, agregó Bassu, «sin duda ayudará el proceso de regularización migratoria para personas venezolanas, anunciado por el gobierno en junio» pasado.
El informe de Acnur, asimismo, advirtió de que la compleja situación económica que atraviesa Ecuador, agravada por la pandemia del covid-19, no es ajena a las personas en movilidad humana.
90% de las familias encuestadas dijo dedicarse a actividades informales o encontrarse en el desempleo, solo 4% aseguró que contaba con un empleo formal y apenas 3% que era dueño de un negocio.
Además, 3 de cada 4 familias señalaron que su principal urgencia era cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido, por lo que muchas de esas familias, para salir adelante, se ven obligadas a reducir la cantidad de alimentos consumidos, pedir prestado dinero para comprar bienes básicos, limitar el consumo de bienes no esenciales o reducir el consumo de comida entre adultos para dar prioridad a los niños.
En cuanto a su integración social, 51% de las familias manifestó haberse sentido discriminada en algún momento tras salir de su país, especialmente por su nacionalidad.
Sin embargo, 95% dijo tener una interacción entre neutra y positiva con la población de vecinos de las localidades donde habitaba.
«La movilidad humana genera encuentros culturales y sociales que pueden ser muy enriquecedores para la sociedad de acogida. Trabajar por la integración socioeconómica de las personas refugiadas y sus comunidades de acogida es también una gran oportunidad para el desarrollo del Ecuador», señaló Bassu.
El denominado Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), calcula que alrededor de 430.000 venezolanos residían en Ecuador hasta junio de 2021.
Recientemente, el gobierno ecuatoriano anunció un amplio proceso de regularización que busca mejorar la inclusión legal de los ciudadanos venezolanos.
Ecuador es el país de América Latina que ha reconocido a más personas como refugiadas, con una cifra que supera las 70.000, de las cuales 97% son colombianas, según datos del Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores.
EFE