En el primer semestre de este año 2021 Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades durante todo el semestre.

Contrastando con el primer semestre de 2020 cuando se pudo constatar 1611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48.6%.

La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención que el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar.

Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.

La disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7180 personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos.

Del monitoreo realizado a nivel nacional pudimos constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Desde esa fecha se produjo en varios estados del país una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares.

Por primera vez en el monitoreo realizado por Lupa por la Vida, se puedo registrar estados donde en un mes no se produjo ningún asesinato ni de militares ni de policías.

La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones.

Poder de letalidad de los cuerpos de seguridad
Una de las novedades que se registran en este primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales.

La mayor evidencia es que en este período solo intervinieron, de acuerdo a este monitoreo, en 64 situaciones en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de las casi 417 que se les contabilizó en el mismo tiempo el año pasado.

Vale resaltar que el gobierno emprendió un paulatino proceso al interior de FAES que pareciera indicar se avanza hacia su disolución. Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO. En el primer semestre esta DCDO fue responsable de 4 casos de presuntas ejecuciones.

Estas modificaciones en la Policía Nacional Bolivariana pudiesen obedecer a las exigencias de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que desde el 2019 vienen demandando la disolución de este cuerpo policial e igualmente a la recomendación establecida por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.

En este renglón del comportamiento de los cuerpos policiales y militares hubo un cambio en el manejo del poder de letalidad. En los 6 meses analizados destaca con el mayor número de casos adjudicados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, con 180, lo que representa el 21.74% de los 825.

Las policías estadales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En el conjunto las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas en los 6 meses, reflejando que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente. Contrastando con el primer semestre de 2020 hubo una importante baja en la policía del estado Zulia si consideramos que fueron responsables en los primeros seis meses de 2020 de 122 asesinatos, a diferencia de la policía del estado Carabobo que incrementó la letalidad en línea contraria al contexto nacional. Mientras en el primer semestre de 2020 la policía del estado Carabobo fue responsable de 54 asesinatos, en 2021 se le atribuyen 75.

Llama significativamente la atención que, produciéndose una baja de los asesinatos perpetrados por policías y militares en el país, en el estado Carabobo por el contrario se afianzó la política de mano dura.

CONTINÚE EN INFORME DE LUPA POR LA VIDA

La más reciente licencia emitida por el Departamento del Tesoro abre la posibilidad de que Venezuela pueda comprar gas propano en los mercados internacionales. Cerca del 90% de los hogares dependen de este combustible. Expertos explican si ésta licencia puede ser considerada o no como un relajamiento de las sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

La licencia Número 40 dice textualmente: “Se autorizan ciertas transacciones que involucren la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela”.

Kevin O’Reilly, subsecretario adjunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, considera que la licencia para exportar gas tiene objetivos humanitarios. “A pesar de toda la polémica, nuestro Departamento del Tesoro ha aflojado ciertas restricciones al gas para cocinar porque vemos que es fundamental para el bienestar de los venezolanos en su vida diaria”, las declaraciones del diplomático estadounidense fueron durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en Washington.

Expertos en el tema de las sanciones como el economista y científico de datos de Ecoanalítica, Giorgio Cunto, cree que esta licencia no es un relajamiento de la política de la administración del presidente Biden hacia el gobierno de Nicolás Maduro, sino que sirve para clarificar las sanciones existentes.

“Considerarlas un relajamiento es exagerado. No implica mucho cambio en la política estadounidense (…) Desde el inicio de las sanciones, no hay prohibiciones taxativas para la importación de combustible a Venezuela (…) Lo que hace esta última licencia es dejarlo más claro y permitirlo de forma más explícita”, aseguró Cunto.

Aunque la licencia establece que no habrá sanciones por venderle gas propano a PDVSA o a un operador privado, no está claro que de manera inmediata se vaya a resolver el problema del déficit del combustible que se calcula es del 75%, según la firma Gas Energy.

