El vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez informó que 1,097 casos fueron reportados, de los cuales 1.078 son por transmisión comunitaria y 19 son importados.

Detalló que que los contagios comunitarios se detectaron en 21 estados: Zulia (177), Aragua (127), Nueva Esparta (124), Yaracuy (113), Lara (100), Anzoátegui (85), Monagas (70), Apure (60), Sucre (47), Caracas (47), Miranda (29), Amazonas (28), Carabobo (22), Mérida (18), La Guaira (16), Guárico (9), Táchira (2), Barinas (1), Cojedes (1), Trujillo (1), Falcón (1).

En este balance no figuraron los estados: Bolívar, Delta Amacuro y Portuguesa.

De los casos importados, 10 proceden de Panamá, 07 de República Dominicana y uno 01 de España (todos con entrada por La Guaira) y uno 1)de Brasil, con ingreso por el estado Bolívar.

Ñáñez anunció el fallecimiento de 17 personas en este balance:

3 de Anzoátegui: 1 mujer de 69 años, 2 hombres de 47 y 68 años
3 de Caracas: 1 mujer de 55 años, 2 hombres de 69 y 76 años
2 de Apure: mujer de 64 años, hombre de 67 años
2 de Barinas: hombres de 49 y 63 años
2 de Nueva Esparta: mujer de 72 años, hombre de 56 años
1 de Carabobo: mujer de 67 años
1 de Delta Amacuro: hombre de 58 años
1 de Lara: hombre de 66 años
1 de Miranda: hombre de 55 años
1 de Sucre: mujer de 63 años

POR CONFIRMADO PATRICIA VILLEGAS

El director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, afirmó el lunes que alias Jhon Mechas, autor del atentado contra el presidente Iván Duque, está resguardado en el estado Zulia.

Sin embargo, el disidente del extinto frente 33 de las FARC, cuyo nombre real es Javier Alonso Velosa García, será buscado en 190 países. La circular de Interpol en su contra se cambió de azul a roja.

La Policía de Colombia también ofreció una recompensa de 600 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Jhon Mechas.

El disidente de 41 años de edad, dice una reseña de Caracol Radio, ingresó a las milicias populares en 1996 y a las milicias Bolivarianas en 2000. 15 años después se convertiría en uno de los principales cabecillas de las FARC, a cargo de la Compañía de Milicias Resistencia Catatumbo.

A pesar de que aceptó el acuerdo de paz firmado con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Jhon Mechas siguió cometiendo delitos en el oriente de Colombia.

Bajo su cargo estarían cerca de 160 criminales de Norte de Santander. Además, es probable que tenga nexos con carteles mexicanos para el negocio del narcotráfico, indica Caracol Radio.

La semana pasada las autoridades de Colombia revelaron que el atentado contra Duque y la Brigada 30 fue planificado desde Venezuela.

“Este atentado fue planeado desde Venezuela, y por lo tanto hacemos una reflexión a la comunidad internacional de cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas: se planean ataques a la institucionalidad colombiana”, aseguró el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte.

EL NACIONAL

El Vaticano juzga este martes por primera vez a un cardenal, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias. Este juicio histórico trata de esclarecer si se cometieron delitos de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder durante la inversión irregular de unos 350 millones de euros, obtenidos de fondos destinados a la beneficencia, en un edificio de lujo en Londres.

Concretamente y como anunció la Santa Sede en un comunicado, al cardenal Becciu se le acusan de los delitos de soborno, abuso de oficio y malversación.

El papa obligó a Becciu a renunciar a su cargo el pasado año
En 2013, la Secretaría de Estado compró un edificio en Londres utilizando los fondos del Óbolo de San Pedro, institución que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas. Becciu ocupaba entonces el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y era el responsable de esas operaciones. El cardenal ostentó ese puesto hasta 2018, cuando el papa Francisco le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos.

No obstante, un año más tarde y tras salir a la luz el escándalo inmobiliario, el propio Francisco le obligó a presentar su renuncia tanto para su cargo como para sus derechos como cardenal. Becciu se convierte así en el más alto funcionario vaticano acusado de delitos financieros, aunque siempre ha mantenido su inocencia y ha asegurado ser «víctima de una maquinación deliberada».

El juicio se rige por las nuevas normas
Otro de los motivos que hacen de este juicio un acontecimiento histórico en el Vaticano es que se rige por las nuevas normas emitidas por el papa el pasado 30 de abril en un documento pontificio que asigna a la Justicia ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, antes competencia del Tribunal Supremo.

Entre las nueve personas acusadas se encuentran trabajadores laicos y religiosos del Vaticano, figuras de las finanzas internacionales y cuatro sociedades. Algunos nombres son los de Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones; y el bróker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres.

También se va a sentar en el banquillo la italiana Cecilia Marogna, que presuntamente recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu y empleó 200.000 de ellos en artículos de lujo, algo por lo que los medios de comunicación italianos la conocen como la Dama de Becciu

La Santa Sede libera de culpa a la Secretaría de Estado actual
Becciu, pese a su cese del cargo de prefecto, continúa viviendo dentro del Vaticano, en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Asimismo, la Santa Sede ha liberado de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado, insistiendo en que ni monseñor Perlasca, firmante del contrato de compraventa de acciones, ni sus superiores fueron efectivamente informados.

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019. Esta última denuncia alegaba la comisión de delitos graves como estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje. En la solicitud de apertura del juicio se señaló el desvío de los fondos recibidos para fines de beneficencia con el objetivo de realizar operaciones de alto riesgo financiero.

Rtve.es