Jhoan Martín Machado y Arisneli Velancourt y sus tres hijas, Marcela, Miranda y Mariangel llegaron hace cinco años a Quito (Ecuador) con apenas varias maletas, que usaron los primeros días como camas para dormir. Viajaron en bus desde Caracas hasta Cúcuta (Colombia), en la frontera con Ecuador, que luego cruzaron caminando. De ahí, otro autobús hasta el sur de la capital ecuatoriana; de la cálida Caracas a la fría ciudad en diciembre… “Fue el susto más grande de mi vida. Llegar con mi familia a un país donde no conocía a nadie. La más pequeña sufrió una hipotermia, y apenas tenía un año”, señala el joven venezolano, de 36, sentado en el salón de su casa, un estudio de unos 30 metros cuadrados con el comedor, la cocina y las habitaciones separados apenas por una escalera.
Después de Siria, el país más afectado por la migración y el éxodo masivo es Venezuela. Más de cinco millones de personas se han visto empujados a emigrar por la profunda crisis política, económica y social en la que está sumido el país, según las cifras recién publicadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su informe anual. La historia de Martín y Velancourt tiene elementos que se repiten en la vida de muchos de sus conciudadanos en la última década: la joven trabajaba como ingeniera de sistemas y él como guardia de seguridad, pero sus sueldos no les alcanzaba para vivir; sufrían la escasez de alimentos y medicinas y apenas encontraban leche y pañales para su hija pequeña. “Decidimos sacar todos nuestros papeles, partidas de nacimientos, nuestros títulos universitarios y los pasaportes y salir del país”, explica Machado. Un proceso que se prolongó un año, hasta que lo lograron.
Ecuador alberga a más de 400.000 refugiados y migrantes de Venezuela. En la actualidad, 230.000 de ellos están regularizados, según Acnur, con varios tipos de visas o reconocidos como refugiados, pero la otra mitad espera su turno para conseguir sus papeles. Junto a Colombia, seguida por Perú, Chile y Brasil es el país que cuenta entre sus migrantes con más personas de esta nacionalidad. “Sin una regularización general, al final solo puedes trabajar informalmente, o que te exploten laboralmente y solo tengas acceso a trabajos muy precarios. Y la pandemia ha agudizado las dificultades existentes. Ahora, la gran mayoría de las personas venezolanas que ya tenían un trabajo lo han perdido y tienen necesidades humanitarias fuertes”, contextualiza Giovanni Bassu, representante de Acnur en Ecuador.
Cómo salir del bucle de la irregularidad
Para salir de esta situación de irregularidad, los inmigrantes venezolanos tienen varias opciones para conseguir una visa, pero todas ellas con un coste que excede lo que se pueden permitir y procesos burocráticos arduos, que la covid-19 ha ralentizado aún más. Desde 2019 existe la llamada visa humanitaria, que tiene un coste de 50 dólares (42 euros) y la que se podría conseguir presentando un pasaporte con vigencia de hasta cinco años.
Por otro lado, si se es venezolano y se tienen hijos nacidos en Ecuador, se puede pedir la visa de amparo, para la que habría que pagar 150 dólares (126 dólares). Si se ha entrado en el país sin pasaporte y hay que requerirlo a Venezuela, el proceso se puede demorar hasta seis meses y tiene un coste de 400 dólares (336 euros), a pagar con tarjeta de crédito, método del que la mayoría de migrantes carece. La llamada visa permanente, un permiso de hasta 10 años, supone pagar 550 dólares (463 euros) y exige haber permanecido un mínimo de 21 meses en el país. “Muy pocas personas van a reunir los requisitos para este tipo de visas, además de esa cantidad de dinero”, explica Camilo Urbina, jefe de equipo proyecto Regional ECHO II de Ayuda en Acción Ecuador.
Con motivo de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció un nuevo proceso de regularización
A pesar de todo, la presión migratoria en la región y de la comunidad internacional está haciendo que las cosas mejoren para los venezolanos en el exilio. El Gobierno colombiano se propone regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en su territorio mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años. Esta medida del Ejecutivo de Iván Duque ha provocado un efecto dominó en los demás países, también en Ecuador. El pasado 17 de junio, con motivo de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos celebrada en Canadá, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció un nuevo proceso de regularización: “Para ser una política efectiva, duradera y permanente, deberá complementarse con estrategias de integración económica para el acceso al mercado laboral. El acceso universal a las vacunas con base en la cooperación y solidaridad es un imperativo”, sentenció.