“Lamentablemente yo no veo que va a tener un impacto fuerte en el mercado porque PDVSA es el que controla la importación de propano y si bien, es cierto, hay privados que pudieran traer propano al mercado, no hay un mercado de propano en la región como en otros países el sector industrial y primero hay que liberar los precios”, explicó Antero Alvarado, director Gas Energy Latinoamérica.

La otra opción es que PDVSA importe el gas propano, pero el pago debe hacerlo en efectivo. La licencia no autoriza el intercambio de petróleo por gas. “Yo creo que esta decisión toma un poco fuera de base a PDVSA, no se esperaban esto, tampoco lo estaban pidiendo, y a pesar de que el propano es un combustible de alta necesidad humanitaria, es la cara más social del petróleo quizás, yo no veo a PDVSA en sus prioridades importar propano, creo que su prioridad es el diésel”, dijo Antero.

El especialista estima que cerca de 4 millones de personas en Venezuela cocinan con leña. La prioridad de PDVSA, agrega, no es la importación de gas propano porque la compañía le está apuntándole a producirlo nacionalmente.

Aparte de la licencia para la importación de gas, recientemente también se emitió otra licencia que le permite a compañías estadounidenses hacerle un mantenimiento limitado a cierta infraestructura de PDVSA considerada como esencial y por eso autoriza: “Transacciones y actividades necesarias para la seguridad de la preservación de activos en Venezuela”.

Giorgio Cunto, de Ecoanalítica, explica que el objetivo general de las sanciones es restringir la capacidad del gobierno de Venezuela de generar flujos a través de la venta del petróleo, pero que “no se está buscando borrar de la faz de la tierra a la industria petrolera, especialmente cuando firmas estadounidenses están ligadas a ella”, asegura Cunto.

Desde el inicio de la política dura de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, 28 Licencias aclaratorios o con excepciones, han sido expedidas, 25 durante la administración Trump y 3 en lo que va del gobierno Biden.

VOZ DE AMERICA

Funcionarios de la Brigada Contra Homicidios del Cicpc Táchira se movilizaron al lugar, ubicado en la carretera Trasandina y se encontraron con un cráneo, el hueso de la mandíbula y parte de un fémur, que al parecer son muy antiguos, lo que hace descartar la hipótesis del homicidio y los coloca en el campo de “los ritos y la brujería”

Lo real. lo mágico, lo ilógico y la superstición se unen en un caso de carácter policial que ocurrió el pasado miércoles en horas de la mañana, cuando un grupo de obreros que realizaban labores de limpieza y mantenimiento, localizaron restos humanos en una zona enmontada, a orillas de la carretera trasandina, entre Palo Gordo y Arjona, municipio Cárdenas, hasta donde se presentaron funcionarios del Eje Contra Homicidios del Cicpc Táchira que asumieron las investigaciones para establecer la procedencia de las partes óseas encontradas en el lugar, y que de acuerdo a la apreciación de los especialistas son de vieja data.

Son diversos los comentarios que surgieron en el lugar de los hechos, algunos por parte de curiosos y lugareños luego que los detectives desecharan cualquier hecho de carácter criminal, lo cual fue seguido por comentarios y especulaciones sobre hechos irreales que la gente relacionada con “la brujería y los ritos satánicos”.

CONTINÚE EN LA NACIÓN

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, expresó su solidaridad con Ada Macuare, enfermera del estado Anzoátegui que fue privada de libertad de manera arbitraria por la dictadura de Nicolás Maduro.

“Exigir el derecho a trabajar en condiciones decentes, seguras y con salarios suficientes no puede ser considerado un delito”, aseguró Contreras en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La líder gremial exigió que Macuare sea liberada inmediatamente, e hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se pronuncie por lo ocurrido.

#23Jul Solidaria con Ada Macuare, Enfermera del Edo Anzoátegui privada arbitrariamente de su libertad.
Exigir el derecho a trabajar en condiciones decentes, seguras y con salarios suficientes no puede ser considerado un delito. #LiberenAAdaMacuare#ProtestarNoEsDelito @CIDH

— Ana Rosario Contreras (@Sharo1412) July 23, 2021

CCN