La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela continúa vigente.
En el informe, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH) ratificó que continúa recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
“La Oficina recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe publicado este jueves.
La ACNUDH documentó nuevos casos en los que las personas sometidas a desapariciones forzadas son sometidas a estar incomunicadas y las autoridades se han negado a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dijo el organismo.
Además, advirtieron que entre los desaparecidos, de los cuales se desconoce su paradero, se encuentra el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018 y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
Violencia sexual en cárceles de mujeres
El informe relató que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, denunciando que la mayoría de las instalaciones no están aptas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas se encuentran vigiladas por hombres.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.
La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.
La denuncia se sustenta el uso rutinario y abusivo de la detención preventiva, sin que se presente medidas alternativas a la detención, siendo empeorando por el contexto de la pandemia del Covid-19, donde Venezuela cuenta con un sistema de salud deficiente y la mayoría poblacional vive en pobreza extrema.
“La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados”, expresó.
“En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, dice el informe.
Elecciones regionales
Sobre los próximos comicios que se llevarán acabo el próximo noviembre, la ACNUDH reveló que el régimen induce a su población al voto, tanto antes del proceso electoral como en su transcurso. Se destaca el secuestro o robo de las organizaciones políticas democráticas y la usurpación de sus legítimas directivas, así como la violación al derecho al voto directo de los pueblos indígenas, el derecho al voto libre y justo.
“Las autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. Se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban”, manifestó.
En este sentido, Bachelet exhortó a que se priorice una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, así como que se “garantice que los espacios para la participación de la sociedad civil”, así como también hizo énfasis en que se “garantice que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes”.
Aumenta la persecución
El informe destacó el incremento de la persecución y el acoso contra miembros y diputados de la legítima Asamblea Nacional, además de la elaboración o modificación de instrumentos legales, con el fin de adecuarlos a los fines de la persecución por razones políticas.
Además, reafirmó que se viola la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de manifestaciones pacíficas, de opinión y expresión, entre otras.
CCN
