La propuesta de reforma del Poder Judicial del régimen de Maduro, la sexta en estos veintidós años de dictadura, carece de características fundamentales de un Poder judicial al servicio del Estado de Derecho, como lo son el ser independiente y autónomo, tal como lo expresa la doctora especialista en Derecho Constitucional Marie Picard de Orsini.
Así lo manifestó el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios, al referirse a la pretendida implementación por parte del régimen de una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello.
“Cada 3 años y medio, aproximadamente, se ha realizado una reforma judicial y cada una, tras otra, ha sido un fracaso institucional, pero con intenciones totalitarias para controlarlo y ponerlo al servicio de los intereses políticos del régimen, sin importar si administran justicia o no”.
Considera que de esta pretendida Reforma del Poder Judicial no se puede esperar, sino que se convierta en un golpe de estado para la democracia, porque de su coordinador Diosdado Cabello no se puede esperar nada que guarde relación con libertad y democracia.
“Este señor ha demostrado como manipula el Poder Judicial para violar los derechos humanos y si no lo quieren creer allí están las decisiones del TSJ que lo han favorecido en los antejuicios de mérito en su contra o el juicio contra el diario El Nacional”.
En este sentido sostuvo que, desde los factores democráticos, a través del Plan País y la Comisión de Reforma Institucional, presidida por el diputado Omar Barboza, se ha planteado como líneas gruesas la independencia y transparencia judicial, el acceso a la justicia y la gestión judicial como principios rectores de cualquier reforma de este poder.
“Desde la Fracción Parlamentaria de Un Nuevo Tiempo UNT apoyamos este proyecto de acuerdo en rechazo a esta nueva payasada del régimen de Nicolás Maduro de pretender una reforma judicial y penitenciaria bajo la coordinación de los ciudadanos Cilia Flores y Diosdado Cabello”, manifestó el parlamentario larense.
Recordó que desde 1999 se iniciaron propuestas de reforma del Poder Judicial, lo cual se redujo en su primera y segunda racia a castigar y expulsar a aquellos jueces que fueron designados por concurso, que actuaban con honestidad y apego al Derecho, pero que le eran incómodos para las pretensiones hegemónicas y totalitarias del régimen.
“Hoy los resultados los tenemos a la vista: un Poder Judicial corrupto encabezado por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en donde los jueces, fiscales y defensores públicos, con excepciones, están inmersos en este grave daño a los demandantes de justicia. Es así como desde boletas de traslado, hasta una revisión de medida, tienen un cobro en dólares y no se diga de admisión de demandas, medidas cautelares y hasta sentencias, lo cual es vox populi, por lo cual hay que pagar cantidades en divisas dependiendo de la cuantía o la importancia del asunto”.
Afirmó que un noventa por ciento de los jueces son provisorios, lo cual atenta contra la autonomía e independencia de ese poder y además con funcionarios mal preparados y sin probidad, donde la influencia política prevalece para su designación y actuación en niveles nunca antes vistos.
Sostuvo que, en cuanto al régimen penitenciario, según el Observatorio Nacional de Prisiones, el promedio nacional de hacinamiento es de casi 145 por ciento, lo cual significa que las cárceles y centros penitenciarios de Venezuela están abarrotados, en franco deterioro.
Los detenidos y condenados no tienen derecho a la observancia de disposiciones constitucionales como son el debido proceso y acceso a la justicia. Las cifras son alarmantes en el sentido de que hay detenidos que esperan por juicio hasta tres años y ciudadanos condenados que han cumplido la pena y no los han puesto en libertad”.
Indicó que esta situación del funcionamiento del sistema penitenciario esta Asamblea Nacional ha denunciado en forma permanente y ha sido constatado por la oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, quien en el último informe de actualización presentado el 5 de julio de este año, señaló que en Venezuela se continúan violando en forma flagrante los derechos humanos de los ciudadanos.
“Se ha constatado la detención de personas sin mediar orden judicial o haber sido sorprendido en flagrante. Irrespeto a las órdenes judiciales de libertad por parte de las autoridades penitenciarias, lo cual en vez de ser rechazado por los jueces es aceptada vergonzosamente por la autoridad judicial y el hacinamiento en cárceles y retenes policiales que llegan a 22.500 detenidos preventivamente, lo cual triplica la capacidad de esos sitios de reclusión”, precisó el diputado Palacios.
Destacó así mismo la expresión del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que calificó de lapidaria: “desafíos estructurales previamente identificados por el ACNUDH continuaron minando la independencia del poder judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo” es decir, en Venezuela no hay Estado de Derecho.
Por último, hizo referencia de una frase del Doctor Eduardo Casonava, prologuista del libro los juristas del horror, para ilustrar cómo se maneja el sistema de justicia venezolano: “Que nunca más la justicia se politice y se coloque en situación de servilismo frente a un poder ejecutivo intransigente y antidemocrático. No hay justificación alguna para que en nombre de una revolución se le haga tanto daño a pueblo alguno”.
NOTA DE PRENSA