Pero mientras llega esta nueva regularización, muchas personas siguen sin trabajo o apenas han conseguido alguno precario. Son las doce del mediodía de un sábado y el mercado central de Atuntaqui, una localidad de 10.000 habitantes de la región de Imbabura, al norte de Ecuador, bulle con el trajín de los puestos de fruta, verdura, de carne y pescado y comida tradicional. En uno de estos restaurantes se afana limpiando, fregona en mano, Gloani Berrios. Esta venezolana llegó al país en mayo de 2020, dos meses después de que la pandemia estallara, con sus dos hijas de 21 y 20 años y una niña de tres. “Tuvimos suerte porque la gente le regalaba a uno comida porque no había nada”, explica Berrios junto a Evelyn Ordóñez, otra compatriota, que como ella escapó de Venezuela con sus dos hijos. Ambas viven en el mismo lugar, junto a otra familia, para poder pagar la renta de la casa. “Nada más llegar aquí comíamos dos veces al día, con suerte”, añade la joven.
Gloani y Evelyn son beneficiarias del programa regional de migraciones que, junto a varias organizaciones de la red Alliance2015, ha implementado Ayuda en Acción en Ecuador. Con los cinco dólares (4 euros) que ganan a diario no les alcanza para sobrevivir. Ayuda en Acción les ha prestado una cantidad a través de unas tarjetas alimentarias por las que pueden abastecerse en unos grandes supermercados de los productos básicos. “Al igual que ellas, recibimos muchas llamadas diarias de personas que se han quedado sin trabajo y necesitan apoyo para comer y emprender su propio negocio”, dice Camilo Urbina, jefe de equipo proyecto Regional ECHO II de Ayuda en Acción Ecuador.
Además de dinero para la compra de alimentos y asesoramiento jurídico, este proyecto en Ecuador ha ofrecido apoyo psicológico a más de 3.000 personas a través de un servicio telefónico de asistencia. “Lo que nosotros hacemos es informar para poder calmar. El miedo y el desconocimiento de la población migrante de si pueden ejercer o no sus derechos ya existía antes, pero la pandemia los ha exacerbado”, explica Ana Marcela Mullo, psicóloga y consultora del proyecto de atención psicológica de Ayuda en Acción Ecuador.
Un miedo que también se refleja en Samuel y María —nombres ficticios—, una pareja de refugiados venezolanos que huyeron de su país por motivos políticos y hace dos años llegaron caminando a Quito con sus cuatro hijos. En la capital ecuatoriana se ganan la vida vendiendo empanadas y arreglando bicicletas. “Nos tratan como si fuéramos vendedores de droga”, explica Samuel a las puertas de su taller de bicis, mientras cuenta cómo la policía trató de requisarle el carrito que usan para vender comida. Acumula cinco multas de 400 dólares en los últimos meses.
“Hay días que llueve desde la mañana y no se vende nada de comida ¿Por qué nos tratan mal? Enseguida sale la multa”, lamenta María, que explica cómo a su hijo mayor le dieron trabajo por tres meses como guardia de seguridad, lo despidieron sin motivo alguno y nunca le pagaron su sueldo. “Si al menos nos dieran trabajo y nos pagasen lo trabajado”, añade la mujer, visiblemente dolida. “Recién llegado, cuando aún no tenía visa, trabajé en la construcción seis meses y me pagaron dos, trabajando seis días a la semana por 35 dólares (29 euros)”, añade Samuel, que asegura se ven apurados cada mes para pagar una renta de 135 dólares (113 euros).
Más que volver, le diría que nunca me hubiera gustado salir
JHOAN MARTÍN MACHADO, REFUGIADO VENEZOLANO
Una renta que para Jhoan Martín y su familia es de 250 dólares (210 euros), más las facturas de luz y agua. El taller improvisado de bicicletas de Samuel queda enfrente de su casa y allí es donde muchas mañanas y tardes pasa su tiempo el joven venezolano, tratando de ganar algo de dinero para sacar adelante a sus hijas. También él y su esposa, como Samuel y María, se dedicaron a vender empanadas en sus inicios en Ecuador. Ahora ella tiene un trabajo en el departamento administrativo de una clínica privada y ha conseguido una visa permanente. Jhoan Martín sigue alternando trabajos temporales como pintor, reparando bicicletas, y en el equipo de mantenimiento de un edificio, mientras tramita la cédula —el documento nacional de identidad del país—, requisito que le han impuesto en este último empleo para poder pagarle el mes y medio que lleva trabajando allá y quizás, conseguir un contrato indefinido.
Mientras que ese tiempo llega, Jhoan Martín sale las mañanas de los sábados a jugar a pelota con sus hijas al parque cercano de su casa y extraña a su familia, con la que habla cada semana por teléfono. “¿Le gustaría volver a Venezuela?”. Una pregunta a la que Jhoan Martín tiene una respuesta muy clara: “Uy, más bien diría que nunca me hubiera gustado salir”.
